Qué saber sobre el caso judicial que podría decidir la libertad de expresión en la América de Trump

Un juez federal en Boston está sopesando actualmente lo que podría convertirse en uno de los casos más trascendentales en el esfuerzo de Donald Trump por deportar a personas por su discurso.

La Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios (AAUP) y la Asociación de Estudios de Oriente Medio llevaron a la administración Trump a los tribunales por lo que han denominado una «política de deportación ideológica» que ha tenido como objetivo a Mahmoud Khalil, Rümeysa Öztürk, Badar Khan Suri, Yunseo Chung y Mohsen Mahdawi, entre otros. Los demandantes dicen que la política ha enfriado el discurso de sus miembros no ciudadanos, ya que la administración busca tomar represalias contra los estudiantes y profesores pro Palestina mediante la revocación de visas.

Los abogados de los demandados gubernamentales (el Secretario de Estado Marco Rubio, el Departamento de Estado, la Secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional, el Director Interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. Todd Lyons y el Presidente Donald Trump) han negado la existencia de la política y han dicho que las revocaciones de visa impugnadas se basaron en estatutos legales de larga data.

Pero el testimonio durante el juicio de dos semanas, incluso de los propios agentes de inmigración, ha puesto en duda esa afirmación. En cambio, el primer juicio importante en el segundo mandato de Trump desenmascaró la oscura operación de la administración dirigida al activismo pro Palestina desde la zona cero: los campus universitarios.

Esto es lo que necesita saber mientras el juez en el caso sopesa lo que es una de las decisiones más esperadas de este año:

En el centro del caso está la cuestión de si los ciudadanos y los no ciudadanos son iguales ante los ojos de la Primera Enmienda.

La AAUP y otros demandantes argumentan que los no ciudadanos disfrutan de las mismas protecciones de libertad de expresión que se otorgan a los ciudadanos. Alegaron que la administración Trump está enfriando la disidencia en violación de las protecciones de la Primera Enmienda al revocar las visas de (y en algunos casos, arrestar e intentar deportar a) estudiantes pro palestinos no ciudadanos como parte de una «política de deportación ideológica» sistemática.

La administración Trump argumenta que no existe tal política y, a pesar de que inicialmente dijo que tanto los ciudadanos como los no ciudadanos disfrutan de las protecciones de la Primera Enmienda, luego se retractó, alegando «matices» relacionados con la seguridad nacional, la inmigración y la política exterior.

En algunos de los casos de estudiantes de alto perfil, el gobierno se ha basado en una oscura disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad que faculta al Secretario de Estado a declarar a un no ciudadano inadmisible si el secretario cree que sus actividades o presencia tendrían «consecuencias de política exterior adversas potencialmente graves».

Pero los expertos legales han puesto en duda la constitucionalidad de esa disposición.

Conor Fitzpatrick, abogado supervisor senior de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, dijo que la disposición en sí contradice la Primera Enmienda, que prohíbe al Congreso promulgar una ley que restrinja la libertad de expresión, y va en contra de los valores estadounidenses fundamentales de la libertad.

«E incluso dejando de lado ambos, en un nivel puramente práctico, la idea de que Rümeysa Öztürk o Mahmoud Khalil o cualquiera de estos otros estudiantes individuales en universidades estadounidenses están impidiendo la política exterior estadounidense es absurda», dijo Fitzpatrick. «Simplemente no hay un apoyo legítimo para la idea de que un estudiante graduado en Columbia haya obstaculizado de alguna manera la política exterior estadounidense».

Tomado de https://zeteo.com/