Poder Popular

Abstract

El próximo primero de junio varios estados de la República vivirán una elección atípica por partida doble, la del Poder Judicial Federal (PJF), así como la de sus respectivos poderes judiciales locales, esto en función de la reforma constitucional que el gobierno aprobó con su mayoría parlamentaria en 2024. Más allá de los profundos cambios que la reforma supone, el aspecto más inmediato, y preocupante, es el de la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros; además de una lista similar para los poderes judiciales locales, los nuevos tribunales de disciplina judicial y las magistraturas del Tribunal Electoral del PJF.

Cientos de candidatas y candidatos a un número igual de cargos han ido dándose a conocer, con profundas dificultades, debido a las restricciones institucionales previstas para la elección, aunado a una evidente falta de preparación política. Todo lo anterior, pese al ingente volúmen de voces críticas con el ejercicio electoral, las impugnaciones al mismo y una lista interminable de resoluciones espontáneas e improvisaciones hechas desde el Poder Legislativo y otros organismos, con el fin de legitimar la reforma constitucional.

Los saldos, previos a la elección judicial, son poco menos que oprobiosos para nuestra democracia, la estructura constitucional y los derechos de todos y todas. Según diré, la selección de candidaturas por los comités de evaluación de cada poder de la Unión; la introducción de la figura innovadora de los jueces sin rostro; la restructuración, a modo, de la disciplina judicial; desde luego los riesgos de intromisión criminal en las elecciones y el propio PJF, entre otros.

Diseño y Estructura

El 5 de febrero del 2024, en el aniversario de la Constitución de 1917, el presidente López Obrador anunció una veintena de reformas constitucionales que su gobierno había diseñado para ser aprobadas durante el último periodo de sesiones de la LXV Legislatura y el primer periodo de la LXVI Legislatura. Como era previsible, la premura en su presentación y la ausencia de un ejercicio deliberativo amplio y consensuado en el ámbito parlamentario derivaron en que la mayoría de dichas reformas fueran incorporadas al texto constitucional sin modificaciones sustanciales respecto a la propuesta original del Ejecutivo.

Adicionalmente, el proceso legislativo que condujo a su aprobación se caracterizó por irregularidades y apresuramientos que dieron lugar a episodios poco congruentes con la estructura constitucional mexicana, la cual, además, se encuentra fortalecida por los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Tal fue el caso de la reforma al PJF que, en los hechos y por el derecho, violenta la división de poderes y la independencia judicial.

No resulta extraño considerar que, más que una depuración del Poder Judicial Federal (PJF) de elementos presuntamente nocivos en sus sedes, la intención de la reforma radica en debilitar la ya limitada división de poderes existente en el país. Si bien es cierto que el sistema de contrapesos establecido en la Constitución ha demostrado escasa eficacia dentro del marco de un régimen predominantemente presidencialista, debe señalarse que el PJF había logrado mantener una cierta independencia respecto de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Sin embargo, esta expresión institucional de la independencia judicial ha sido, en múltiples ocasiones, objeto de desconfianza desde el Ejecutivo federal, el cual ha intentado, en diversos momentos, cooptarla. El más reciente de estos intentos fue materializado con la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de la reforma que establece la elección popular de las personas juzgadoras, iniciativa impulsada durante el primer periodo de sesiones de la LXVI Legislatura.

Aunque la base formal para reformar la Constitución fue cumplida, el proceso no estuvo exento de cuestionamientos de carácter pragmático, tales como el traslado del Pleno de la Cámara de Diputados al Deportivo Magdalena Mixhuca para la discusión y votación de la reforma, o las negociaciones políticas llevadas a cabo por la mayoría parlamentaria para asegurar su aprobación en el Senado, que incluyeron la concesión de impunidad a un senador del PAN y la cooptación de dos senadores del PRD, entre otros casos.

