Sader cedió a presiones de la industria de plaguicidas tóxicos

La industria de plaguicidas cabildeó directamente con la Secretaría de Desarrollo Rural –que encabeza Julio Berdegué– la no prohibición de los herbicidas altamente tóxicos de mayor uso en México, confirman informaciones de las propias asociaciones gremiales UMFFAAC y PROCCyT. Aunado a los documentos, investigadores consultados por Contralínea advierten que el decreto del gobierno federal que prohíbe el uso de 35 pesticidas no previene la contaminación ni las enfermedades terminales asociadas a los agrotóxicos, porque se trata, en su mayoría, de moléculas en desuso o anteriormente prohibidas. Critican que se perdió la oportunidad de garantizar la salud humana y medio ambiental, porque la Sader privilegió los intereses agroindustriales. Consultada al respecto, la Secretaría asegura que además de escuchar a las empresas, también atendió las inquietudes de la sociedad y la academia

La Secretaría de Desarrollo Rural (Sader) –encabezada por Julio Berdegué– pactó con la industria de plaguicidas la no prohibición de los agrotóxicos de mayor uso en México. Con ello, se perdió una oportunidad única para garantizar la salud humana y medioambiental del país, al privilegiar los intereses agroindustriales por encima de los del pueblo mexicano, acusan investigadores entrevistados por Contralínea.

Los expertos consultados advierten que el decreto que emitió el gobierno federal el pasado 4 de septiembre, para prohibir el uso de 35 pesticidas, no previene la contaminación ni las enfermedades terminales asociadas al uso de herbicidas altamente tóxicos, porque se trata, en su mayoría, de moléculas en desuso o prohibidas previamente, lo que consideran una simulación. También critican que la academia y los pequeños productores no fueron escuchados ni tomados en cuenta por la Sader.

Por el contrario, denuncian que a quienes sí se tomó en cuenta fue a los representantes de la industria. Esto se puede verificar en los propios documentos informativos de dos asociaciones gremiales: la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos (UMFFAAC) y la asociación Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCyT).

Los boletines de ambas asociaciones confirman la intensa campaña de cabildeo que evitó que el gobierno federal prohibiera plaguicidas tóxicos con mayor uso en el campo mexicano. En uno de esos comunicados, se lee: “para la UMFFAAC –presidida por el Dr. José Escalante de la Hidalga–, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) muestra el conocimiento y profesionalismo de las diversas entidades del gobierno federal y de la industria fitosanitaria al llegar juntos a este acuerdo, que abona en la confianza que los agricultores y sus trabajadores tienen y seguirán teniendo al contar con los fitosanitarios que pueden usar para proteger los cultivos y competir equitativamente con el resto del mundo y, al mismo tiempo, cuidar la salud y la ecología de México y de los mexicanos”.

El mismo boletín –del 5 de septiembre–, agrega: “la UMFFAAC reconoce y aplaude el profesionalismo de las autoridades correspondientes, principalmente de las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de Salud, representada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), para lograr un conjunto consensuado de plaguicidas que debían desaparecer oficialmente”. Lo anterior, porque en la elaboración de dicho decreto también participaron la Semarnat –a cargo de Alicia Bárcena–, Salud –con el doctor David Kershenobich al frente–, y la Cofepris (que dirige Armida Zúñiga Estrada).

Los acercamientos de la industria con la Sader quedaron de manifiesto desde antes de que Berdegué asumiera el cargo. Tras las elecciones presidenciales, en junio de 2024, José Escalante de la Hidalga destacó en la revista Hola Agro “la sensibilidad al diálogo que ha mostrado el próximo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), quien ya aceptó intercambiar puntos de vista con miembros de la UMFFAAC, del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y de la asociación de Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología (PROCCyT), con el fin de conocer la problemática de los plaguicidas, considerados las medicinas del campo”.

Agregó que la UMFFAAC “confía en la visión de Julio Berdegué y respalda su eje rector de alcanzar la soberanía alimentaria con el apoyo de las herramientas tecnológicas existentes como el glifosato”.

