2 de octubre: gas lacrimógeno, Federal Laboratories y la CIA

En 2026, el gas volvió a las calles durante la marcha del 2 de octubre y con él apareció la historia de Federal Laboratories y su presencia en Gaza. En 1968, mientras tanto, la CIA observaba desde México el movimiento estudiantil y los acontecimientos que terminarían en Tlatelolco

Texto: Camilo Ocampo

Fotos: Camilo Ocampo y redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO. – ¡Dos de octubre no se olvida! La consigna vuelve cada año a las calles de la Ciudad de México. Este viernes, 58 años después de la matanza de Tlatelolco, volvió a escucharse desde la Plaza de las Tres Culturas hasta el Zócalo, en una marcha que reunió a unas ocho mil personas y que de nuevo puso en el mismo recorrido la memoria de quienes fueron asesinados en 1968 y las luchas de las nuevas generaciones.

Pero esta vez la policía también estuvo presente desde antes de que comenzara la marcha.

En las inmediaciones del Metro Tlatelolco, elementos de la policía capitalina, muchos con el rostro cubierto por los cascos, pasamontañas y sin identificaciones visibles, se desplegaron alrededor de los contingentes. Hubo golpes, patadas y sometimientos contra jóvenes. Algunos de esos momentos quedaron registrados en videos tomados por vecinos desde los edificios que rodean la zona.

También fueron agredidos periodistas. Iván Ortiz, de El Sol de México, por ejemplo, fue golpeado y despojado de sus pertenencias y de su equipo mientras documentaba lo ocurrido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó posteriormente que Asuntos Internos revisaría las agresiones denunciadas.

La escena ocurría mientras integrantes del Comité 68 hablaban precisamente de la represión ejercida contra los jóvenes en esa época y denunciaban la brutalidad del supuestamente extinto cuerpo de granaderos.

La violencia no detuvo a los contingentes

Esa violencia previa no desmovilizó a los contingentes, que siguieron llegando al histórico punto de encuentro.

La marcha avanzó por Ricardo Flores Magón y tomó Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las arterias más importantes de la ciudad. Ahí la movilización transcurrió durante buena parte del recorrido sin que el enfrentamiento alcanzara la dimensión que tendría más tarde en el Centro Histórico.

Los edificios y algunos establecimientos estaban preparados. Frente a determinados inmuebles fueron colocadas barricadas de acero para impedir que fueran dañados. La policía, mientras tanto, permanecía replegada entre las calles, fuera de la vista inmediata de los manifestantes, preparada para salir en caso de que fuera necesario.

Hubo expropiaciones en algunos comercios. Entre los establecimientos afectados estuvieron tiendas de conveniencia como 3B, pinturas Comex, Oxxos y grandes farmacias. El avance de la marcha, sin embargo, continuó.

La diferencia llegó al Zócalo

Cuando los contingentes entraron a la plaza, un grupo de entre 150 y 200 personas, integrantes del bloque negro, con los rostros cubiertos para evitar su identificación, se concentró frente a las vallas colocadas alrededor de Palacio Nacional.

Intentaron derribarlas, pero no pudieron.

Entonces comenzaron a lanzar bombas Molotov. Algunas llevaban cohetes adheridos para ampliar la combustión al momento de la explosión. Los policías respondieron con extintores mientras el enfrentamiento se concentraba frente al Palacio Nacional.

Y entonces apareció otra cosa en el suelo.

Tres cilindros metálicos plateados quedaron del lado de los manifestantes. Marabunta, la Brigada Humanitaria de Paz que acompaña y documenta movilizaciones, los recogió como evidencia. La organización señaló que se trataba de artefactos utilizados para dispersar gas lacrimógeno.

Los cilindros tenían una característica que permitía reconstruir parte de su historia: una etiqueta roja y la inscripción «Federal Laboratories Inc.», el nombre del fabricante que durante muchos años los produjo, además del número 112 CN que corresponde a cloroacetofenona, un agente químico utilizado como gas lacrimógeno.

No era una inscripción cualquiera.

El nombre de la empresa lleva a un entramado mucho más complejo.

Federal Laboratories, con sede en Saltsburg, Pensilvania, fue durante décadas uno de los principales fabricantes estadunidenses de agentes químicos y equipo para el control de disturbios. Sus productos llegaron a fuerzas de seguridad de distintos países, entre ellas a las fuerzas de ocupación sionistas-israelíes.

Durante la Primera Intifada, el uso de gases lacrimógenos estadunidenses por parte del IDF en Cisjordania y Gaza provocó investigaciones y denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Un informe de la Oficina General de Contabilidad de Estados Unidos —la GAO— publicado el 13 de abril de 1989 examinó precisamente el uso de gas lacrimógeno fabricado en Estados Unidos en los territorios ocupados.

El documento registró que, entre enero de 1987 y diciembre de 1988, el Departamento de Estado había aprobado licencias para exportar a Israel alrededor de 6.6 millones de dólares en armas de gas lacrimógeno, granadas, lanzadores y cartuchos. La respuesta israelí a los levantamientos incluía principalmente gas, producido por TransTechnology Corporation a través de su filial Federal Laboratories.

