abril 18, 2021

Priístas hicieron de Andorra su cueva de Alí Babá para guardar lo robado

Desde febrero del 2012, los propietarios de la Banca Privada d’ Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, habían solicitado a sus ejecutivos que  “se iniciarán los trámites La entrada Priístas hicieron de Andorra su cueva de Alí Babá para guardar...

Desde febrero del 2012, los propietarios de la Banca Privada d’ Andorra, los hermanos Ramón e Higini Cierco, habían solicitado a sus ejecutivos que  “se iniciarán los trámites para poner fin a la presencia en México”, de acuerdo a un acta de su comité de control que este martes da a conocer el diario El País. 

Sin embargo, BPA mantuvo su red comercial en México hasta marzo de 2015, cuando el Tesoro de EE UU presionó al banco por actuar presuntamente como una lavadora de fondos de grupos criminales como Odebrecht, el gigante brasileño de la construcción que perpetró la mayor trama de sobornos de América.

Según la firma Wealth-X, en 2012, el BPA registraba 1.900 fortunas de más de 30 millones de dólares, pertenecientes  a “altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI)” que fueron atraídos a invertir en ese banco por el secreto bancario que impedía se revelara sus identidades.

Hoy se sabe que personajes como  el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los ex diputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del ex presidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones, tenían depositadas sus cuentas en el BPA.

“EL PAÍS ha tenido acceso a documentos internos del banco, informes policiales y auditorías confidenciales que aclaran algunas de estas incógnitas. Y explican la accidentada travesía de la entidad en México. Un relato que entremezcla turbias fortunas, altos funcionarios de Hacienda, narcotraficantes con maletines y prohombres del Partido Revolucionario Institucional (PRI). O, lo que es lo mismo, una corporación que unió bajo el manto protector del secreto bancario a personajes del crimen organizado con priistas como el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo; los exdiputados Óscar Lara Arechiga y Francisco Arroyo Vieyra; el abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, Juan Ramón Collado; y la senadora Sylvana Beltrones, hija del expresidente de la formación tricolor Manlio Fabio Beltrones”, así lo dio a conocer el periódico español.

Sylvana Beltrones al lado de su padre Manlio. Foto: Especial.

De acuerdo con El País, en el 2006, el año de su apertura en México, 71 familias y 10 empresas se unieron a la cartera inicial de clientes de la institución bancaria. Altos funcionarios, dirigentes universitarios, candidatos, empresarios y abogados cercanos al poder, ingresaron  “su dinero inconfesable en la flamante y reservada BPA mexicana”.

El País menciona que el pionero en la apertura de cuentas, fue Giovanni Zenteno, quien era coordinador gubernamental del  Instituto Mexicano del Seguro Social en 2006.

“La decisión de abrir una cuenta en el extranjero obedeció a razones de seguridad y fiscales”, dice Zenteno al diario a través de un correo electrónico.

El ex funcionario había sido  secretario de Hacienda de Chiapas (1994-2000) y coordinador nacional de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales (1999-2000). El ex jefe fiscal elude precisar cuánto ocultó en Andorra. La Fiscalía del país europeo le investigaba en 2017 por su conexión con una firma relacionada con el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, que fue condenado en 2018 a nueve años de prisión por desviar recursos públicos a través de una telaraña de empresas fantasma. No fue el único.

El pasado año, el ministerio público andorrano mantenía abiertas varias decenas de investigaciones sobre fortunas mexicanas en la BPA y, cuando se intervino el banco, en 2015, estas pesquisas ascendían a 80, según confirman fuentes conocedoras del caso.

Zenteno formó parte de la primera camada que invirtió su dinero en BPA. También lo hizo Juan Sigfrido Millán Lizárraga, gobernador del PRI por Sinaloa entre 1993 y 2004,  una ex subdirectora de Relaciones Institucionales de la Comisión Federal de la Electricidad, el actual presidente de la Junta de Gobierno de una universidad de Guanajuato, y un empresario sinaloense que murió acribillado a tiros en Guadalajara en 2007.

En el 2006, señala El País,  el tinglado de BPA-México está a punto de desplomarse, pues el chófer de la filial envía un informe a Andorra que revela que sus jefes, Manuel Urdangaray y José Miguel Díaz, blanquean cuatro millones de dólares mensuales de la droga.