Apenas unos meses antes, la postura de los industriales era muy distinta: el 21 de febrero de 2024, la asociación publicó un boletín titulado: “Priva incertidumbre por decreto que prohibirá el glifosato: UMFFAAC”. En este, recordaba que el decreto presidencial de López Obrador para prohibir gradualmente el uso de ese herbicida estaría vigente a partir del 1 de abril, a pesar de que –según la industria– “aún no se ha encontrado un producto que iguale las características del herbicida en eficiencia, bajo costo, facilidad de manejo y seguridad”. Por ello, pedían “analizar nuevamente el decreto publicado el 13 de febrero del 2023 para no afectar a los trabajadores del campo”.

Según dicha asociación de productores de plaguicidas, “el glifosato es una herramienta necesaria para los productores y su prohibición se suma a otros factores, como la sequía, desaparición de programas de apoyo, que han venido impactando negativamente la producción de diversos cultivos y en forma muy importante, a la producción de maíz y otros granos”. Como ejemplo, aseguró que “la producción de maíz grano se redujo en más 1 millón 600 mil toneladas en 2023”.

Consultada sobre esta presunta cercanía con la industria de los plaguicidas y hasta dónde llegó la “cooperación” de las dos asociaciones con la dependencia federal para determinar las 35 moléculas prohibidas, el área de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Rural indicó –mediante una nota escrita–: “en la prohibición de esta primera lista de plaguicidas, trabajaron de manera coordinada cuatro secretarías de estado: Medio Ambiente y Recursos Naturales; Agricultura y Desarrollo Rural; Economía y Salud. Se consultó a personas expertas en la materia tanto del gobierno como de la academia, de la sociedad civil y la industria. Se trató de un proceso inclusivo que tomó en cuenta la salud humana, el ambiente y la posibilidad de asegurar la producción de alimentos necesaria para la población del país”.

Contralínea también preguntó sobre los señalamientos hechos por algunos investigadores de que el decreto sobre plaguicidas prohibió moléculas que estaban en desuso o previamente prohibidas. Al respecto, la institución negó que se trate de herbicidas que ya no están vigentes en la cotidianidad del campo mexicano: “la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), a través de la Coordinación General de Sustentabilidad y Resiliencia Climática, informa que el 4 de septiembre de 2025, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó el decreto de prohibición de 35 plaguicidas en el Diario Oficial de la Federación. Estos plaguicidas aún se comercializaban y usaban en México; había 98 registros sanitarios vigentes porque solamente estaba prohibida la importación de algunos de ellos.

“Actualmente se prohíbe todo el ciclo de vida de los plaguicidas, esto es, su producción, formulación, fabricación, incluida la síntesis del ingrediente activo, obtención, elaboración, preparación, conservación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, almacenamiento, transportación, comercialización, distribución, uso, aplicación y disposición final en el territorio nacional.

“Los plaguicidas prohibidos fueron seleccionados de la recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que incluye una lista de 140 ingredientes activos. Entre los ingredientes enlistados, se encuentra el DDT y otras sustancias supuestamente en desuso o previamente prohibidas. Cabe destacar que esta molécula fue encontrada en abejas moribundas de la región del Soconusco, Chiapas, en febrero de 2025. Por lo anterior, AGRICULTURA enfatiza que el decreto representa un paso importante hacia la prohibición definitiva de sustancias que tienen mayor impacto negativo en la salud humana y el medio ambiente sin comprometer la sanidad vegetal y la protección de los cultivos.”

También se consultó a la Sader por qué, a pesar de que se anunció una estrategia de protección a polinizadores –como las abejas–, no se prohibieron los principales plaguicidas responsables de su muerte. La respuesta fue que: “desde 2024, AGRICULTURA puso en marcha acciones para dejar de usar plaguicidas altamente peligrosos en las campañas fitosanitarias, como el Fipronil que se utilizaba contra la langosta. Como lo dijo el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué Sacristán, en la Mañanera del Pueblo del pasado 3 de septiembre, el proyecto tiene varias etapas con acciones integrales que involucran, además de la prohibición de plaguicidas, el impulso de prácticas agroecológicas y el intercambio de saberes entre productoras y productores para difundir alternativas que permitan proteger a los cultivos contra plagas”.

Y adjuntó la diapositiva de la presentación realizada en dicha fecha:

El decreto de prohibición

El pasado 3 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el decreto mediante el cual quedan prohibidas 35 moléculas utilizadas en la elaboración de plaguicidas. En la conferencia de aquel día, Berdegué Sacristán detalló: se “prohíbe: la importación, la producción, la comercialización, el uso de 35 moléculas de plaguicidas altamente peligrosos”.

