Se cumple una década de la desaparición forzada de los 43 normalistas | Radio Sonora

Redacción Radio Sonora

El 26 de septiembre del 2014 ocurrió un hecho que ha dejado más preguntas abiertas que respuestas cerradas. La movilización hacia Iguala, Guerrero, de estudiantes procedentes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, y la posterior detención de parte las fuerzas de seguridad, en presunto contubernio con el crimen organizado, resultó en la desaparición forzada de 43 muchachas y muchachos cuyo paradero, tras una década de búsqueda, aún representa una incógnita.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un antecedente de impunidad que destapa la organización de las viejas estructuras para preservar el orden. La fiscalía de entonces asumió la tarea de reconstruir el curso de los acontecimientos. Fue así que el Procurador de Justicia, Jesús Murillo Karam, de la mano de Tomás Zerón de Lucio, antiguo jefe de la Agencia de Investigación de la Fiscalía, fueron los encargados y responsables de articular lo que trascendió como la “verdad histórica”.

La idea de un tentativo carpetazo mantuvo la vigencia del caso. La presión de movimientos sociales fue suficiente para que no se abandonara la lucha ni se retirara del debate público lo que a todas luces se fijó como el crimen de Estado más cruel de la historia reciente.

Decenas de funcionarios y servidores públicos toparon en la cárcel por su involucramiento directo o indirecto en el motor del crimen. Los testimonios alterados y la impunidad que mantienen personajes como Tomás Zerón, prófugo en Israel, o hasta el expresidente Enrique Peña Nieto, dificulta el hallazgo de tres preguntas fundamentales: Quién o quiénes fueron y por qué lo hicieron, pero, sobre todo, ¿Dónde están?

A la vuelta de los años, los obstáculos y atropellos que han enfrentado los padres y madres de los 43 se deben, en cierto sentido, a la complejidad de la red de complicidades entre las autoridades y el crimen organizado, que obstruyó más de lo especulado el proceso de impartición de justicia. El Gobierno que prometió esclarecimiento concluye con una evidente deuda, toda vez que esta sea señalada por una sociedad mexicana que exige el acceso a la verdad, a una década de la tragedia de aquellos jóvenes que se dirigían a conmemorar en la capital del país el movimiento estudiantil del 68.

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