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(12 DE DICIEMBRE, 2025).-Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y preso desde 2017, enfrenta un nuevo revés judicial que compromete su posible liberación prevista para abril de 2026. La Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy, reactivó una investigación por presunto desvío de recursos federales, convirtiéndose en el segundo caso descongelado en una semana contra exfuncionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto, luego de la reapertura del expediente contra César Duarte.
De acuerdo con diversos medios nacionales, la FGR presentó en noviembre una nueva acusación ante un juez federal por el desvío de aproximadamente 10 millones de pesos que debían destinarse a programas de salud en Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación documentó que durante la gestión de Duarte, entre 2010 y 2016, se acumuló una deuda estatal de al menos 62 mil millones de pesos derivada de múltiples irregularidades en el uso de recursos públicos.
Fuentes consultadas por el diario Milenio detallaron que la denuncia fue presentada por la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, ahora por el delito de peculado. Duarte ya cumple una condena de nueve años por lavado de dinero y delincuencia organizada, luego de haber sido extraditado desde Guatemala en 2017.
La nueva acusación sería apenas la primera de alrededor de 100 investigaciones susceptibles de ser judicializadas, relacionadas con operaciones irregulares durante su administración. Testimonios de Tarek Abdalá Saad, ex tesorero de Veracruz y colaborador de la FGR, señalaron que Duarte utilizó empresas fantasma y cuentas simuladas para desviar fondos públicos a gastos personales, incluyendo comidas, ropa e inmuebles. Según ese testimonio, recibió instrucciones directas de Duarte y de titulares de la Secretaría de Finanzas para entregar grandes cantidades de dinero en efectivo.
Estas declaraciones han derivado en procesos penales contra al menos seis exfuncionarios adicionales, entre ellos el propio Abdalá.
En noviembre, el periódico El País reveló que la defensa de Duarte solicitó la libertad anticipada, pero la jueza federal Ángela Zamorano la negó debido a que continúa abierto un proceso por presunta obstrucción en una investigación relacionada con desaparición forzada. La jueza determinó que debía concluir su condena de manera ordinaria.
Ahora, con la nueva imputación, la posibilidad de que Duarte obtenga su libertad en 2026 se ve nuevamente comprometida. En caso de ser vinculado a proceso, la FGR podría solicitar prisión preventiva justificada, lo que impediría su salida del Reclusorio Norte.
La nueva acusación fue autorizada por el Gobierno de Guatemala el 26 de noviembre, conforme a los términos de la extradición. Un día después, un juez ordenó la audiencia inicial, pero Duarte envió una carta alegando problemas de salud, lo que motivó su suspensión. La audiencia está pendiente de nueva fecha.
Duarte fue expulsado del PRI en 2016 debido a su historial de corrupción. En 2017, aceptó declararse culpable por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la Fiscalía reclasificara el delito originalmente imputado como delincuencia organizada.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/



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