¡Revocación de mandato va! Validan número de firmas necesarias para la consulta

El titular del Registro Nacional de Electores (RNE), René Miranda Jaimes, informó que ya se alcanzaron los 2.7 millones de firmas válidas –equivalentes al 3 por ciento del padrón electoral- necesarias para que se lleve a cabo la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El Instituto Nacional Electoral (INE) realizó una conferencia de prensa en la que el funcionario confirmó que ya se cumplió el primer requisito para la realización del ejercicio democrático, el cual ha estado marcado por el enfrentamiento entre dicha dependencia y diversas ramas del gobierno federal.

Durante su intervención, Miranda dio a conocer que, hasta el momento, el órgano electoral ya confirmó la identidad de 2 millones 845 mil 634 ciudadanos, lo cual representa el 103.1 por ciento del mínimo requerido por la ley para la realización de la consulta, programada originalmente para el próximo 10 de abril.

El director del RNE también señaló que el siguiente paso es la verificación domiciliaria de aquellos ciudadanos cuyas rúbricas ya fueron validadas, por lo que se realizarán visitas a hogares de las 32 entidades federativas. Cabe recordar que el segundo requisito para llevar a cabo la revocación es que los firmantes correspondan al mismo porcentaje del padrón de sus respectivos estados.

Finalmente, Miranda afirmó que este ejercicio de democracia participativa ya es un hecho, pues ya se han cubierto los requerimientos principales; agregando que el INE ha estado trabajando en este desde que se confirmó su responsabilidad constitucional y que ahora se están analizando el alcance y la cobertura que tendrá.

En su anteproyecto de presupuesto para 2022, el Instituto solicitó recibir 4 mil 900 millones de pesos adicionales a sus gastos operativos, bajo el argumento de que el costo de la revocación de mandato tal como lo establece la ley sería de 3 mil 800 millones de pesos, dejando el sobrante para otros ejercicios de este tipo que pudieran realizarse.

Sin embargo, la Cámara de Diputados rechazó otorgar estos recursos al INE, lo cual desató una polémica que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual resolvió que la autoridad electoral no puede evadir su responsabilidad constitucional y debe organizar la consulta en los términos de la legislación vigente.

Ante este revés, el Consejo General resolvió suspender temporalmente el proceso, mientras el máximo tribunal resuelve el fondo del asunto. Sin embargo, tanto la SCJN como el Tribunal Electoral (TEPJF) ordenaron restablecer el proceso, ya que el polémico acuerdo representa una suspensión de los derechos políticos de la ciudadanía.

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