El flujo migratorio en la frontera sur de México está controlado, aunque persiste la influencia de los cárteles.

**CIUDAD HIDALGO, México** — Muchos migrantes que ingresan a México cruzando el río Suchiate desde Guatemala encuentran su primer refugio en un gran cuarto enrejado conocido como “el gallinero” o “la gallera”. Allí, permanecen secuestrados hasta que logran pagar un cártel por el derecho de paso. Una vez que realizan el pago, les marcan el brazo con un sello que les permite continuar su camino en México.

A pesar de que la **llegada de migrantes a la frontera de Estados Unidos ha disminuido** a niveles no vistos desde agosto de 2020, en medio de la pandemia, el flujo de extranjeros hacia México continúa, especialmente con las elecciones en el horizonte, donde la inmigración es un tema central.

La administración de Joe Biden sostiene que esta reducción es resultado de la expansión de vías legales para migrar y de los esfuerzos del gobierno mexicano para controlar el flujo migratorio. Sin embargo, el verdadero control de la frontera sur de México está en manos de los cárteles, no de los pocos agentes federales o de la Guardia Nacional presentes en la región.

Muchos migrantes pagan al menos 100 dólares para evitar el secuestro al llegar a México. Desde enero hasta agosto de este año, más de 150,000 extranjeros fueron interceptados por el Instituto Nacional de Migración (INM) en esta área, lo que representa solo una parte visible de las llegadas.

Seis familias de diferentes nacionalidades compartieron con The Associated Press sus experiencias sobre cómo opera la delincuencia en esta región. Un funcionario federal confirmó el modus operandi, pero todos los entrevistados pidieron el anonimato por temor a represalias.

De enero a agosto, los agentes de inmigración mexicanos interceptaron a 925,000 migrantes en situación irregular en todo el país, una cifra que supera con creces el total anual del año anterior y es tres veces mayor que la registrada en 2021. Sin embargo, solo 16,500 han sido deportados, una fracción en comparación con años anteriores.

El río Suchiate, que hace seis años fue el punto de cruce para miles de migrantes en caravanas, ahora está controlado por cárteles que deciden quién puede cruzar. “Son ellos los que determinan quién pasa y quién no”, afirma el padre Heyman Vázquez, párroco en Ciudad Hidalgo. “Llevan grandes cantidades de migrantes a la vista de las autoridades”.

La situación ha empeorado en Chiapas, donde la violencia, incluidos asesinatos y desapariciones, ha aumentado desde que el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación intensificaron su lucha por el control de los tráficos ilegales, siendo el de migrantes uno de los más lucrativos.

Las organizaciones civiles se sienten cada vez más intimidadas. Este mes, un sacerdote defensor de derechos humanos fue asesinado tras denunciar la impunidad de la delincuencia. En ocasiones, los cárteles impiden que los migrantes reciban ayuda humanitaria.

La administración de Andrés Manuel López Obrador minimizó el problema, y aunque la nueva presidenta Claudia Sheinbaum dice estar abordando la situación, las políticas no han cambiado significativamente. Los migrantes son trasladados hacia el sur para desgastarlos y mantenerlos alejados de la frontera estadounidense, lo que a menudo resulta en más secuestros y extorsiones.

El alcalde de Ciudad Hidalgo, Elmer Vázquez, asegura que no ha habido violencia contra los migrantes en su municipio, a pesar de las denuncias de casas de seguridad detectadas por el ejército.

En medio de esta crisis, muchos migrantes, como Jeyson Uqueli de 28 años, se apresuran a obtener permisos de tránsito para viajar al norte antes de las elecciones estadounidenses. Con la incertidumbre sobre el futuro de las políticas migratorias, algunos ya consideran formar caravanas para salir el mismo día de las elecciones.Tomado de https://www.latimes.com/espanol/mexico/