Para el 4 de septiembre, la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (Rapam) consideró que “el decreto presidencial no incluye la prohibición de los plaguicidas más usados en México, como clorpirifos etil, glifosato o fipronil como resultado de la estrategia de negociación con las empresas de la industria de plaguicidas, coordinada por Sader, y no afecta sus intereses comerciales”.

En entrevista para Contralínea, el doctor Fernando Bejarano –director de Rapam– afirma que, “considerando que los pocos registros que todavía tienen autorización [de los 35 plaguicidas prohibidos por el decreto] se vayan sacando [del mercado], aún nos quedan 200 plaguicidas altamente peligrosos autorizados en México, y 161 de ellos prohibidos en otros países”.

Critica que no se haya consultado a otros expertos: “las 35 moléculas fueron negociadas con la industria de plaguicidas, tanto el sector empresarial de genéricos, la  UMFFAAC, como de las grandes trasnacionales: PROCCyT”.

Agrega que la prohibición que anunció Sader “evidentemente no afecta sus intereses comerciales, porque son en su mayoría moléculas que ya no se podían importar o que tienen tal vez un uso muy marginal o un uso ilegal. Es decir, que ya se había cancelado su registro sanitario conjunto, que es el número que le asigna Cofepris en esta revisión que hace bajo consulta de Semarnat y Sader”.

El doctor Bejarano considera que los términos en los que se publicó el decreto son “inadecuados”, ya que no hubo transparencia para explicar “con base en qué deciden que esto no se puede sustituir por otro, y evidentemente están solamente consultando con las empresas que lucran y que hacen negocio con ellos”.

En tanto, la bióloga por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Érica Hagman Aguilar, considera muy necesario transparentar la discusión. “¿Cómo decidieron que esos iban a ser los 35 plaguicidas y cómo van a decidir la etapa dos, de 2026, y la etapa tres, de 2027? ¿Con la industria?” Y plantea; “la política tiene que ser la eliminación gradual de plaguicidas altamente peligrosos, no el uso responsable”.

La doctora Hagman advierte que México estaría incumpliendo con el marco global acordado en la Quinta Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos (ICCM5), que establece como objetivo: “para 2035, las partes interesadas –entre ellas México– habrán adoptado medidas eficaces para eliminar gradualmente los plaguicidas altamente peligrosos en la agricultura, cuando no puedan gestionarse los riesgos y existan alternativas más seguras y asequibles”. Al respecto, la investigadora asegura sí existen alternativas a los plaguicidas altamente tóxicos y que en México están desarrollados desde hace décadas.

Por su parte, la Sader –a través un informe técnico– reconoció que hay 20 plaguicidas que afectan a los polinizadores, de los cuales sólo cinco se incluyeron en el actual decreto. En una nota a pie de página, también aceptó que los principales responsables de la muerte de las abejas son: fipronil, imidacloprid, tiametoxam y deltametrina. No obstante, explicó que “estos insecticidas no se incluyen en el Decreto de prohibición, toda vez que son una opción viable para controlar diversas plagas de importancia agrícola”. Agregó: “estas moléculas se incorporarán en un mecanismo de venta controlada en el marco de la Estrategia Nacional para la Reducción y Uso Adecuado de Plaguicidas”.

La investigadora experta en bioseguridad de los organismos genéticamente modificados y control sanitario de plaguicidas altamente peligrosos, Erica Hagman, cuestiona el sentido del término “viable”, pues estima que se trata de un “eufemismo”. Ello, porque dichos plaguicidas “no nada más matan esas plagas, matan un montón de seres vivos, entre ellos insectos [con funciones importantes dentro de un ecosistema, como lo son los polinizadores], y también matan personas, ya sea por exposición aguda muy rápidamente o crónica con un montón de enfermedades”.

Glifosato no es asunto de “preocupación mediática”

En el mismo informe técnico, la Sader mencionó a aquellos plaguicidas que no se incluyeron en el decreto y que “representan una preocupación mediática”, entre ellos se incluye al glifosato y el paraquat.

En ese sentido, la investigadora independiente Érica Hagman enfatiza: “no es una preocupación mediática sino un tema científico. No es un tema ideológico. Ideológico o dogmático es asegurar que no causa daño”. Al respecto, hay evidencia científica que respalda las preocupaciones por complicaciones a la salud y al medio ambiente, aunado a los juicios por daños punitivos que ha perdido la trasnacional Bayer en Estados Unidos, desde 2018, cuando adquirió Monsanto.

