Poder suave en México: de la “lista de Marco” a la injerencia abierta

Con poco más de 1 mil 549 millones de dólares para 224 ONG, empresas y universidades, el gobierno de Estados Unidos amplió el financiamiento a grupos opositores sobre México en el periodo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Este poder suave fue denunciado desde la Presidencia de la República y no fue atendido por el gobierno de Joe Biden. Dicho financiamiento fue para diversos rubros: democracia y sociedad civil, grupos medioambientales, aplicación de la ley y combate al narcotráfico, sector justicia y seguridad, entre otros

Séptima parte. Al tiempo que se desmanteló el Estado mexicano en lo social (educación, salud e infraestructura) desde la década de 1980, se aplicaron las reformas estructurales en México en un contexto de creciente violencia exacerbado por el narcotráfico cuando Felipe Calderón le declaró la guerra a estos grupos. Frente a esa terapia de shock (como la definió Naomi Klein), proliferaron una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales que contaron con recursos del gobierno estadunidense y de la burguesía mexicana para darle una especie de cobertura civil al conjunto de reformas estructurales, a reformas en seguridad y también a las reformas a la justicia en México, por mencionar apenas algunos aspectos.

En la segunda parte de esta serie de investigaciones se concluyó que los Departamentos de Estado, Defensa y la USAID concentraron más del 90 por ciento de los recursos provenientes del gobierno de EU. Después de dos sexenios –Calderón y Peña Nieto– con la Iniciativa Mérida y más de 3 mil 899 millones de dólares, ha sido difícil sacar a las agencias y departamentos estadunidenses de México. Tan sólo con López Obrador, el financiamiento fue de 1 mil 548 millones 965 mil 991 dólares y, la presencia del financiamiento de 15 departamentos y agencias sobre México.

Con los datos consultados por Contalínea, se puede establecer que en el sexenio de López Obrador se financiaron a 224 ONG, empresas y universidades (incluidas entidades extranjeras que operan en el país).

Hay varias líneas de continuidad en el financiamiento que hizo –y sigue haciendo EU– en México. Una de esas líneas es la de las reformas al poder judicial, democracia y sociedad civil, un gran rubro sobre defensa del medio ambiente, en el cual convergen con financiamiento de los principales grupos empresariales mexicanos y la cooperación alemana.

En el análisis por año del financiamiento de Estados Unidos es notorio que desde que se tienen datos disponibles (2001) hasta 2024, fue entre 2022 y 2023 cuando se financiaron a más ONG, empresas y universidades. Esos años fueron precisamente en donde el gobierno de López Obrador denunció desde la conferencia de prensa la existencia de financiamiento a grupos opositores, pero también cuando más oposición hubo al proceso de transformación nacional.

La “lista de Marco” como marco de condición explotable

En 2021, tras declaraciones del empresario Claudio X González Guajardo de “tomar nota de todos aquellos que, por acción o por omisión, alentaron las acciones y hechos de la actual admn. y lastimaron a México” [sic], la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, mencionó que quienes hacen listas es “el macartismo, el nazismo. ¿Para qué quieren hacer listas? Nosotros lo que abrimos es el debate. Pero no hacemos listas de absolutamente nada, hay critica de todos los que pertenecemos a la 4T, debate, pero hay absoluto respeto a la democracia, a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación y la libertad en las elecciones. Este tweet de este personaje es fascista y de una vez digo que yo estoy en la lista de la cuarta transformación”.

Cuatro años después y con Claudia Sheinbaum ya en la Presidencia, las presiones sobre México continúan ahora bajo la administración de Donald Trump. Éste designó a Ron Johnson como embajador de EU en México, un exboina verde, miembro del aparato de inteligencia, experto en operaciones especiales y colaborador del Comando Sur, el encargado de vigilar desde Centroamérica hasta tierra de fuego en Argentina.

Tras varias publicaciones en medios de circulación nacional e internacional, se comenzó a hablar de la denominada “lista de Marco [Rubio]”: una serie de nombres de políticos mexicanos supuestamente vinculados al crimen organizado.

