Según un informe, la afirmación de que Irán podría haber financiado a Palestine Action fue difundida en la prensa británica por una empresa de relaciones públicas que trabaja para una empresa de armas israelí.
The Times informó en junio de que el Ministerio del Interior había iniciado una investigación ante la preocupación de que el régimen de Irán estuviera haciendo donaciones al grupo «a través de intermediarios». La historia, que Palestine Action describió como «infundada», fue retomada posteriormente por el Daily Mail.
Georgia Pickering, directora general de la empresa de relaciones públicas CMS Strategic, fue escuchada atribuyéndose el mérito de haber conseguido que la historia saliera en los periódicos, según informó la semana pasada la revista Private Eye, citando a un «testigo de confianza».
CMS Strategic, que trabaja para Elbit Systems, declaró a la revista que era categóricamente falso que la empresa estuviera involucrada en la historia.
La historia de The Times en junio se produjo cuando el Ministro del Interior estaba recabando apoyo para la ilegalización de Palestine Action como organización terrorista.
«La historia fabricada salió a la luz días antes de que el Parlamento votara la ilegalización de Palestine Action», escribió Huda Ammori, cofundadora del grupo, en X.
Cuando Private Eye se puso en contacto con el Ministerio del Interior para obtener comentarios en ese momento, un portavoz dijo que no reconocía las afirmaciones sobre la financiación de Irán.
Las fábricas de armas de Elbit han sido objeto repetido de ataques por parte de Palestine Action en redadas que han causado daños por valor de millones de libras a lo largo de varios años.
En un incidente cerca de Bristol en agosto del año pasado, activistas utilizaron una furgoneta de la prisión para atravesar el perímetro de una instalación de investigación y fabricación de Elbit, donde dañaron modelos de un dron quadcopter utilizado en el genocidio en Gaza. Los Filton 24, como se les conoce, siguen en prisión preventiva a la espera de juicio, en un caso que se ha convertido en emblemático de la represión del gobierno contra las protestas de acción directa.
Palestine Action también atacó las oficinas de CMS en 2024, rociándolas con pintura roja.
En junio, cinco miembros del grupo supuestamente irrumpieron en una base de la RAF en Brize Norton en scooters y rociaron dos aviones Voyager con pintura roja, causando supuestamente daños por valor de 7 millones de libras.
La incursión en Brize Norton fue utilizada como justificación por la entonces ministra del Interior, Yvette Cooper, para su plan de ilegalizar Palestine Action. La decisión entró en vigor el 5 de julio, lo que supuso la primera vez que un grupo de acción directa no violenta era proscrito en virtud de la ley antiterrorista del Reino Unido.
La prohibición se ha topado con una desobediencia civil a gran escala. Más de 2.000 personas han sido detenidas en virtud de las leyes antiterroristas por sostener carteles que decían: «Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action», según Defend Our Juries, que organiza las protestas.
El artículo de The Times también citaba a una organización llamada NGO Monitor, que acusaba a Palestine Action de «falta de transparencia y rendición de cuentas» en sus finanzas.
El artículo describía a NGO Monitor como «un instituto de investigación que exige responsabilidades a los grupos de campaña y promueve la transparencia», pero no mencionaba su postura pro-Israel.
En su página web, el grupo describe la campaña de Boicot, Desinversión y Sanciones contra Israel como un «castigo colectivo inmoral de los israelíes» y dice que «las ONG retratan falsamente el conflicto árabe-israelí como una disputa motivada por un supuesto odio racial judío hacia los árabes».
El ex embajador israelí en Sudáfrica Ilan Baruch escribió un informe en 2018 acusando a NGO Monitor de «difamar a las organizaciones de derechos humanos que critican la ocupación israelí».
El 25 de noviembre, el Tribunal Superior celebrará una revisión judicial de la prohibición de Palestine Action que podría conducir a que se revoque su ilegalización. El Ministerio del Interior intentó impedir que la revisión siguiera adelante, pero el Tribunal de Apelación falló en contra el mes pasado.
Tomado de https://novaramedia.com/





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