Avances legales, retos reales: la protección de las infancias en Sonora

En Sonora, casi 6 mil menores vivían en matrimonio infantil o en condiciones de cohabitación forzada en 2020. La mayoría eran niñas. Detrás de estas cifras hay historias de vulneración de derechos, abandono escolar y riesgos para su desarrollo integral.

De acuerdo con el último reporte del INEGI, en la entidad 5 mil 935 menores se encontraban en estas condiciones: 75% eran niñas y 25% niños. Una situación que afecta su desarrollo educativo, emocional y social.

Ante este panorama, en los últimos años se han impulsado acciones legislativas para erradicar estas prácticas, prohibir la cohabitación forzada y elevar la edad de consentimiento sexual de 12 a 16 años, como parte de una estrategia para proteger a las infancias.

Michelle Lucero, presidenta de la fundación Nueva Generación Sonora, explicó que el avance ha sido paulatino dentro de la agenda pública:

“Tienen que considerarse y poco a poco se va avanzando en esta agenda temática, aquí en Sonora, analizamos los últimos 8 años de las últimas dos legislaturas y la actual y encontramos que en total, se han presentado 2063 iniciativas en general”.

De ese total, 78 iniciativas han estado dirigidas específicamente a las infancias, lo que representa una proporción limitada frente a la magnitud del problema. En la actual legislatura, el 6% de las propuestas se enfocan en este tema.

Actualmente, tres iniciativas se encuentran en discusión en el Congreso local: el aumento de la edad de consentimiento sexual, la prohibición del matrimonio infantil y la prohibición de la cohabitación forzada en menores de edad.

En este contexto, organizaciones civiles han acompañado el proceso legislativo para fortalecer el marco de protección. El director de la organización Enigualdad, Iván Andrade Rembau, señaló que estas propuestas buscan atender una problemática que muchas veces permanece invisible.

El activista advirtió que los casos de abuso sexual infantil no cuentan con estadísticas precisas, ya que en muchos casos los agresores son familiares, lo que dificulta la denuncia. Por ello, dijo, es necesario elevar la edad de consentimiento sexual para que las y los menores cuenten con mayor información y herramientas para identificar la violencia.

“En esta iniciativa, nosotros lo que hicimos fue tomarla de referencia y estábamos trabajando de manera paralela, se presenta la iniciativa por parte del Congreso y lo que hicimos como organizaciones civiles fue tomar esta coyuntura y sobre esa iniciativa y trabajarla.”

Aunque se han registrado avances en la construcción de un marco legal para la protección de niñas, niños y adolescentes, aún existen pendientes en el andamiaje jurídico y, sobre todo, en su aplicación efectiva.

La luchadora social Eufrosina Cruz denunció que, en muchos casos, niñas de comunidades indígenas son obligadas a vivir con hombres mayores bajo el argumento de “usos y costumbres”, lo que implica violencia y vulneración de sus derechos.

Este tipo de situaciones, señaló, se presenta principalmente en comunidades indígenas con mayor extensión territorial, como las de los pueblos mayo y yaqui.

“Por ejemplo la pornografía infantil no tiene más de 5 años, la trata menos de 3 años, entonces por eso lo que estamos buscando también es, que cada uno de los delitos sean tipicados y sancionados, como la cohabitación forzada y que sean aplicados con la diferenciación de delitos”.

A pesar de los avances, especialistas coinciden en que la erradicación del matrimonio infantil y la cohabitación forzada no depende únicamente de la ley, sino también de cambios culturales y del acceso a información para niñas, niños y sus familias.

Tomado de http://radiosonora.com.mx/feed