Dos tribunales separados fallaron en contra de las políticas arancelarias comerciales de Donald Trump, considerándolas ilegales. Si bien un tribunal de apelaciones suspendió temporalmente estos fallos, las derrotas iniciales representan un revés significativo para el expresidente.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que la Constitución ya otorga al presidente la autoridad unilateral sobre la política comercial, una afirmación que contradijeron expertos legales y los tribunales. Sin embargo, el propio Trump reveló más tarde su verdadera objeción en una publicación en redes sociales. Argumentó que exigir la aprobación del Congreso para los aranceles sería una limitación inaceptable del poder presidencial, afirmando que «destruiría completamente el poder presidencial».
La declaración de Trump revela un desdén por el proceso legislativo establecido. Él considera la necesidad de trabajar con el Congreso, incluso un Congreso controlado por su propio partido, como un impedimento para su capacidad de gobernar como él considera conveniente. Esto destaca un desprecio más amplio por los controles y equilibrios, sugiriendo que el estado de derecho debería someterse a su voluntad.
El incidente subraya las tendencias autoritarias de Trump, como lo señalaron comentaristas como Greg Sargent de The New Republic. Las propias palabras de Trump demuestran la creencia de que el poder presidencial debe ser absoluto, sin restricciones legales ni la necesidad de cooperación congresal. Su frustración no proviene de una falta de voluntad política, sino de un rechazo fundamental a las restricciones inherentes a un sistema democrático.
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