“Trabajan en la sombra, dice, para un cliente venezolano, Gabriel Ignacio Gil Yáñez, ex asesor del Gobierno de Hugo Chávez (1999-2013). Y cobran una comisión del 1,5% por actuar de lavadora de fondos. La dirección reporta el caso a las autoridades andorranas y mexicanas. Y lo reduce a un mero incidente de blanqueo. Obvia la conexión de Yáñez con el narco. También, ignora que el mecanismo para inyectar en el sistema el dinero del crimen se canaliza a través de la casa de cambios mexicana ByB”.

Juan Collado, abogado del ex presidente EPN. Foto: Especial.

Para el 2010, la institución financiera en México ya había captado  122 clientes y sumado 192,6 millones de volumen de negocio. En 2012, eran 174 los enigmáticos mexicanos que mueven en la entidad 243 millones, según datos internos.

En el 2013 el banco cerró su embajada en México, pero mantuvo la presencia en el país. En ese lapso, creció su oferta de servicios opacos, y lo extendió a sus filiales en Panamá y Suiza.

“Desde su tentáculo del país centroamericano, fabrica una larga lista de sociedades off shore para refugiar las vidriosas fortunas”. 

Pero con el crecimiento, también arrancaron los problemas, pues la institución comenzó  a captar a Personas Políticamente Expuestas (PEP), “una etiqueta que en la jerga financiera identifica a cargos públicos o exdirigentes susceptibles de recibir fondos manchados por corrupción”.

El País señala que Luz del Carmen López Rivera, ex diputada federal del PRI y fundadora y presidenta de la compañía minera Santa Lucía S. A. de C. V., anunció en mayo de 2012 al banco su deseo de colocar medio millón de dólares en la BPA bajo el blindaje de su sociedad Harrigay Entreprises SA, según un informe de la Policía de Andorra.

Bernardo Quintana Kawage, Director General de ICA Construcción Urbana.

Otro documento interno revela que el ingeniero Bernardo Quintana Kawage, ex director General de ICA Construcción Urbana, depositó en 2011 un total de 9 millones de dólares. “Es hijo del presidente de una de las constructoras más importantes de Latinoamérica con 35.000 empleados”, anotan los gestores. 

El directivo ocupó la vicepresidencia nacional de Asociaciones Público-Privadas en la Cámara Mexicana de la Construcción.

“Cuatro empresas mexicanas comunican en agosto de 2014 su intención de recurrir a los laberínticos tinglados de la BPA para ingresar en tres cuentas numeradas 70 millones de dólares. El dinero, le cuentan las compañías al banco, procede de un pleito ganado a la Hacienda Mexicana que arrancó en 1990″.

El País menciona la presencia de fiscales mexicanos en Andorra desde el 2015, año de la intervención del banco. Buscaban proteger el patrimonio millonario de alguno de los clientes mexicanos atrapados en las redes de la juez Canòlich Mingorance y del fiscal Alfons Alberca. 

Mediante la presentación en los juzgados de Andorra de informes sobre el origen “legítimo” de las fortunas investigadas por blanqueo de capitales, lograron el archivo provisional de causas como la de Juan Ramón Collado, abogado de Peña Nieto, que movió 120 millones de dólares (107 millones de euros) en 23 cuentas entre 2006 y 2015. Tras ser detenido en México por delitos similares, la causa del letrado se reabrió.

“El denominado no ejercicio de la acción penal (neap) ha sido el truco que se utilizó entonces para boicotear algunas de las investigaciones de los protegidos del anterior Gobierno”, afirma un funcionario conocedor de las pesquisas.

La Fiscalía de México investiga al fiscal Alberto Alcántara, ya cesado, y tres de sus viajes a Andorra “por inusuales e irregulares” ante la sospecha de que intercedió a favor de Collado.

Las actas del Comité de Prevención del BPA,  recogen 59 menciones a mexicanos entre 2007 y 2015. O, lo que es lo mismo, uno de cada tres clientes mexicanos que tocó a la puerta del banco de los hermanos Cierco era sospechoso.

“Otro coletazo más de fango: Los principales directivos de la extinguida entidad están siendo investigados por la Justicia andorrana en varias causas por su conexión con un rosario de delitos como el blanqueo”, concluye el reportaje del diario ibérico.

Tomado de https://polemon.mx/

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