En los documentos se habla sobre 31 muertes que fueron causadas por gas lacrimógeno. Muchas de las víctimas en Gaza y Cisjordania eran muy jóvenes o personas de la tercera edad, por ejemplo: el 2 de enero de 1987, Maryam Abu ‘Awdallah, una mujer de 82 años del campamento de Jabalya, murió asfixiada por gas en su casa. Una semana antes, una bebé del mismo campamento, Amal ‘Abd al-Wahid, de tan solo dos días de nacida, murió en su cuna después de que le arrojaran una de estas bombas en la casa de sus padres.

La investigación estadunidense revisó las denuncias sobre el uso de estos agentes en lugares cerrados y directamente contra multitudes; organizaciones como Amnistía Internacional expresaron preocupación por un patrón de fallecimientos posteriores a exposiciones a altas concentraciones.

La empresa estadounidense que fabrica estas bombas dejó de producirlas en 1990, debido a que diversos estudios médicos demostraron que el CN posee una toxicidad muy alta en comparación con los estándares modernos. Provoca daños severos en la piel, daño corneal permanente y, en espacios cerrados o dosis altas, riesgo de letalidad por daño pulmonar.

Sin embargo, en México se siguen utilizando, aun cuando este tipo de artefactos tienen una caducidad de 3 o 5 años, y si no se usan pueden generar subproductos más tóxicos.

Casi cuatro décadas después, uno de aquellos nombres aparece impreso sobre cilindros recogidos frente al Palacio Nacional durante una marcha que recuerda el camino que siguen las bombas de gas lacrimógeno.

Y esa historia resulta especialmente incómoda cuando aparece en una marcha que recuerda el uso de la fuerza estatal contra estudiantes.

El gas lleva la historia hacia otro escenario de control y vigilancia. Porque la represión contra una protesta no empieza necesariamente cuando aparecen las armas: antes están la inteligencia, el seguimiento y la construcción del enemigo. Eso también ocurrió en México en 1968.

El 2 de octubre de 1968 no comenzó en Tlatelolco

Mucho antes de que los disparos atravesaran la Plaza de las Tres Culturas, el movimiento estudiantil había sido observado, infiltrado y registrado por los aparatos de seguridad mexicanos y por la inteligencia estadunidense.

Los documentos desclasificados muestran que la CIA seguía de cerca el movimiento estudiantil mexicano. La estación de la agencia en Ciudad de México enviaba informes a Washington sobre dirigentes, profesores considerados radicales, organizaciones universitarias y militantes del Partido Comunista Mexicano. La vigilancia no empezó en octubre: llevaba años desarrollándose.

La agencia también tenía fuentes dentro del gobierno mexicano.

Entre ellas se encontraba Fernando Gutiérrez Barrios, entonces jefe de la Dirección Federal de Seguridad, y Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. A través de esa red, la CIA recibía información sobre movilizaciones, dirigentes, asambleas y divisiones internas del movimiento.

No se trataba solamente de espionaje sobre estudiantes. En las Fuerzas Armadas mexicanas había oficiales cuya formación estaba vinculada con la doctrina anticomunista que dominaba la estrategia de seguridad hemisférica de Estados Unidos durante la Guerra Fría.

Uno de ellos era el general Mario Ballesteros Prieto, jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional entre 1964 y 1969. Había estudiado en la Escuela Superior de Guerra y realizado cursos en Fort Leavenworth, Kansas. Según la reconstrucción publicada a partir de fuentes militares, impulsaba además la asistencia de oficiales mexicanos a la Escuela de las Américas, en Panamá.

Otro era Manuel Díaz Escobar, entonces coronel y posteriormente general. Su trayectoria militar estaba ligada desde décadas atrás a Estados Unidos: había estudiado en instalaciones militares estadunidenses y participado en estructuras de cooperación militar entre ambos países.

Díaz Escobar terminaría construyendo en Ciudad de México una estructura clandestina de grupos de choque. Desde 1966 comenzó a organizar, con autorización del Estado Mayor Presidencial, un grupo que oficialmente tenía funciones de vigilancia, pero que después sería conocido como Los Halcones.

En el propio 2 de octubre, otra estructura militar apareció en Tlatelolco: el Batallón Olimpia, un cuerpo integrado por elementos de distintas instituciones de seguridad y bajo el mando del general Luis Gutiérrez Oropeza. Sus integrantes operaron vestidos de civil y utilizaron guantes blancos como señal de identificación.

Mientras ellos se desplegaban en la plaza, el Ejército avanzó sobre los estudiantes.

En el centro de la estructura militar estaba el secretario de la Defensa Nacional, general Marcelino García Barragán.

Los documentos desclasificados y las investigaciones posteriores han permitido reconstruir la actuación de los distintos cuerpos que participaron aquella noche. También muestran algo fundamental para entender el papel de la CIA: la agencia observaba lo que ocurría, tenía fuentes dentro del aparato estatal mexicano y recibió información sobre la movilización, pero sus propios documentos no demostraron que China, Cuba o la Unión Soviética hubieran organizado el movimiento estudiantil. Después de Tlatelolco, uno de sus análisis concluyó que la crisis tenía principalmente un origen interno mexicano.

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