enero 12, 2022

Vinculan a Samuel García con red de corrupción, despojos y lavado de dinero

El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aparece como denunciado ante diversas instancias federales por su presunta vinculación con una red de corrupción, despojo y falsificación de documentos que abarca a diversas instancias judiciales del estado que encabeza.

El empresario regiomontano Raymundo Ramírez Pompa ya ha presentado las denuncias correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) –ambas dependientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)- y busca que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga su caso.

De acuerdo con el denunciante, el constructor Emilio Tancredi y su familia fabricaron una trama en la que falsifican documentos para ostentarse como dueños de diversos inmuebles, los cuales llevan a juicio ante el Poder Judicial de Nuevo León, instancia que estaría coludida para beneficiarlos.

La primera implicación del mandatario se encontraría en que varios de estos casos han sido asignados a Carlos Mendoza Cano, quien antes de litigarlos se desempeñaba como funcionario en la Fiscalía General del Estado (FGE) y que fue nombrado por el propio García como titular de la UIF nuevoleonesa.

En su caso, Ramírez Pompa señala que los inmuebles que le fueron asegurados de manera ilegal tienen un valor de 500 millones de pesos, además de despojar de otros 500 millones a personas a las que él les vendió otras propiedades. También afirma haber detectado una simulación de venta de una casa entre integrantes de la familia Tancredi, por 3.9 millones de dólares.

De acuerdo con el afectado, el ahora titular de Inteligencia Financiera del estado fue el funcionario que determinó incautar de manera ilegal sus propiedades, pues no contaba con las atribuciones legales para hacerlo y, posteriormente, abandonó su cargo para llevar a juicio las demandas presentadas por sus clientes, con ayuda del Poder Judicial.

Sin embargo, el nombramiento de Mendoza no sería el único vínculo entre Samuel García y esta trama de corrupción, pues una de las empresas involucradas comparte domicilio fiscal con los dos despachos de abogados con los que la familia del gobernante financió ilegalmente su campaña electoral, por lo que el empresario considera que este es una parte fundamental de este esquema.

Dicha situación fue investigada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el cual determinó que el integrante de Movimiento Ciudadano (MC) sí se benefició de esta situación para no reportar gastos de campaña; sin embargo, no lo sancionó con la pérdida de su candidatura, como si se hizo en algunos casos.

El problema para Ramírez Pompa es que los delitos por los que acusa a Mendoza Cano, la familia Tancredi y el gobernador es que son del fuero común, por lo que deben ser investigados por las mismas instancias que están coludidas con ellos. Por eso lleva meses intentando que la FGR atraiga el caso.

Con información de Sin Embargo.

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Tomado de https://www.themexico.news/feed/

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