En julio de este año, el Instituto Ramazzini dio a conocer el Estudio global sobre glifosato (GGS, por su sigla en inglés), cuya metodología consistió en la administración de glifosato y dos herbicidas a base de glifosato –Roundup Bioflow de uso en la Unión Europea y Ranger Pro utilizado en Estados Unidos– a ratas Sprague-Dawley (SD) macho y hembra, desde el sexto día de gestación (mediante exposición materna) hasta las 104 semanas de edad. Los investigadores suministraron agua potable con concentraciones de glifosato y herbicidas a base de glifosato, en tres niveles: 0.5; 5 y 50 miligramos por kilo de peso corporal al día, cantidades que coinciden con los niveles autorizados por la Unión Europea como Ingesta Diaria Aceptable (ADI) y el Nivel Sin Efectos Adversos Observables (NOAEL).

De acuerdo con los resultados, dichas ratas presentaron tumores “en tejidos hemolinforreticulares (leucemia), piel, hígado, tiroides, sistema nervioso, ovario, glándula mamaria, glándulas suprarrenales, riñón, vejiga urinaria, hueso, páncreas endocrino, útero y bazo (hemangiosarcoma). […] Involucraron tumores que son raros en ratas [de la especie analizada] con un 40 por ciento de muertes por leucemia en los grupos tratados, que ocurrieron antes de las 52 semanas de edad, y también se observó un aumento de muertes tempranas para otros tumores sólidos”.

Por ello, se concluyó que “estos resultados proporcionan evidencia sólida que respalda la conclusión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC, por su sigla en inglés) de que existe ‘suficiente evidencia de carcinogenicidad [del glifosato] en animales de experimentación’. Además, nuestros datos concuerdan con la evidencia epidemiológica sobre la carcinogenicidad del glifosato y los productos a base del mismo”.

Por su parte, el doctor Daniele Mandrioli, investigador principal del estudio, explicó: “observamos la aparición temprana y mortal de varios tipos de cáncer poco comunes, como leucemias infantiles, que en humanos podrían compararse con muertes antes de los 40 años”.

UMFFAAC y PROCCyT participarán en el proyecto FARM+

La Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos y Protección de Cultivos, Ciencia y Tecnología no sólo habrían incidido en la lista de plaguicidas prohibidos por el decreto, sino que ambas organizaciones colaborarán en el proyecto FARM+ que se desarrollará en México en 2026. El plan tiene el objetivo de “incrementar la adopción de prácticas agrícolas sostenibles y ‘resilientes’ al clima reduciendo el uso de agroquímicos nocivos para la salud humana y de los ecosistemas”. Para ello, contará con un donativo de 7.5 millones de dólares por parte del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla en inglés) y el cofinanciamiento de más de 70 millones de dólares.

Ambas asociaciones han defendido el uso de glifosato en territorio nacional, y se opusieron abiertamente al decreto de prohibición que impulsó el expresidente López Obrador. En febrero de 2024, a través de una nota informativa, la UMFFAAC expuso: “permanece la incertidumbre sobre la prohibición del glifosato, a un año de la publicación del decreto que limitará su uso en México a partir del primero de abril. Señalan que aún no se ha encontrado un producto que iguale las características del herbicida en eficiencia, bajo costo, facilidad de manejo y seguridad”.

En tanto, el PROCCyT intentó descalificar el estudio Causas de insuficiencia renal en niños de preescolar y primaria de la comunidad de El Mentidero, en el municipio de Autlán, Jalisco. Este trabajo –realizado por académicos del CIESAS Occidente y de la Universidad de Guadalajara (UDG)– reveló la presencia del herbicida en la orina de niños.

Además, dicha organización forma parte de la CropLife Latin America que, según se describe en su propia página web, se trata de una “organización gremial internacional que representa a la industria de la ciencia de los cultivos. Industria que investiga y desarrolla agrotecnologías (defensivos agrícolas, biotecnología y semillas) que ayudan a los agricultores a mejorar la eficiencia en la producción de cultivos para la seguridad alimentaria”.

De acuerdo con el informe Top 10 agrobusiness giants publicado por Grain y ETC Group en 2025, Bayer, Corteva, Syngenta Group y BASF concentran más de la mitad del negocio mundial de semillas comerciales y alrededor del 60 por ciento de pesticidas.

