La Cámara aprobó por poco margen el paquete de rescisiones del presidente Trump, un proyecto de ley que busca recuperar 9.300 millones de dólares en fondos previamente asignados. Esto incluye 1.100 millones de dólares de la Corporación para la Radiodifusión Pública y 8.300 millones de dólares en ayuda exterior. La aprobación del proyecto de ley, lograda a través de un proceso especial en virtud de la Ley de Control de Retenciones de 1974, enfrenta un futuro incierto en el Senado.
La Ley permite al Presidente proponer rescisiones, requiriendo la aprobación del Congreso en un plazo de 45 días; la falta de acción obliga a gastar los fondos. Si bien este proceso elude la obstrucción, requiriendo solo una mayoría simple, los republicanos del Senado enfrentan divisiones internas. Con el Senado centrado en la revisión del «Gran y Hermoso Proyecto de Ley» de Trump, asegurar los 51 votos necesarios está resultando difícil.
Senadores clave se oponen a recortes específicos. La senadora Susan Collins se opone a las reducciones al Plan de Emergencia del Presidente para el Alivio del SIDA (PEPFAR), citando su impacto en el salvamento de vidas. La senadora Lisa Murkowski se opone a los recortes a la Corporación para la Radiodifusión Pública (CPB), destacando su papel crucial en las comunidades de Alaska. Su oposición, junto con la posible disidencia de los senadores Roger Wicker, Rand Paul y Mitch McConnell, pone en peligro la aprobación del proyecto de ley. Wicker cuestiona el compromiso de tiempo del Senado, Paul considera que los recortes son insuficientes, y el apoyo pasado de McConnell a la ayuda exterior crea incertidumbre.
El fracaso del proyecto de ley impediría que Trump volviera a presentar las mismas solicitudes de rescisión este año fiscal, lo que destaca la renuencia del Congreso a aceptar incluso recortes de gastos modestos. El plan de contingencia de la Casa Blanca, en caso de que el proyecto de ley fracase, es retener ilegalmente los fondos.
Si bien los republicanos moderados podrían finalmente apoyar el proyecto de ley bajo presión, su aprobación representaría una victoria paradójica para la Casa Blanca y una derrota para la gobernanza responsable. Si bien parece defender el proceso de asignaciones, el Senado simultáneamente aprobaría políticas que potencialmente dañan la salud pública y la ayuda internacional por ganancia política.
Tomado de https://feeds.nbcnews.com/msnbc/public/news
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