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A pesar de presentarse como líder ambiental, el gobierno mexicano llega a la COP30 con un presupuesto ambiental mermado, inversiones en combustibles fósiles y proyectos cuestionados, lo que sabotea sus propios compromisos climáticos
Por Gustavo Alanís Ortega
Hacia la Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que inicia este próximo 10 de noviembre en la ciudad de Belém, Brasil, se espera que el Estado mexicano confirme ante la comunidad internacional metas más ambiciosas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, congruencia y eficacia en su implementación, así como acciones contundentes para hacer frente a la emergencia climática, con respeto irrestricto a la biodiversidad y los derechos humanos.
Desde la sociedad civil habrá que seguir insistiendo en que México debe ir más lejos en sus compromisos, debe ser más transparente y honesto en sus anuncios, y congruente en sus acciones. No sólo debe ofrecerse una Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) con mayores metas de mitigación de gases de efecto invernadero, sino que deben tomarse acciones efectivas para llevarlas a cabo. Para ello debe plantearse una ruta de acción clara, con presupuestos suficientes y capacidades institucionales adecuadas.
El presupuesto ambiental ha venido reduciéndose año con año desde hace ya casi una década. Los recortes se mantuvieron en el paquete económico para 2026 que diputadas y diputados aprobaron el jueves 6 de noviembre, con algún matiz. Inclusive con las reasignaciones efectuadas, que quitaron fondos al poder judicial y asignaron parte importante de ellos al sector ambiental, las carencias son significativas. Específicamente, los 500 millones de pesos adicionales asignados a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el dictamen definitivo son importantes, pero se quedan muy cortos frente a las necesidades reales.
Igualmente, habrá que seguir visibilizando los impactos negativos del gas fósil. El gobierno mexicano sigue promoviendo y planeando inversiones millonarias en torno a este combustible por considerarlo una “fuente de transición”, sacrificando la salud y el bienestar de las personas que viven cerca de la infraestructura de petróleo y gas. Ello, además, sabotea los propios compromisos climáticos de México, porque este gas contiene altas concentraciones de metano (CH4), uno de los principales responsables de la emergencia climática por su alto potencial de calentamiento del planeta, 84 veces más potente que el dióxido de carbono (CO2).
Del resto de la comunidad internacional se espera que en esta cumbre climática aumente sustancialmente la ambición de las NDC que se han presentado desde la firma del Acuerdo de París, hace diez años. Se trata de los compromisos que cada nación ha asumido y que deberían ser cada vez más progresivos y exigentes en términos de alcance y resultados. En Belém debería no solamente decirse cómo se cumplirá lo que hasta ahora ha faltado, sino también qué más hará cada país para conseguir que la atmósfera no se caliente más de 1.5 grados centígrados. El enfoque, por tanto, no estará en esta ocasión en la negociación de estas metas, sino en la implementación de las mismas y en detonar un esfuerzo colectivo para evitar un desastre climático.
Además, esta cumbre climática se ha anunciado como la que contará con la mayor presencia de pueblos indígenas —se esperan unos tres mil representantes de pueblos originarios de Brasil y otros países—. Es por ello que desde la sociedad civil se debe seguir insistiendo en que el Estado mexicano implemente de manera adecuada e inmediata en la legislación nacional el Acuerdo de Escazú (vinculante para México desde abril del 2021), a fin de que se hagan respetar los derechos humanos y se castigue a quienes atacan a las personas defensoras ambientales.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha buscado presentarse como líder en materia climática y ambiental y ha anunciado algunos de los temas que llevará a la COP30. En primer término, repetirá la meta de que el 35% de la generación eléctrica sea con energías renovables en el año 2030. Es la misma meta establecida para 2024, por lo que esperamos que, esta vez, se tomen las acciones necesarias para alcanzarla. Por otro lado, ha presentado al programa Sembrando Vida como proyecto de reforestación y captura de carbono. El gobierno federal se compromete a apoyar a 400 mil agricultores con una inversión de dos mil millones de dólares al año para reforestar cerca de un millón de hectáreas. A este respecto, persiste el riesgo de que la mala implementación de este programa no alcance estos objetivos y, por el contrario, genere incentivos perversos que agraven la deforestación.
El gobierno mexicano ha anunciado también una inversión de cerca de diez mil millones de dólares en trenes de carga y pasajeros. Al respecto, hay que reiterar la preocupación sobre los impactos ambientales negativos que se han generado con la construcción del Tren Maya y sobre las violaciones sistemáticas a la legislación ambiental en las que se incurrió para llevarlo a cabo.
Para combatir el cambio climático hacen falta acciones a todos los niveles y compromisos de todas las partes. Urge que los gobiernos de los países se tomen en serio el sufrimiento que las tragedias climáticas ocasionan a sus ciudadanos, el daño que ocasionan a las demás especies con las que compartimos la Tierra y las posibilidades de solucionar una crisis que ya merma nuestras economías y lastima a millones de personas. Esperamos del gobierno mexicano que esté a la altura de lo que la ocasión exige. De no ser el caso, las futuras generaciones pagarán las consecuencias.
Tomado de https://piedepagina.mx/





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