Ciudad de México.– La nueva fiscal general de la República, Ernestina Godoy, recibió una denuncia penal más contra el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ahora por su presunta participación en un esquema de “huachicoleo fiscal” que, según los promoventes, operó desde el gobierno estatal y golpeó las finanzas públicas federales y locales.
La querella fue presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el diputado federal Sergio Gutiérrez Luna y el presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, acompañados por Lupita Gómez, dirigente estatal de Morena en Tamaulipas. Los tres enmarcaron el caso como la continuación de una ofensiva legal que arrancó en el Congreso local y ahora se coloca directamente en el escritorio de la máxima instancia de procuración de justicia.
“Venimos a pedir que se abra una investigación formal por huachicoleo fiscal. No puede haber intocables, aunque se escondan del otro lado de la frontera”, dijo Gutiérrez Luna al salir del edificio de la FGR, en referencia al exgobernador, a quien señala de resguardarse en ciudades de Texas.
Prieto Herrera insistió en que Cabeza de Vaca huyó a Estados Unidos y sostuvo que, desde allá, “intenta evadir la justicia” mientras enfrenta causas abiertas en México.
Punto de acuerdo en Tamaulipas y expediente en la FGR
La denuncia presentada en la Ciudad de México surge luego de que el pasado 4 de noviembre, el Congreso de Tamaulipas aprobó un punto de acuerdo para pedir formalmente a la FGR que investigue al exgobernador por un conjunto de delitos federales: operaciones con recursos de procedencia ilícita, uso indebido de facultades, encubrimiento de delitos fiscales, contrabando de hidrocarburos, extorsión y otros relacionados.
En esa misma ruta, la exposición de motivos advirtió que, durante el sexenio de Cabeza de Vaca, se creó el Servicio de Administración Tributaria del Estado –un “minisat”, como lo han llamado los legisladores– que habría operado al margen de la Ley de Coordinación Fiscal, duplicando funciones de la Secretaría de Finanzas y asumiendo facultades exclusivas de la autoridad federal en materia de comercio exterior.
De acuerdo con Prieto Herrera, ese aparato sirvió para montar operativos de revisión y decomiso de pipas y tractocamiones con combustible, así como para presionar a transportistas y empresarios con amenazas de auditorías y bloqueos de rutas, a cambio de dinero o de “arreglos” que nunca quedaban por escrito.
“Eso es huachicoleo fiscal: no es sólo el robo físico de combustible, sino el uso del Estado para encubrirlo con papeles”, ha resumido el legislador en distintos foros.
La denuncia entregada este 8 de diciembre pide a la FGR que integre esas acusaciones con las investigaciones ya abiertas contra el exmandatario, para determinar si existe una red de funcionarios y particulares que se benefició de la operación de ese “minisat” y de esquemas con empresas factureras que simulaban pago de impuestos sobre combustibles.
En el caso de Tamaulipas, el señalamiento de los legisladores es que el SAT estatal creado en 2020 habría servido para convalidar operativos irregulares realizados desde 2019 por áreas de Finanzas e Ingresos, en coordinación con cuerpos de seguridad, y que detrás de esos operativos habría existido un flujo de recursos que no llegó completo ni a la hacienda federal ni a la estatal.
Por ello, la querella no sólo pide investigar a Cabeza de Vaca, sino también a exfuncionarios de Finanzas, Seguridad y del propio órgano recaudador estatal, así como a los beneficiarios privados de la red de facturas y operativos.
Cabeza de Vaca responde desde el extranjero
Francisco García Cabeza de Vaca respondió a la ofensiva legal con un mensaje difundido en redes sociales y en videoconferencias con medios. En su versión, las denuncias forman parte de una “persecución política” derivada de sus críticas a los gobiernos surgidos del movimiento oficialista.
El exgobernador asegura que durante su administración “destapó el huachicol fiscal” y que las acusaciones buscan castigar esa postura. Incluso ha calificado a algunos de sus denunciantes como “voceros de narcogobiernos”, y ha intentado voltear la narrativa al acusar a mandos de distintos estados de tener cercanía con grupos criminales.
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Tomado de https://elefanteblanco.mx/
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