Ciudad Victoria, Tamps.- La campaña para exigir justicia contra el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca se trasladó a las plazas públicas, y en el primer día de recolección, dirigentes de Morena reportaron alrededor de 5,800 firmas en módulos instalados en cabeceras distritales y municipios como Matamoros, Nuevo Laredo, Río Bravo, Reynosa, Ciudad Victoria, El Mante, Tampico, Soto la Marina y Xicoténcatl.
La jornada forma parte de una campaña estatal de firmas para pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que revise el juicio de amparo 2477/2022 y el Amparo en Revisión 54/2024, relacionados con la orden de aprehensión girada contra el exmandatario por delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Dirigentes estatales de Morena afirman que el objetivo es que “no quede impune el daño causado” durante uno de los periodos que califican como más lesivos para la vida pública de Tamaulipas. En los módulos, militantes y ciudadanos firman un escrito dirigido a la ministra Lenia Batres Guadarrama, a cuya ponencia fue turnado el caso en la Corte.
De acuerdo con la dirigencia estatal de Morena, las mesas se instalaron de manera simultánea desde el domingo 16 de noviembre en diez municipios y seguirán operando al menos quince días, con la meta de reunir decenas de miles de firmas para entregarlas en la SCJN como exhorto ciudadano.
Rómulo Pérez, presidente del consejo político estatal, informó que en la primera jornada “personas que no sabían que se realizaba el ejercicio se acercaban de forma orgánica” para firmar y pedir que el exgobernador “pague las deudas pendientes con los tamaulipecos”. Aseguró que la participación masiva refleja “el interés de la población por un sistema judicial más efectivo y transparente”.
Por su parte, María Guadalupe Gómez Núñez, dirigente estatal, planteó que el llamado es al “pueblo de Tamaulipas” porque, durante años, el estado habría sufrido abusos, saqueo, corrupción, persecución política, endeudamiento irresponsable y abandono social. Según su versión, mientras el estado enfrentaba violencia y rezago, el exgobernador tejió mecanismos para evadir la justicia con apoyo de una red judicial.
Los organizadores aseguran que la colecta es un “acto de dignidad pública” y sostienen que la causa trasciende las siglas partidistas, pues, dicen, buscan memoria, justicia y reparación frente a quienes, en su opinión, pagaron las consecuencias de las decisiones del sexenio anterior.
De la orden de aprehensión a la Corte
El conflicto judicial que llegó a la Corte empezó en 2021–2022, cuando la Fiscalía General de la República (FGR) acusó a García Cabeza de Vaca de favorecer, desde el gobierno estatal, a empresas con las que tenía vínculos, mediante contratos de obra pública por más de 105 millones de pesos.
El 4 de octubre de 2022, un juez federal con sede en Almoloya de Juárez emitió una orden de aprehensión contra el exgobernador, a partir de una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. El panista promovió un amparo el 11 de octubre de ese año.
En 2023, jueces de distrito le concedieron amparos en distintas etapas y ordenaron dejar sin efecto la orden de captura y dictar una nueva resolución al considerar que no había elementos suficientes para acreditar los delitos. La FGR impugnó y el caso llegó a un tribunal colegiado, que ordenó reponer el procedimiento.
El 8 de octubre de 2025, el Pleno de la SCJN decidió, por mayoría de cinco votos contra cuatro, atraer el Amparo en Revisión 54/2024, con lo que el máximo tribunal deberá definir si se mantiene vigente la orden de aprehensión o si queda sin efecto. La ministra Lenia Batres fue designada para elaborar el proyecto de sentencia.
Mientras tanto, el exgobernador reside en Estados Unidos, país del que también es ciudadano, y enfrenta procesos paralelos, como la discusión sobre alertas migratorias y solicitudes de extradición, en un caso que ha sido descrito como ejemplo de la combinación entre poder político, negocios privados y estructuras judiciales.
“Perseguido político”: Cabeza de Vaca
Frente a la campaña de firmas y las acusaciones penales, García Cabeza de Vaca sostiene que la decisión de la Corte de atraer el caso, responde a que es un “perseguido político” de Morena y del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El panista aseguró que la persecución responde a que no se sometió a lo que llama una política autoritaria y a que habría “destapado” una red de corrupción ligada al “huachicol fiscal”. También reprocha a la FGR el uso de “chicanas procesales” y sostiene que, desde 2023, cuenta con amparos que lo protegen de una orden de captura que califica como ilegal.
La defensa del exgobernador ha difundido comunicados en los que subraya que dos jueces de distrito han concluido que no hay pruebas para vincularlo con delincuencia organizada ni operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que su cliente es inocente de los cargos que le atribuye la fiscalía.
En contraste, la FGR mantiene los señalamientos: lo acusa de favorecer a empresas vinculadas con su círculo cercano y de triangular recursos mediante contratos públicos, y ha insistido en que la Corte debe permitir la ejecución de la orden de aprehensión para que el caso llegue a juicio.
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Tomado de https://elefanteblanco.mx/
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