En su momento, el doctor Jorge Retana Yarto la caracterizó como una estrategia de caos limitado por las particularidades de la lista, la forma en la que fue filtrada y cómo llegó a ocupar titulares de la prensa y amplio espacio en la Conferencia de prensa. Fue un intento de desestabilización que puede insertarse en lo que expertos denominan guerra híbrida.

Andrew Korybko –entre otros– ha trabajado el concepto y estableció un marco teórico para entender cómo se libran ahora las guerras que lleva acabo el imperialismo estadunidense en varias partes de mundo. A pesar de que no hay aún un consenso en torno a lo que es la guerra híbrida, sí hay algunas características que la definen: las tácticas asimétricas, conjunto de acciones regulares e irregulares desplegadas por el aparato militar de un Estado para hacer frente a otro tipo de actores estatales y no estatales. Hace uso de toda una serie de herramientas que están dentro del marco de una guerra convencional y también de nuevas formas como son: las guerras de información, cibernéticas, guerra no lineal para cumplir con el objetivo de debilitar a un enemigo por medios no precisamente militares.

En el caso de Korybko la guerra híbrida es el caos administrado, es la combinación de una guerra no convencional con una “revolución de colores” –al estilo de Libia, Siria, Ucrania– para lograr el cambio de régimen.

Figura 1. Fases de la guerra no convencional

Además de este modelo, los militares estadunidenses en sus revistas han avanzado en el desarrollo teórico de las nuevas formas de llevar a cabo la guerra. Un ejemplo de lo anterior es el texto El marco de Condiciones explotables. Estrategias de investigación y análisis sociocultural.

Subvierten el concepto de explotación (que en ciertas ciencias sociales está asociado a la explotación laboral o de recursos) para reapropiarse de éste y convertirlo en un arma. En dicho texto, los autores Nicole M. Laster-Loucks y Benjamin A. Okonofua mencionan que “cuando se convierte en un arma, la explotación es más eficaz y menos costosa que la guerra para obtener una ventaja sobre los rivales o para hacer que los sistemas (por ejemplo, gobiernos, instituciones, mercados, recursos) se adapten a sus intereses”.

El marco de condiciones explotables ayuda a analistas a comprender y predecir cómo, por qué y cuándo un competidor mundial aprovechará su influencia relativa para obtener una ventaja sobre sus rivales. El artículo en cuestión menciona que “es una forma de analizar el acceso y la influencia de Estados Unidos”. Hay tres formas de utilizar el modelo en el que se incorporan elementos de las ciencias sociales al análisis militar. El primero es como herramienta de organización para visualizar las vulnerabilidades y los efectos desestabilizadores. El segundo como herramienta interpretativa para dar sentido a la explotación del ambiente operacional. En último está como método para que los analistas se basen en el análisis sociocultural.

Esas condiciones explotables son: soberanías múltiples, amenazas medioambientales, incursiones transfronterizas, ideologías movilizadoras, desigualdad económica, déficit de infraestructura, tecnificación de la sociedad, gobernanza eficaz, escasez de recursos, presiones demográficas, redes ilícitas y sociedades divididas.

La “lista de Marco” es precisamente el vehículo con el cual se pueden explotar condiciones socioculturales en México para obtener una ventaja sobre él y adaptarlo a los intereses del gobierno de estadunidense de Donald Trump. A ello, se suma el amplio financiamiento del gobierno de Estados Unidos para “ganar las mentes y corazones” de la población mexicana, con recursos para medios de comunicación, think tanks y organizaciones de la sociedad civil que inciden directamente en la vida pública nacional.

De eso se trata precisamente la guerra híbrida, del caos administrado, de ser persuasivo en la paz, decisivo en la guerra y prominente en cualquier forma de conflicto. Del uso de operaciones psicológicas para subvertir el sistema social de un Estado designado como objetivo militar. De la construcción de un liderazgo velado mediante la tercerización de la desestabilización ahí donde el target se considera muy caro o políticamente sensible para que Estados Unidos persiga directa y unilateralmente.

Por lo anterior, y como mencionan los propios manuales de contrainsurgencia y publicaciones militares de Estados Unidos, uno de los aspectos clave en la forma actual que adquiere la guerra es la creación de consensos.