Pese a lo anterior, la reforma fue aprobada tanto por el Congreso de la Unión como por más de la mitad de las legislaturas locales, cumpliendo así con los requisitos establecidos para su declaratoria de constitucionalidad e incorporación formal al texto constitucional. Ello dio lugar a una serie de impugnaciones presentadas ante el propio PJF, en las que se cuestionó la constitucionalidad de la reforma con base en argumentos relacionados con diversas causas judiciales, derechos humanos y controles de convencionalidad, por mencionar algunos.

A pesar del elevado volumen de impugnaciones y promoventes, es importante señalar que no todas fueron presentadas de forma adecuada, y que las resoluciones de suspensión, tanto temporales como definitivas, carecieron en muchos casos de una fundamentación sólida por parte de las personas juzgadoras que las emitieron. La impugnación más relevante fue resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en noviembre pasado, durante una extensa sesión que concluyó con la validación de la constitucionalidad de la reforma.

Elección Judicial

Si bien la aprobación de la reforma judicial ya constituyó un proceso complejo y desordenado, la organización de los comicios destinados a elegir jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal ha resultado, hasta el momento, en un ejercicio sin precedentes en la historia democrática del país. Desde la fase de selección de perfiles idóneos para los distintos cargos jurisdiccionales, pasando por el diseño de más de 9 boletas electorales que serán utilizadas en la jornada electoral, hasta la impugnación de diversas candidaturas por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, múltiples aspectos que han generado preocupación aún antes de que se celebren las elecciones.

En escenarios particularmente inquietantes, los Comités de Evaluación han intervenido de manera que han limitado, o incluso suprimido, la posibilidad de una competencia electoral real, dando lugar a distritos en los que se presenta una sola candidatura. En virtud de la normativa electoral vigente, bastará con la emisión de un único voto en dichos distritos para obtener el cargo en disputa, lo que en los hechos convierte el proceso electoral en una formalidad vacía de contenido democrático.

En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de estrategias de campaña orientadas a enfrentar la sobrecarga de candidaturas y captar el voto de un electorado que ronda los 100 millones de personas. Estas tácticas han incluido desde la producción apresurada de canciones y coreografías, hasta la utilización de apodos llamativos con fines claramente propagandísticos.

Entre las candidaturas al Poder Judicial Federal figuran perfiles que se presentan con títulos académicos acumulativos como “señor”, “doctor” o “profesor”, y que, en conjunto con los sobrenombres empleados durante la campaña, han contribuido a que el proceso adquiera un tinte paródico. Ello, ya sea porque, conforme a sus currículums, parecerían contar con la formación, experiencia e integridad necesarias para el ejercicio de funciones jurisdiccionales de alta responsabilidad, pero eligieron participar únicamente bajo el nuevo esquema electoral; o bien, porque la trivialización de sus campañas ha dado lugar a una percepción pública de burla, que trasciende incluso la etapa proselitista.

Aunado a ello, resulta preocupante que el amplio cuerpo jurisprudencial en materia electoral, así como las buenas prácticas desarrolladas por instituciones especializadas como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE), hayan sido deliberadamente desatendidos. Tales estándares han sido reemplazados por esquemas improvisados que privilegian la operatividad inmediata, como lo evidencia la logística de contar cientos de miles de votos emitidos en múltiples boletas, lo que compromete tanto la transparencia como la legitimidad del proceso.

Tómbola y Dedazo

A lo largo del proceso de promoción de la elección judicial, la narrativa oficial ha sostenido que el principal objetivo de la reforma es devolver al Poder Judicial Federal (PJF) su carácter genuinamente popular, argumentando que dicha institución se encuentra actualmente cooptada por intereses económicos y políticos. El diagnóstico gubernamental ha señalado, entre otros aspectos, la emisión de sentencias favorables a grandes consorcios empresariales para evitar el pago de impuestos derivados de sus actividades económicas en México; la concesión de suspensiones, tanto provisionales como definitivas, que —según la postura del Ejecutivo— desatendieron el bienestar colectivo en favor de intereses particulares; así como la liberación de figuras vinculadas al crimen organizado, atribuida a presuntos vínculos entre jueces y organizaciones delictivas.

