Hasta altas horas de la madrugada se han extendidos las negociaciones entre PSOE y Junts per Catalunya para pactar la Ley de Amnistía, que dará vía libre a la investidura de Pedro Sánchez, a falta del último acuerdo político —con el PNV—. Se prevé que la presentación del acuerdo se celebre a primera hora de la tarde (13h), tras la última reunión que mantendrán a las 10h, y que mañana la presidenta del Congreso de los Diputados convoque el pleno para la investidura el próximo lunes o martes.
Se prevé que la amnistía comprenda los años entre 2012 a 2022 y que incluya a CDR y el Tsunami, casos que la Audiencia Nacional considera terrorismo. La duda está en las causas que Junts considera lawfare, como el exabogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, y su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay (presunto desvío de fondos públicos para actividades del procés). Se espera que quede fuera Laura Borràs, condenada por el TSJC a 4 años de cárcel y 13 de inhabilitación por fraccionar contratos para adjudicarlos a dedo a un amigo cuando era la responsable de la Institució de les Lletres Catalanes (2013-2018).
Se espera que este fin de semana Junts, como ya han hecho otros partidos, como el PSOE, pregunte a sus bases si refrendan el acuerdo.
En el caso de los exconvergentes, la propuesta con el PSOE se ha centrado en la Ley de Amnistía, mientras que ERC pactó asuntos del Gobierno de la Generalitat. El más importante, el traspaso de la gestión de los trenes Rodalies (Cercanías), una infraestructura que debido a la falta de mantenimiento e inversión del Gobierno español se encuentran en un estado deficiente creando un malestar social grande debido a los constantes retrasos que acumulan entre las personas —trabajadoras y estudiantes— que los usan. También negoció la condonación de parte de la deuda histórica del Fondo de Liquidez Autonómica —un 20%, alrededor de 15.000 millones—.
Desde el 23 de julio, día en que se celebraron las elecciones generales, la política en el Estado español ha dado un vuelco que durante años la mayor parte de los implicados lo consideraban “imposible”, demostrando que, cuando la aritmética aprieta, ciertas medidas políticas se convierten en viables y necesarios. Aunque los números, o los intereses, parece que no han dado pie a pactar un referéndum.
Entre la incertidumbre de la investidura, algo que el gabinete de Pedro Sánchez quería evitar, grupos nazis y de ultraderecha han aprovechado para hacer ruido en las calles de Madrid, delante de la sede del PSOE. Alberto Núñez Feijóo las ha alentado varios días, hasta que ayer condenó la violencia de las protestas, que incluso carecían de autorización. No obstante, en su condena señala a Sánchez como responsable: “La violencia no tiene cabida en democracia y su impunidad, tampoco”. Sus palabras llegan después de las de Isabel Díaz Ayuso.
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