ASF investiga operaciones por 3 mil 790 millones de pesos con organismos electorales locales

(02 DE NOVIEMBRE, 2026).-La investigación de oficio abarca al INE, los OPLES, dos grupos empresariales y posibles vínculos con funcionarios. La Auditoría detectó subcontrataciones entre compañías relacionadas, proveedores cuestionados y empresas que facturan cientos de millones de pesos sin contar con personal suficiente.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) inició una investigación de oficio por presuntas irregularidades relacionadas con el Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y empresas proveedoras de servicios para las autoridades electorales.

La pesquisa también comprende a personas servidoras públicas y compañías que pudieran estar involucradas en las operaciones bajo análisis, informó el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, durante la presentación de la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, ante la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con los análisis de la Auditoría, dos grupos empresariales concentraron operaciones por 8 mil 870 millones 300 mil pesos con distintas entidades públicas entre 2014 y 2026. De ese monto, 3 mil 790 millones 300 mil pesos correspondieron a organismos electorales locales.

Hernández Palacios explicó que la institución realiza requerimientos de información para rastrear el origen de las operaciones y reconstruir las actividades de estos grupos empresariales desde los primeros años en que comenzaron a contratar con organismos electorales.

El objetivo, señaló, es esclarecer las posibles irregularidades y combatir prácticas de corrupción que afectan los recursos destinados a las funciones electorales.

Entre las anomalías identificadas, el auditor señaló que proveedores de una de las empresas investigadas realizaron operaciones por 21 millones 300 mil pesos con compañías dedicadas al timbrado de facturas, cuyas certificaciones fueron revocadas por trabajar con empresas señaladas como factureras.

También informó que otra de las compañías analizadas se encuentra suspendida del padrón de importadores.

La ASF identificó, además, operaciones entre sociedades pertenecientes a los mismos grupos empresariales. Según explicó Hernández Palacios, una empresa obtiene un contrato mediante una licitación y posteriormente subcontrata a otra compañía que también participó en el mismo concurso, pese a formar parte del mismo grupo.

A estas prácticas se suman registros laborales reducidos o inexistentes. El auditor señaló que algunas empresas que facturan cientos de millones de pesos cuentan con menos de cinco trabajadores y que, en ciertos casos, no tienen personal registrado.

Otra línea de investigación se relaciona con posibles barreras a la competencia que habrían favorecido la adjudicación de contratos. De acuerdo con el titular de la ASF, estas prácticas pueden alterar los precios y las condiciones de contratación, en perjuicio del patrimonio público.

Los análisis de inteligencia también permitieron identificar redes de vínculos entre los dos grupos empresariales y funcionarios, así como conexiones entre personas servidoras públicas y distintas compañías.

Hernández Palacios aseguró que las investigaciones se desarrollarán con independencia, objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso. Precisó que la responsabilidad de la ASF es esclarecer los hechos, preservar las pruebas y promover las acciones legales correspondientes cuando existan elementos para ello.

Durante su intervención, también destacó un cambio en los métodos de fiscalización de la institución: explicó que la ASF ha pasado de realizar pequeños muestreos a implementar auditorías integrales que, según dijo, permiten revisar el 100 por ciento del gasto público. Este esquema incorpora herramientas de inteligencia de datos y nuevas facultades legales para ampliar la capacidad de detección y respuesta ante posibles actos de corrupción.

El auditor sostuvo que los resultados de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2025 reflejan una nueva forma de ejercer la fiscalización superior y afirmó que la institución actuará sin distinciones, privilegios ni encubrimientos.