La reanudación de los pagos involuntarios de préstamos estudiantiles para prestatarios federales en mora está causando dificultades a muchos estadounidenses que ya luchan financieramente. Esta política destaca un cambio en el Departamento de Educación bajo la administración Trump, de un partidario de la educación accesible y de calidad a una agencia de cobro de deudas.
La Secretaria de Educación Linda McMahon, en un artículo de opinión del Wall Street Journal, enmarcó la reanudación de los cobros como una corrección necesaria de lo que ella calificó como políticas irresponsables de la era Biden. McMahon argumentó que los programas de suspensión de pagos de la administración Biden llevaron a un aumento de la morosidad y la falta de pago, trasladando la carga a los contribuyentes. Anunció el reinicio de los cobros para aproximadamente 1.8 millones de prestatarios, con consecuencias que incluyen la disminución de las puntuaciones crediticias y la posible retención de salarios. La justificación de McMahon se centra en el principio de responsabilidad y la responsabilidad financiera de los prestatarios.
Sin embargo, esta narrativa ignora el contexto crucial. La pausa inicial en los cobros se implementó bajo la administración Trump durante la pandemia de COVID-19. Por lo tanto, la crítica de McMahon a las políticas del presidente Biden es una desviación. Biden hizo campaña a favor del perdón de préstamos estudiantiles y extendió la pausa en los pagos varias veces antes de su vencimiento final en septiembre de 2023. Incluso con un período de gracia posterior de 12 meses, se estima que 9.7 millones de prestatarios se atrasaron en los pagos.
La declaración de McMahon pasa por alto los desafíos económicos más amplios que enfrentan los estadounidenses, exacerbados por las propias políticas económicas de Trump. Muchos ya están luchando para pagar los préstamos, una situación que probablemente empeorará con una economía potencialmente en declive. También se ignora el impacto desproporcionado en los prestatarios negros e hispanos, que ya enfrentan desventajas económicas significativas.
Las acciones de la administración Trump van más allá de los cobros de préstamos. Los despidos significativos de personal en el Departamento de Educación han paralizado, según se informa, sus funciones principales, dejando a los empleados restantes abrumados e incapaces de realizar sus funciones de manera efectiva. Las vacantes en oficinas cruciales que supervisan los derechos civiles, la educación especial y la educación postsecundaria demuestran aún más esta negligencia. La administración también ha amenazado con recortes de fondos a los estados que se oponen a sus iniciativas contra la diversidad, la equidad y la inclusión, e incluso ha entablado acciones legales contra Maine por permitir que las niñas transgénero participen en los deportes escolares.
Estas acciones, junto con el enfoque de McMahon en la recuperación de deudas, revelan un desmantelamiento sistemático de las funciones de apoyo no monetarias del Departamento de Educación. Sus antecedentes empresariales, en lugar de educativos, parecen estar impulsando esta priorización del cobro de deudas sobre el apoyo educativo. El resultado es una agencia cada vez más centrada en recuperar fondos de los prestatarios que luchan por pagar sus préstamos, dejando a muchos preguntándose si el Sueño Americano sigue siendo alcanzable para aquellos que tienen la carga de la deuda estudiantil.
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