abril 27, 2022

Pérdidas en Tula

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Tres meses después de la peor inundación en 40 años en Tula, el director general de Conagua, Germán Arturo Martínez, anunció la implementación de un plan de obras para desazolvar al Río y proteger los asentamientos urbanos.

El centro histórico de ese municipio, gobernado por el perredista Manuel Hernández Badillo, sigue devastado a siete meses del desbordamiento. Más de 1,300 locales comerciales están cerrados y sus dueños aun buscan desesperados apoyos de las instancias estatales y federales para reanudar sus actividades productivas, dañadas incluso antes, por la pandemia.

Previamente, las acciones del gobierno federal contra las bandas criminales que sustraen hidrocarburos en aquella región ya habían impactado negativamente las actividades productivas en aquella región de la entidad hidalguense, que tienen en las operaciones de la planta cementera y la refinería, a sus principales motores económicos.

El mismo día que el titular de Conagua y el alcalde perredista recorrían las márgenes del Río Tula, el secretario general del gobierno estatal, Simón Vargas Aguilar, recibía información de primera mano sobre el conflicto entre los socios de la cooperativa Cruz Azul. La facción encabezada por Federico Sarabia y Pablo Reséndez mantenía el control de la cementera ubicada en Tula.

El grupo encabezado por Víctor Velázquez y José Antonio Marín había logrado que las autoridades federales emprendieran acciones legales contra Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo encabezado por Sarabia, al que acusaron por el robo de cemento, despojo y lavado de dinero. Después del conflicto por la planta ubicada en Lagunas, Oaxaca, en octubre del 2020, la repetición de un choque entre los cooperativistas por la cementera en Tula era el peor escenario para las autoridades hidalguenses.

Desde entonces, el Congreso de Hidalgo —entonces de mayoría morenista, era encabezado por el diputado Ricardo Baptista— exhortó a las instancias estatales y federales para atender las peticiones de los cooperativistas, mediar en el conflicto y preservar la paz en la región.

Inicialmente, el Ejecutivo federal había encargado esa tarea al subsecretario Alejandro Encinas, aunque posteriormente intervino el entonces titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo. Tras del arribo de Adán Augusto López Hernández al Palacio de Covián, los cooperativistas trataron nuevamente de hacer valer sus posturas.

La sede central de la cooperativa Cruz Azul, en la colonia Del Valle, está asegurada por las autoridades judiciales. Las cuatro plantas —las otras dos están en Aguascalientes y Puebla— mantenían operaciones y ventas… hasta ayer, que en Tula suspendieron actividades luego de la fallida irrupción de los simpatizantes de Velázquez y Marín, que dejó un saldo rojo.

Los primeros choques ocurrieron en la subestación eléctrica de la CFE en Jasso —la comunidad hidalguense donde está asentada la cementera—, que fue destruida. Los hornos de la planta nunca habían dejado de funcionar, en cuatro décadas.

El secretario del Gobierno hidalguense nunca llamó a las partes a dialogar. Hace dos meses, el grupo que mantiene ocupada la planta de la Cruz Azul en Tula propuso entregar esas instalaciones. En el Palacio de Covián habían encargado el seguimiento de este conflicto al subsecretario Rabindranath Salazar.

La única condición era que no se les expulsara. Hace 10 días, el grupo mayoritario celebró una asamblea general que por unanimidad decidió liquidar a los 210 socios disidentes y excluir definitivamente a Billy Álvarez de la cooperativa.

En Gran Sur fue la asamblea del bloque mayoritario. En la planta de Tula —simultáneamente— también hubo asamblea y la minoría decidió reforzar la vigilancia en los accesos a la cementera. Una decisión que tuvo efectos: ninguno de los ocho fallecimientos era de los suyos.

Después de los enfrentamientos de ayer, el gobernador Omar Fayad instruyó a su secretario de Gobierno y al procurador estatal para “impulsar mesas de diálogo entre las partes”. Una propuesta tardía y ahuecada.

A los damnificados por las inundaciones y los obreros de la refinería que han perdido su fuente de empleo, se suman los trabajadores de la Cruz Azul y sus familias. El colapso económico de Tula y su zona conurbada resultará irrevocable, si prevalecen la polarización y la politización de estos conflictos sociales.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.

Tomado de https://www.eleconomista.com.mx/