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Portada: Jerge
(13 NOVIEMBRE, 2025).-El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y de uno de los conglomerados más importantes del país, se reunió en El Salvador con el presidente Nayib Bukele, encuentro que él mismo dio a conocer a través de su cuenta en X (antes Twitter).
En su publicación, Salinas Pliego afirmó que ambos conversaron sobre la importancia de garantizar seguridad y justicia equitativa para los mexicanos, y elogió al mandatario salvadoreño al describirlo como “un verdadero capitán de barco que sabe navegar en todos los mares y dar resultados”. En contraste, arremetió contra el gobierno mexicano, al que calificó de “inepto y corrupto”.
“Hoy estoy en el bello y seguro país de El Salvador, con mi amigo @nayibbukele”, escribió el empresario, acompañando el mensaje con fotografías del encuentro.
Durante su conversación con Bukele, Salinas Pliego aseguró que, si fuera presidente de México, su prioridad sería “declarar la guerra a los criminales” y utilizar toda la fuerza del Estado “para restablecer el orden y garantizar la paz a las familias mexicanas”.
El magnate, que en los últimos meses ha dejado entrever su interés en incursionar en la política y no ha descartado una posible candidatura presidencial, reiteró su visión de lo que considera un buen gobierno:
“Debe asegurarse de que las carreteras estén seguras, las calles bien iluminadas y sin baches, y de que la gente pueda trabajar en paz para prosperar”.
Salinas Pliego viajó a El Salvador para participar como ponente en un foro sobre bitcóin, realizado en el Centro Histórico de San Salvador, que reúne a inversionistas y entusiastas internacionales de la criptomoneda.
Su visita ocurre mientras su grupo empresarial enfrenta en México una disputa con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 74 mil millones de pesos en adeudos fiscales, distribuidos en 32 litigios.
El pasado 29 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que su administración evalúa una salida legal para resolver el conflicto con las empresas de Salinas Pliego, subrayando que cualquier acuerdo se hará “en estricto apego a la ley”.
Las políticas de Nayib Bukele en El Salvador, a pesar de ser presentadas como un modelo de “mano dura” y “eficiencia contra el crimen”, representan una grave amenaza para los derechos humanos y el Estado de derecho. Detrás del discurso triunfalista sobre seguridad y reducción de homicidios, se esconde un régimen autoritario que ha normalizado la represión, el miedo y la eliminación de las garantías constitucionales.
Desde la instauración del llamado régimen de excepción, miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas sin pruebas, sin acceso a defensa legal y sin procesos judiciales justos. Las organizaciones internacionales —incluidas Amnistía Internacional y Human Rights Watch— han documentado torturas, desapariciones forzadas y muertes en prisión, mientras el gobierno responde con silencio o propaganda.
Bukele ha convertido las cárceles en símbolos de castigo masivo más que en centros de justicia, promoviendo imágenes de hombres semidesnudos, esposados y sometidos, como trofeos mediáticos de su poder. Esa política no combate la violencia: la desplaza, la encubre y la utiliza políticamente.
Además, la concentración de poder en el Ejecutivo, la destitución de jueces y fiscales incómodos y el control del aparato legislativo y judicial han desmantelado los contrapesos institucionales que sostienen una democracia. Su gobierno ha impulsado una narrativa de “eficacia autoritaria” que pretende justificar la suspensión indefinida de derechos fundamentales bajo la promesa de seguridad.
La popularidad de Bukele no puede confundirse con legitimidad democrática. Gobernar sin rendición de cuentas ni respeto por la ley no es fortaleza, sino peligro. Si bien su discurso de orden atrae a sectores cansados de la violencia, su modelo siembra las bases de un Estado policial, donde la seguridad se impone por la fuerza y no por la justicia.
En suma, el “milagro salvadoreño” que Bukele presume al mundo tiene un alto costo humano: la erosión de las libertades civiles, el miedo como herramienta de control y la pérdida de confianza en el derecho. Lo que parece una victoria contra las pandillas podría terminar siendo una derrota histórica para la democracia en América Latina.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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