La violencia en Colombia ha aumentado de manera alarmante desde el año pasado, con huelgas armadas del Ejército de Liberación Nacional, ataques con drones y enfrentamientos con disidentes de las FARC. A medida que se acercan las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo, el presidente Gustavo Petro se ve obligado a intensificar su estrategia de seguridad.
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Este año, el número de víctimas ha ido en aumento, al igual que las repercusiones políticas, sociales y económicas. Durante este período electoral, diversas formas de violencia se entrelazan en Colombia.
En primer lugar, se encuentra la violencia «estructural», que surge de las actividades de organizaciones criminales, especialmente el narcotráfico. A esta violencia persistente se suma la que está directamente relacionada con el proceso electoral. El año pasado, se registraron 18 homicidios y 126 ataques y amenazas dirigidos a políticos.
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120,000 policías desplegados
«El segundo aspecto es cómo los grupos armados ejercen violencia para influir en las elecciones, buscando controlar qué candidatos pueden presentarse», explica Francisco Daza, investigador y coordinador especializado en paz y derechos humanos de la fundación PARES.
«Con la política de ‘paz total’, este año, varios grupos armados han declarado que respetarán las elecciones y permitirán que los ciudadanos voten. Sin embargo, estos anuncios dependen de los acuerdos con el Gobierno y de las negociaciones en curso con cada grupo armado», añade el investigador.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha proclamado un alto el fuego durante las elecciones. Más de 120,000 policías serán movilizados para garantizar la seguridad en 81 ciudades. Además, por primera vez, se cerrarán las fronteras terrestres y fluviales entre Colombia y sus países vecinos.
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Tomado de https://www.rfi.fr/
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