A partir de este diagnóstico, no resultaría difícil comprender la motivación detrás de una propuesta que plantea una “depuración” al interior del PJF. Sin embargo, pese a que algunos de los elementos mencionados pueden encontrar eco en la experiencia cotidiana de las y los usuarios del sistema judicial, esta caracterización no refleja de manera integral la complejidad de la situación. En este sentido, la solución planteada —esto es, la elección por voto popular de quienes habrán de desempeñar cargos como jueces, magistrados y ministros— no resuelve las causas estructurales de la crisis en la administración de justicia.

Por el contrario, el esquema diseñado para la postulación y eventual designación de candidaturas parece estar construido para favorecer a perfiles cercanos a los intereses políticos y económicos que, paradójicamente, se ha afirmado que la reforma busca erradicar. En última instancia, los efectos de tal selección se verán reflejados en la subordinación judicial a los intereses económicos y políticos que los llevaron a tales posiciones.

De la carrera judicial a la carrera electoral

Los resultados hasta ahora observables del proceso, marcados por la laxitud de los criterios empleados por los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión, son motivo de seria preocupación. Entre las candidaturas admitidas figuran personas señaladas por una amplia gama de conductas ilícitas y cuestionables: desde delitos como el robo, la extorsión, el homicidio y la violencia de género, hasta acusaciones de afiliación partidista activa y vínculos con el crimen organizado. Estos antecedentes comprometen no sólo la legitimidad del proceso electoral, sino también la integridad misma del sistema de justicia que se pretende transformar.

Como se ha mencionado previamente, el diagnóstico sobre la situación del sistema de justicia y de quienes lo operan no dista completamente de la realidad. El esquema de carrera judicial, así como el régimen de disciplina institucional a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, han demostrado ser insuficientes para prevenir que titulares de órganos jurisdiccionales incurran en conductas delictivas o se vean involucrados en señalamientos graves. Por el contrario, dicho sistema se caracteriza por un procedimiento excesivamente burocrático y lento para tramitar cualquier acusación en contra de jueces, magistrados o ministros, lo que en la práctica dificulta la rendición de cuentas efectiva.

Asimismo, la carrera judicial no ha garantizado, en términos generales, una impartición de justicia pronta, expedita y de calidad, a pesar de los argumentos de quienes defienden al Poder Judicial Federal (PJF) y advierten que la reciente reforma judicial podría derivar en un régimen autoritario, comparable con los de Venezuela o Cuba. En el extremo opuesto del espectro, hay quienes sostienen que la reforma finalmente pondrá la justicia en manos del pueblo. Se trata, en cualquier caso, de un debate sumamente empobrecido, marcado más por consignas ideológicas que por argumentos técnicos y reales.

El esquema de selección que anteriormente requería la superación de exámenes de oposición para acceder a la titularidad de órganos jurisdiccionales ha sido reemplazado por un sistema basado en la popularidad de las candidaturas, que deberán competir por alguno de los 881 cargos en disputa, en esta primera mitad de cargos electos por voto popular —el resto será electo en 2027.

Las estrategias de campaña que han proliferado en los días recientes incluyen desde materiales audiovisuales de carácter espectacular, con tintes circenses, hasta intentos infructuosos por explicar la complejidad del proceso electoral del próximo 1º de junio, el cual contempla la emisión de múltiples votos en diversas boletas.

En este mismo contexto, muchas candidaturas han optado por la banalización del proceso, recurriendo a apodos como “Dora, la Transformadora” o expresiones como “más preparado que un chicharrón”, e incluso presentando canciones cuyas letras intentan posicionar nombres, trayectorias, números y colores con el fin de facilitar su identificación en las boletas: “Pérez 3 en la azul; Martínez 27 en la verde; Juan 11 en… quién sabe cuál”.

Otras candidaturas, con mayor capacidad de operación política, han buscado el respaldo de diversas estructuras con peso electoral, tales como sindicatos, organizaciones campesinas, grupos de poder local, sectores empresariales e incluso partidos políticos, cuyas redes clientelares siguen siendo un factor determinante –a pesar de la prohibición expresa que contuvo la reforma.