El manual Special Forces Unconventional Warfare, menciona que las operaciones de apoyo a la información militar (MISO) pueden hacer lo siguiente: Determinar factores psicológicos clave en el ambiente operativo; Identificar acciones con efectos psicológicos que sean capaces de causar, cambiar o reforzar comportamientos deseados en grupos o individuos objetivo identificados; Moldear las percepciones de la población para apoyar los objetivos de la guerra no convencional; Contraatacar informaciones “falsas” o “difamadoras” del enemigo que puedan minar la misión de guerra no convencional.

El marco de la injerencia

Frente a esa guerra híbrida, y a la apropiación y subordinación de las ciencias sociales por parte de instituciones militares -que no es nueva-, estamos obligados primero a divulgar esa pretensión por parte de instituciones militares y, en segundo lugar, dar claves analíticas y empíricas de la guerra híbrida sobre los países latinoamericanos.

Como ha mencionado a Contralínea el Dr. Fernando Buen Abad, en la guerra cognitiva hay un secuestro semántico y teórico de conceptos tales como guerra, paz, democracia y desarrollo, por mencionar algunos. A ese secuestro semántico se suman medios de comunicación, think tanks y, la academia.

Frente a ese intento de Estados Unidos por doblegar al pueblo de México –y otros países–, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en más de una ocasión que no se va a permitir el injerencismo, que hay coordinación sin subordinación. Frente a las “listas” filtradas a la prensa; a continuación, se presenta un cuadro con las instituciones y ONG que han recibido financiamiento en México.

Vale decir, además, que el gobierno estadunidense, el mismo que se precia de ser democrático y transparente degradó a la golpista National Endowment for Democracy (NED) de agencia a subagencia y con ello, no se puede conocer a quiénes financia. Es probable que algo similar suceda con la USAID ahora que se ha incorporado al Departamento de Estado. Sin embargo, hay información dispersa con la cual podemos reconstruir el financiamiento.

De las 224 ONG, empresas y universidades financiadas en el sexenio de López Obrador desde luego destacan más unas que otras no sólo por el financiamiento, que es importante, sino también por la red de poder que conforman. La red de poder implica una serie de interacciones, nexos, vínculos políticos, económicos, ideológicos, familiares incluso, que han servido en México para revestir de “democrático” un gobierno que carecía de legitimidad como fueron los casos de Felipe Calderón y Peña Nieto, además de proponer política pública.

Por otro, ante el cambió de gobierno en México en diciembre de 2018, sirvieron para hacer frente a la transformación, conformando un bloque opositor velado que es precisamente el objeto de estudio de las investigaciones que se han presentado.

Frente a la injerencia, fortalecimiento del Estado

A días de que asumió Trump en Estados Unidos la presidenta Sheinbaum envió dos reformas que son fundamentales en la defensa de la seguridad nacional, no sólo de la soberanía. Dichas reformas son la de artículo 19 y 40.

En cuanto al artículo 40, el primer párrafo menciona: “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la Nación, tales como golpes de Estado, injerencia en elecciones o la violación del territorio mexicano sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo”.

El segundo párrafo indica que “tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables”.

En tanto el artículo 19 establece que “a cualquier nacional o extranjero involucrado en la fabricación, distribución, enajenación, traslado o internación al territorio nacional de manera ilícita de armas, y a cualquier extranjero que realice actividades al margen de la ley vinculadas con los párrafos segundo y tercero del artículo 40 de esta Constitución, se le impondrá la pena más severa posible, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”.

Por último, hubo una operación de propaganda que dejó al descubierto a los medios de comunicación corporativos nacionales, pues reprodujeron un spot de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional contra los migrantes. Ante esta situación, la presidenta Sheinbaum reposicionó el articulo 65 de la Ley Federal de Radio y Televisión de 1960 que fue derogado por Peña Nieto.

Como se mencionó antes, en el marco de la guerra híbrida, la guerra mediática es usada para manufacturar consenso en contra de gobiernos que son objetivo de desestabilización, de eso será la siguiente entrega.

Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/