El modelo agroindustrial en México

La agroindustria surgió en México desde 1940, con la mal llamada revolución verde; y, tras la crisis de 1980 y la adopción de políticas neoliberales, se redujo el apoyo al campo con la finalidad de abrir las puertas a las compañías trasnacionales. Para ello fue fundamental la reforma al artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en 1992, permitió la venta de tierras ejidales facilitando de esta manera la introducción del capital privado en el campo.

A su vez, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) integró a México con la agroindustria internacional. Desde entonces corporaciones como Bayer, Monsanto y Syngenta trajeron paquetes tecnológicos que incluían semillas transgénicas pensadas en ser utilizadas junto a plaguicidas. Posteriormente, se implementó la siembra de monocultivos los cuales son dependientes de agroquímicos.

El director de Rapam, Fernando Bejarano, apunta que “el modelo de agricultura industrial dependiente de monocultivos, crea a su vez, una dependencia de estos insumos agrotóxicos y ahí es el gran negocio de las empresas”. Detalla que “las empresas trasnacionales han sido muy hábiles para formar una alianza con el sector empresarial que se beneficia también de este modelo y para ser parte de sus organismos y poder argumentar que no existen alternativas”.

Añade que hay evidencia de la contratación de consultores para presentar cómo se afectaría la producción agrícola, una cuestión que se evidenció durante la discusión del uso de glifosato y se presenta cada vez que el tema vuelve al debate.

Por su parte, la investigadora independiente Érica Hagman critica que cuando estas empresas carecen de argumentos jurídicos y científicos, “se van a la negación, o sea, es muerte por plaguicidas o muerte de hambre. Eso es un falso dilema, es una falacia, te plantean una cosa catastrófica, ¿quieres alimentos con plaguicidas o quieres morirte de hambre? Falso, por supuesto que sí –reafirmo–, hay alternativas”.

La experta explica que durante los juicios posteriores a los dos decretos del expresidente López Obrador sobre el glifosato, los magistrados que estudiaron el asunto de fondo “decían que estos decretos eran instrumentos para proteger la salud, el medio ambiente y los derechos humanos”. Recuerda el caso de una jueza que dijo: “el afirmar que el glifosato era inocuo, era más bien una afirmación dogmática, carente de sustento. Fue tal la cantidad de pruebas científicas que se ofrecieron que los jueces quedaron absolutamente convencidos. [Del mismo modo] fue tal la cantidad de argumentos jurídicos en especial, en materia ambiental y de derechos humanos que los jueces quedaron convencidos”.

Aún así, la doctora Hagman acusa que “Monsanto trató de usar como argumento que gracias al glifosato se ejercía el derecho humano a la alimentación, pero con un absoluto desconocimiento de que es el derecho humano a la alimentación, porque el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas para el derecho a la alimentación ha dicho que un alimento contaminado con residuos de plaguicidas no puede ser considerado un alimento que te permite ejercer el derecho humano a la alimentación y eso, es lo que pasa también con el glifosato. Los plaguicidas no contribuyen al derecho humano a la alimentación y repito, no son viables para el control de plagas. Es más, son tan inviables que lo que generan son superplagas”.

Entrevistado por separado, el doctor Fernando Bejarano coincide: “tarde o temprano, el uso intensivo de insecticidas, herbicidas químicos, crea resistencia, es decir, la capacidad de estos organismos vivos de desintoxicar esa molécula y entonces esas dosis letales ya no surten efecto se vuelve una dinámica de espiral de venenos. Aumentar la dosis o mezclar cócteles en las aplicaciones es una espiral del veneno y eso también se reproduce en el tema de herbicidas resistentes en cultivos transgénicos”.

En México hay alternativas desde hace décadas

La doctora Érica Hagman expone que desde hace décadas, México desarrolló las alternativas, ejemplo de ello es la escuela de agroecología de la Universidad Autónoma de Chapingo (UACH), la cual tiene reconocimiento internacional. El sexenio pasado, Conahcyt financió varios proyectos que consideraban una agricultura más sostenible libre de uso de plaguicidas como el glifosato. Manuel Ángel Gómez Cruz, coordinador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo Rural Integral (CIIDRI), relata que desde 2002 trabaja en la agricultura orgánica. Desarrolló una huerta orgánica misma que fue certificada en 2012 como tal, junto a otros 300 productores de naranja en el norte de Veracruz.

