Ahora sí empieza la transición en Venezuela

Durante nueve meses, el futuro de Venezuela se ha discutido en despachos de Caracas y Washington, entre negociaciones sobre la industria petrolera, garantías para quienes todavía ejercen el poder y consideraciones sobre la estabilidad regional. Pero este domingo, mientras multitudes de venezolanos salían a recibir a María Corina Machado, quedó de manifiesto algo que aquellas negociaciones no habían conseguido producir: esperanza.

Las imágenes de las multitudes congregadas en su recorrido de Barquisimeto a Caracas, de quienes descendían desde La Guaira para recibirla y de miles de teléfonos celulares iluminando la noche fueron más que una demostración de popularidad. Después de años de promesas incumplidas, negociaciones frustradas y expectativas de cambio que terminaron desvaneciéndose, los venezolanos volvían a las calles convencidos de que la libertad podía estar finalmente a su alcance. No estaban simplemente recibiendo a una dirigente política. Estaban reclamando su lugar en la definición del futuro del país.

Durante meses se había discutido si la oposición venezolana conservaba la capacidad de movilizar multitudes comparables a las que acompañaron la campaña presidencial de 2024. La represión, el exilio y una sucesión de expectativas frustradas alimentaron la percepción de que la sociedad estaba demasiado agotada para volver a salir a las calles. Las imágenes de este domingo ofrecen una respuesta difícil de ignorar. La capacidad de convocatoria de la oposición, tantas veces puesta en duda, volvió a manifestarse. Y con ella, la posibilidad de que la presión popular altere los cálculos de quienes administran la transición.

La importancia de esa demostración trasciende la popularidad personal de Machado. Una oposición que conserva respaldo electoral pero no consigue traducirlo en participación pública, negocia en condiciones muy distintas a las de una oposición capaz de mover multitudes.

Desde la salida de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump se ha aproximado de manera pragmática al problema venezolano. La continuidad de buena parte del aparato estatal bajo el mando de Delcy Rodríguez, la preservación de las fuerzas armadas y el establecimiento de mecanismos de cooperación económica responden a una lógica: evitar que el colapso del régimen se convierta también en el colapso del Estado.

Las experiencias de Iraq y Libia ofrecen razones suficientes para tomarse en serio ese riesgo. Pero la estabilidad necesaria para hacer posible una transición democrática no debe usarse como argumento para aplazarla indefinidamente.

Un país puede aumentar su producción petrolera, atraer inversiones extranjeras y normalizar sus relaciones internacionales sin que sus ciudadanos recuperen la capacidad de elegir a sus gobernantes. La prosperidad económica puede ser una consecuencia deseable de la transición, pero nunca fue su razón de ser.

La transición impulsada por Washington ha dedicado mucha atención a las condiciones materiales de la prosperidad y relativamente poca al derecho de los venezolanos a decidir cómo quieren vivir. Los millones de ciudadanos que votaron por Edmundo González Urrutia en julio de 2024 no lo hicieron para conseguir mejores tratos para las empresas petroleras estadounidenses ni para facilitar la normalización diplomática del chavismo. Votaron para poner fin a un sistema político que durante más de un cuarto de siglo les ha arrebatado la posibilidad de decidir su propio destino.

Las transiciones democráticas rara vez ocurren en condiciones ideales. Requieren acuerdos entre actores con intereses contradictorios, concesiones difíciles de justificar y garantías para quienes todavía conservan el poder. La experiencia polaca de 1989 ofrece un ejemplo ilustrativo. Los acuerdos de la Mesa Redonda reservaron a los comunistas y sus aliados el 65% de los escaños de la cámara baja, mientras el partido Solidaridad solamente podía competir por el 35% restante. La Unión Soviética todavía existía y el muro de Berlín seguía en pie. Aquellas concesiones respondían a las limitaciones políticas del momento.

Pero las elecciones de junio de aquel año transformaron radicalmente su significado. Solidaridad conquistó prácticamente todos los escaños que podía disputar y demostró que el régimen había perdido la legitimidad popular necesaria para continuar gobernando. La sociedad polaca convirtió una apertura cuidadosamente negociada en una transformación política profunda.

Los acuerdos entre élites pueden resultar indispensables. Pero su éxito depende también de que la sociedad encuentre en ellos una oportunidad para recuperar sus derechos y esté dispuesta a defenderlos.

En Venezuela, esa dimensión había quedado relegada. No solo el chavismo tiene razones para prolongar la transición: algunos sectores opositores pueden encontrar en las negociaciones oportunidades de representación que difícilmente conseguirían en elecciones abiertas.

Para Washington, la continuidad de un arreglo que garantiza estabilidad y cooperación energética puede resultar preferible a la incertidumbre de una transformación política acelerada. Ninguno de estos cálculos requiere una conspiración contra la democracia.

Basta con que cada actor persiga sus propios intereses para que el resultado colectivo termine alejándose del objetivo que supuestamente comparten.

El regreso de Machado introduce una variable que ninguno de esos actores puede controlar completamente: la movilización popular. Su presencia puede contribuir a legitimar acuerdos que, de otra manera, correrían el riesgo de parecer una repartición del poder entre las élites. Y también puede elevar el costo político de incumplirlos y presionar para que las concesiones realizadas durante la transición conduzcan finalmente a elecciones libres.

Hay una diferencia fundamental entre una sociedad que acepta resignadamente los términos de una transición y otra que siente que participa en ella. La esperanza no es simplemente un sentimiento colectivo. Es una fuerza política que modifica las expectativas sobre lo que resulta posible, reduce el conformismo ante el orden existente y aumenta la disposición a participar en la vida pública. Después de tantos años en los que el cambio parecía una promesa permanentemente aplazada, los venezolanos vuelven a comportarse como si tuvieran la posibilidad de decidir su futuro.

Esto también supone una responsabilidad para Machado. La legitimidad popular no sustituye a las instituciones, y las multitudes no resuelven automáticamente los problemas de seguridad, representación y organización electoral. Su desafío consiste en transformar el entusiasmo de su regreso en una presión política sostenida, capaz de conseguir compromisos concretos sin destruir los mecanismos de diálogo que hacen posible la transición.

Esta es, quizá, la principal paradoja del momento venezolano. Quienes negocian la transición pueden necesitar la legitimidad popular de Machado para consolidar sus acuerdos, pero incorporarla plenamente al proceso significa aceptar que ya no podrán controlar exclusivamente sus términos ni sus tiempos. La sociedad puede legitimar las concesiones necesarias para alcanzar la democracia, pero también puede negarse a aceptar que esas concesiones se conviertan en un arreglo permanente.

Después de una larga y tenebrosa noche, la libertad parece nuevamente al alcance de los venezolanos. Sería prematuro confundir la esperanza con la victoria, pero quizá esa esperanza permita convertir una sucesión de acuerdos entre quienes ejercen el poder en una verdadera transición democrática: una que devuelve a los ciudadanos la capacidad de decidir su propio destino. En ese sentido, nueve meses después de la salida de Maduro, comienza, ahora sí, la transición en Venezuela. ~