Desde luego, no puede dejar de mencionarse, con preocupación, la injerencia del crimen organizado, cuya presencia real en el proceso electoral representa uno de los riesgos más graves para la legitimidad de los futuros juzgadores. No deja de ser paradójico que aquellos con mayores posibilidades de acceder al cargo no sean necesariamente los perfiles más calificados en términos jurídicos, sino los mejor posicionados políticamente.

Por último, un grupo de aspirantes ha optado por estrategias más tradicionales, abiertamente ingenuas: han sustituido traje y corbata por jeans y tenis, para emprender campañas casa por casa, bajo la premisa de que la justicia debe abandonar el escritorio y llegar al territorio. Aunque su narrativa se presenta como progresista, no cabe duda de que, frente al actual contexto, estas candidaturas resultan profundamente ilusas. La democracia mexicana sostenida en volantes… éstos viven en el país de las maravillas.

Por si fuera poco, todos y cada uno de ellos, emplearon de la peor manera las redes sociales, esperando que los likes y comentarios se conviertan en votos el próximo domingo. Como si la atención digital, que tampoco llamaron, fuese intención del voto. En una comparación cómica, los futuros jueces y juezas se creyeron Mariana Rodríguez.

48 horas

Nos guste o no, el próximo domingo México hará historia al convertirse en el primer país del mundo en elegir, mediante voto popular, a la totalidad de sus jueces federales. Esta inédita experiencia supera ampliamente los precedentes internacionales: el caso boliviano, en el que los magistrados del Tribunal Constitucional son electos por sufragio, y el estadounidense, donde ciertos jueces locales también acceden al cargo por la vía electoral.

No obstante, lejos de representar un modelo a seguir, dichos ejemplos han sido objeto de múltiples críticas por los efectos negativos que han producido sobre la imparcialidad y profesionalismo de la judicatura.

No resulta, por tanto, una exageración anticipar consecuencias preocupantes tras la jornada electoral del próximo domingo: nuevos titulares de órganos jurisdiccionales que podrían actuar bajo criterios vindicativos, guiados más por la lógica de la retribución que por el Estado de derecho; otros con vínculos comprobables o sospechosos con organizaciones criminales o partidos políticos; y muchos más carentes de experiencia, que enfrentarán una pronunciada curva de aprendizaje en el ejercicio de sus funciones. En cualquiera de los escenarios posibles, la gran víctima de esta disyuntiva —participar o abstenerse— es, sin duda, la justicia mexicana.

A ello se suma el enorme desafío logístico y operativo que implica organizar la primera de dos elecciones judiciales federales en la historia del país. Tal ha sido la complejidad del proceso, que el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha visto en la necesidad de habilitar una plataforma digital para que la ciudadanía pueda practicar el voto antes del día de la elección.

Campañas publicitarias con bardas pintadas, lonas, volantes y declaraciones desde todos los rincones del espectro político han resultado, hasta ahora, insuficientes para movilizar de manera efectiva a la población y entusiasmarla respecto de la elección judicial.

Pese a ello, el INE mantiene una proyección de participación similar a la de una elección intermedia, estimando que alrededor de 50 millones de ciudadanos acudirán a las urnas. A este esfuerzo se sumará la labor de cerca de un millón de personas que integrarán las mesas directivas de casilla. Una cosa queda clara: cuando se trata de la reforma judicial y sus efectos inmediatos, el optimismo institucional se queda corto.

El caos, sí que define la próxima elección judicial. Esto en tanto se permitirán los acordeones, institucionales o personales; no habrá cancelación de las boletas restantes que no hayan sido empleadas en las casillas electorales; las sábanas de resultados que estábamos acostumbrados a mirar a las afueras de cada casilla serán removidas sin ningún sustituto, en virtud de que el conteo se hará en las oficinas del INE más cercanas a su domicilio, sin la participación ciudadana; por mencionar algunos.

¿Poder Popular? Galimatías judicial…

Tomado de https://facetaconsciente.org/