ASF investiga al INE por 66.5 millones en irregularidades y pagos a fallecidos

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) abrió una investigación de oficio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE) por probables daños al erario por más de 66.5 millones de pesos que le fueron observados desde el año pasado y no logró solventar, además de diversas irregularidades que incluyen pagos a personas fallecidas, contratos con empresas fantasma o de reciente creación y contratos otorgados a funcionarios públicos en activo.

La indagatoria revela casos graves de conflictos de interés, toda vez que se detectó que 57 personas físicas obtuvieron contratos del INE al mismo tiempo que ejercían como funcionarios públicos activos.

La ASF analiza si durante la presentación del informe, el 20 de febrero de 2027, hará o no públicos los nombres de dichos funcionarios, ya que pueden formar parte de una denuncia penal en caso de que las pruebas lleven a interponerla.

Si bien la nueva indagatoria de oficio se anunció este jueves, la autoridad electoral ya estaba en el ojo del máximo órgano fiscalizador desde el 5 de junio de 2026, cuando la Auditoría Superior comenzó con la revisión total de los recursos recibidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), una cifra que ronda los 30 mil millones de pesos.

Entre los hallazgos de la auditoría que se hará pública en febrero de 2027, y a la que tuvo acceso EL UNIVERSAL, destacan contratos con empresas fantasma o de reciente creación.

La ASF detectó que con el presupuesto de 2025, el INE otorgó más de 21 millones de pesos en contratos a 10 empresas que tenían menos de un año de haber sido constituidas.

De igual forma, se descubrió que 131 proveedores de Instituto Nacional Electoral omitieron publicar sus opiniones de cumplimiento ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y, pese a ello, se les continuó dando contratos.

Otro de los hallazgos calificados como graves es la identificación de pagos post mortem, debido a que el instituto mantuvo en su nómina y realizó pagos económicos a 18 trabajadores que ya habían fallecido.

Además, se identificaron empresas que participan siempre en conjunto o en bloque y recibieron contratos en diversos Organismos Públicos Electorales (OPLE).

A la investigación se suman las observaciones por 66.5 millones de pesos realizadas al INE el año pasado, debido a que no fueron solventadas.

Destaca un contrato por 63 millones 241 mil 392.14 pesos que el INE otorgó a la empresa Comercializadora JVLY, S.A. de C.V. para otorgar el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para el Proceso Electoral 2023-2024. La autoridad electoral no logró acreditar la documentación que comprueba la prestación de este servicio por parte de la mencionada empresa.

Otras partidas pendientes de aclarar incluyen un millón 70 mil 928.52 pesos vinculados a la impresión de materiales didácticos para la elección de cargos del Poder Judicial y 2 millones 250 mil 680 pesos por la prestación del servicio integral para arrendar el parque vehicular.

La investigación de oficio no sólo va dirigida al INE, sino también a Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), funcionarios, compañías y proveedores relacionadas con dicho instituto.

Se da en medio de diversas publicaciones por parte de medios de comunicación, como EL UNIVERSAL, con respecto de presuntas irregularidades en contrataciones.

A través de un comunicado oficial, el máximo órgano de fiscalización del país confirmó que, “ante los hechos recientemente divulgados relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE), informa: Se ha dado inicio a una investigación de oficio respecto al uso indebido de recursos públicos”.

La Auditoría Superior de la Federación explicó que “ya se cuenta con elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos”.

El órgano fiscalizador, a cargo de Aureliano Hernández Palacios Cardel, detalló que en virtud de lo anterior, “y derivado de las nuevas facultades otorgadas a la ASF en materia de investigación y, toda vez que ya se cuenta con elementos e indicios suficientes: Este órgano superior de fiscalización investigará lo señalado con absoluta independencia, objetividad y rigor técnico”.

Entre las investigaciones que han sido publicadas, destaca la de El Gran Diario de México, en la que se dio a conocer que Lourdes Piña Soria del Valle, quien se presenta como asesora y “mano derecha” de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, es madre de una proveedora del INE.

Su hija, la presentadora de televisión Itzel Sandino Piña Soria, es la administradora única de la empresa Promotora de Noticias Exactas, S.A. de C.V., que, a partir de este año aparece como proveedora del máximo órgano electoral.

Piña Soria no aparece en la nómina del INE ni como trabajadora externa o por honorarios; sin embargo, “tiene derecho de picaporte en todas las instalaciones del instituto”, relataron a EL UNIVERSAL diversos trabajadores.

Acorde con la indagatoria, en este entramado hay un tercer personaje que se llama Gilberto Solís Mendívil, quien obtuvo —a finales de 2025, como persona física— un contrato de más de un millón de pesos con el INE para realizar una miniserie documental sobre la jornada de la elección judicial, pero también funge como “comisario” de la empresa Promotora de Noticias Exactas, según el acta constitutiva, cuya copia posee este diario.

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