octubre 10, 2021

Un caso de cáncer de mama que revela lo que está pasando

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Hace un mes trajimos a este espacio el testimonio de Olivia y su esposo Antonio que están en una segunda batalla contra el cáncer de mama metastásico que a ella le regresó -recurrió- en mayo pasado tras años de haber sido dada de alta.

Después de casi 5 meses de haber sido confirmada dicha recurrencia en el Instituto Nacional de Cancerología (InCan), fue en esta última semana de octubre que ella finalmente pudo empezar su tratamiento completo.

¿Y cómo lo consiguieron? No se los dio el Incan ni tampoco el Insabi -que tiene el mandato de garantizar el abasto para cumplir con la promesa de medicamentos gratuitos para todos.

Fue gracias a un doble esfuerzo. En primer lugar fue la misma familia: entre Marco y Olivia han conseguido y desembolsado más de 100,000 pesos para adquirir parte del tratamiento. Por otro lado, un valioso apoyo altruista que recibieron de Fundación Guerreros, la fundación de Sohin, de Juana Ramírez, quien habiendo leído aquí la historia invitó a Olivia a su programa Mundo Salud, de Mundo Ejecutivo. Ahí al escuchar a Olivia comprometida con su salud, decidió proponer el apoyo al consejo directivo de Guerreros. La junta evaluó el caso y aceptaron apoyarla con el pago del tratamiento completo al menos por un mes. Antonio no se detiene y ya anda buscando apoyo para los siguientes meses, pues el tratamiento podría extenderse hasta por un año.

El caso de Olivia es excepcional gracias a que ella y su esposo son imparables, pero desafortunadamente esos apoyos no alcanzan para la gran mayoría. También ilustra claramente cómo el desabasto en instituciones de alta especialidad como el Incan no sólo genera gasto catastrófico para las familias sino que eleva en general los costos al sistema.

Me explico: si el Estado hubiera cubierto el tratamiento a Olivia -como es su compromiso y responsabilidad- hubiera resultado mucho más eficiente. Por ejemplo, Fulvestrant, un fármaco de última generación que recibió Olivia, se vende a un precio comercial sin descuentos de 24,462 pesos la caja para un mes. Su esposo Antonio lo pudo encontrar con un inmejorable descuento de distribuidora en 13,461 pesos. Pero el Gobierno por volumen puede conseguir la misma presentación a 9,488 pesos. Es el costo que obtuvo UNOPS en su negociación conforme datos obtenidos en el Instituto de Acceso a la Información (INAI).

Son diferenciales tan grandes de precio que dejan qué pensar, pero sobretodo llevan a concluir que el esquema de innovación y patentes farmacéuticas definitivamente no funciona sino está basado en compras de volumen, porque las compras particulares por paciente son insostenibles e injustas.

Otro aspecto relevante de esta historia que hemos podido confirmar es que el desabasto de oncológicos fundamentales obedece en principio a compras insuficientes de parte del Insabi. Tenemos información que en la consolidación de demanda que hizo INSABI para la compra UNOPS en 2021, no incluyó las necesidades del Incan para tres medicamentos fundamentales en ciertos subtipos de cáncer de mama: Fulvestrant (de la inglesa Astra Zéneca), Abemaciclib (de la estadunidense Lilly) y Palbociclib (de la estadunidense Pfizer). Es un dato que se pudo confirmar con información obtenida del INAI, y tenemos en nuestro poder los documentos que lo respaldan.

Por lo demás, el volumen que UNOPS/Insabi compró de dichos fármacos para la cobertura en todo el país es tan bajo, que apenas alcanza para decenas de pacientes a tratamiento completo. Lo grave sería que lo poco que hay lo estén escatimando al máximo para estirarlo lo más posible entre mayor número de pacientes reduciendo las dosis al mínimo y, por ende, la capacidad de respuesta del organismo.

Es importante que los médicos del Incan u otros hospitales de alta especialidad ya no sigan prometiendo a sus pacientes que el abasto de estos productos se resolverá porque no es cierto. Los directivos de hospitales deberían dejar claro a sus médicos que no es verdad que llegarán estos tratamientos de alto costo porque la realidad es que no se compraron suficientes y no se ve interés de resolverlo.

Aquí deben considerarse hechos innegables: hay responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, y al no cumplirla están en la línea de la responsabilidad penal; el dejar hacer y dejar pasar implica ser omisos y en las múltiples denuncias detonadas por falta de cobertura, puede implicar responsabilidad legal.

Fundación Guerreros busca conectar pacientes con protocolos

Y hablando de Fundación Guerreros, hay que decir que está haciendo una gran labor apoyando a pacientes que viven con cáncer; ha beneficiado a más de 750 pacientes desde que nació en 2017, con orientación, atención psicológica y nutricional; apoya en particular a un segmento de pacientes doblemente impactadas: mujeres embarazadas con cáncer. Aparte está desarrollando la plataforma “Hope4Life” que servirá para conectar pacientes con los protocolos de investigación que llegan a México, un espacio donde hay enorme área de oportunidad. Aquí es claro el empuje que le ha dado Juana Ramírez, la empresaria apasionada de la salud que ha llevado al estrellato a Sohin como una empresa que ha transformado el modelo de atención de pacientes con enfermedades crónicas degenerativas catastróficas.

Sobre los límites a posesión de cannabis

Ahora resulta que la Suprema Corte se anda desdiciendo y viendo cómo imponer límites a su decisión de eliminar cualquier prohibición en la posesión de mariguana. Según el proyecto al respecto que los ministros discutirían este miércoles, todo parece indicar, quieren limitar que el narcomenudeo se aproveche de las libertades determinadas para garantizar el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El punto aquí, nos dice Janeliy Lòpez, de la organización Mamá Cultiva, es que si ese proyecto se aprueba vuelven a poner dificultades al uso medicinal, específicamente a muchos papás-mamás que recurren al autocultivo para extraer el CBD para el tratamiento de sus hijos. 

Aquí hay varios temas que preocupan, comenta, porque si el proyecto pasa el Poder Judicial no sólo está imponiendo empadronar a través de Cofepris y cuidar la salud pública, sino que afectarán a quienes autogestionan sus propios extractos para uso terapéutico. Ellos necesitan más allá de 5 gramos para obtener un gramo de resina de CBD, y cómo le harán entonces para trasladarlos si les están diciendo otra vez que pueden ir a la cárcel cuando, además, constitucionalmente ya están permitidos los 5 gramos. No hay duda que es un tema complejo y no lo están viendo de fondo, sólo de forma. Lo mejor sería que la Corte ya deje en manos del Legislativo la labor de hacer las leyes respectivas a la legalización de cannabis que es el gran pendiente.

maribel.coronel@eleconomsita.mx

Maribel Ramírez Coronel

Periodista en temas de economía y salud

Salud y Negocios

Comunicadora especializada en salud pública y en industria de la salud. Cursando la maestria en Administración en Sistemas de Salud en FCA de la UNAM.

Fundadora en 2004 de www.Plenilunia.com, concepto sobre salud femenina. Me apasiona investigar y reportar sobre salud, innovación, la industria relacionada a la ciencia, y encontrarle el enfoque de negocios con objetividad a cada tema.

Tomado de https://www.eleconomista.com.mx/

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