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(12 DE AGOSTO, 2025).-Este lunes, el juez, Jonathan Francisco Izquierdo, determinó no vincular a proceso al activista acusado por tráfico de personas y delincuencia organizada, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana A. C., quien fue detenido el 5 de agosto en Tapachula, Chiapas, mientras organizaba una caravana migrante.
Tras seis días en el Centro de Reinserción Social No. 3 de Tapachula, el activista fue liberado luego de que Francisco Izquierdo considerara que no existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.
Durante la audiencia, los abogados de García Villagrán presentaron pruebas que acreditaron su actividad como activista, como ser beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), así como la documentación oficial de la asociación civil que dirige.
Ante esta situación, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, expresó que él “no había visto una cosa igual”, al señalar que el juez ni siquiera había analizado 75 pruebas que fueron presentadas tanto por el Instituto Nacional de Migración como por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por su parte, la titular de la SEGOB, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que Luis García Villagrán formaba parte del mecanismo de protección a personas, pero aclaró que no por ello se impide que se actúe judicialmente si existe una orden de aprehensión emitida por un juez.
Diversas asociaciones han denunciado preocupación por la criminalización del García Villagrán en el debate público, lo cual podría vulnerar de forma grave el principio de presunción de inocencia. Asimismo, han asegurado que esta persona se ha dedicado a la defensa de derechos humanos en la frontera sur de México pese a haber sido víctima de tortura en 2007 y que, debido a las presiones del gobierno de Estados Unidos para detener los flujos migratorios y la insistencia de García Villagrán de organizar caravanas migrantes como forma de denuncia de la falta de mecanismos para su atención, su activismo se ha vuelto incómodo. (https://prami.ibero.mx/wp-content/uploads/2025/08/COMUNICADO-LGV-100825-4.pdf)
Mientras tanto, la FGR cuenta con un plazo legal para presentar la apelación para buscar revertir la decisión del juez, a la par que se iniciarán carpetas de investigación contra, según Gert Manero, una persona que, detrás de él, “existen grandes fortunas que están victimizando a miles de personas”.
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Tomado de https://elchamuco.com.mx/
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