Destaca que las cifras a nivel mundial “son contundentes: poco más de 100 millones de hectáreas sin utilizar ningún agrotóxico, insecticida o plaguicida” comenta que si México cuenta con alrededor de 30 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura sería como “sembrar tres Méxicos libres de plaguicidas”.

Transitar a un modelo sustentable depende “del apoyo de la política pública hacia la agroecología, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador hubo un cambio importante en los seis años en que estuvo al frente. […] Los programas como Sembrando Vida teóricamente se platearon en modelos agroecológicos”. Y es que, en el sexenio pasado, el Conahcyt inició con el desarrollo de bioinsumos para acompañar una estrategia de transición hacia modelos agroecológicos en el campo.

En el debate sobre los agroquímicos, las alternativas no se reducen a sustituir un plaguicida por otro menos tóxico. Según el doctor Fernando Bejarano, “ningún insecto nace con la etiqueta de plaga; las plagas son el resultado de desequilibrios en las poblaciones”. Esto implica que para enfrentar el problema no basta con cambiar de químico: es necesario entender qué está ocurriendo en los ecosistemas agrícolas.

El especialista advierte que se requiere “un cambio de mentalidad, renovar los cuadros técnicos de los organismos reguladores con una visión mucho más ecológica y abrir procesos transparentes que incluyan a expertos calificados y organizaciones que ya experimentan con alternativas menos riesgosas, basadas en la diversificación de los cultivos”.

Necesario escuchar a los actores libres de conflictos de interés

Los expertos consultados por Contralínea consideran necesario crear mecanismos de participación efectiva que involucren la visión de distintos expertos libres de cualquier conflicto de interés. La doctora Hagman enfatiza: “no solamente es dejar todo a la ciencia y a las personas expertas aún cuando sean libres de conflicto de interés. También se tiene que escuchar a las personas, a los grupos vulnerables en especial, que es con quienes el Estado mexicano tiene una obligación especial que se llama protección reforzada y eso es jurídico, no hay un tema dogmático, no es una ideología, […] es una obligación del Estado”.

De modo similar, el titular de Rapam, Fernando Bejarano, expresa que la evaluación de alternativas: “debe darse de una manera transparente y sobre todo, considerando la opinión tanto de los países que ya los prohibieron e intercambiaron agenda de cooperación y de información para ver las alternativas que han implementado y a nivel nacional, las organizaciones y los productores, tanto en gran, pequeña y mediana escala, que ya no los usan”.

La doctora Hagman remarca la importancia de actores libres de conflictos de interés pues Monsanto demostró ser una transnacional preocupada sólo por sus intereses económicos y no comprometida con garantizar el derecho humano a la alimentación. Recuerda el ya conocido caso de los “Monsanto Papers”, un conjunto de miles de documentos internos de la empresa Monsanto, hechos públicos entre 2017 y 2019 en el marco de juicios en Estados Unidos contra la compañía (hoy propiedad de Bayer).

Los documentos se hicieron públicos tras la demanda de personas con linfoma no Hodgkin que lo atribuían a la exposición al herbicida. Contenían correos electrónicos internos, reportes científicos, estrategias de regulaciones y otros, los cuales revelaron que Monsanto manipuló y presionó a autoridades encargadas del marco regulatorio para evitar restricciones al glifosato (ingrediente activo del herbicida conocido como Roundup en la venta comercial).

Asimismo, evidenció que la trasnacional promovió estudios científicos “fantasma” escritos por la empresa y firmados por académicos externos para aparentar independencia, mientras que atacó y desacreditó públicamente a científicos, entre ellos, a los científicos de la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por su sigla en inglés), que en 2015 reclasificó el glifosato como un “probablemente carcinógeno para los humanos” (Grupo 2A), evaluación realizada mediante una revisión sistemática y rigurosa de cerca de 1000 estudios científicos. Aunado a ello, ocultó o minimizó datos internos sobre riesgos potenciales del glifosato para la salud humana y el ambiente.

Finalmente, Manuel Ángel Gómez Cruz subraya que, de acuerdo con su propia experiencia en la producción de naranja orgánica, el campo mexicano sí puede producir sin la necesidad de utilizar productos agrotóxicos, pero para ello, es necesario el apoyo con políticas públicas que apoyen a generar la transición.

Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/