Los retos para el futuro del gobierno de sheinbaum

El domingo 5 de octubre, en un acto multitudinario y profundamente entusiasta, al que asistieron cientos de miles de personas, celebramos el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha consolidado un respaldo popular amplio y firme, demostrado con creces en el Zócalo de la Ciudad de México.

La presidenta, primera mujer en la historia de nuestro país en ejercer el Poder Ejecutivo, llega a esta fecha con la satisfacción de haber mantenido la estabilidad económica frente a las amenazas arancelarias y a las presiones del exterior.

Ha enfrentado con energía las propuestas abiertamente intervencionistas del expresidente Donald Trump, quien ha sugerido enviar tropas a México bajo el pretexto de combatir al narcotráfico. Ella ha reiterado, con firmeza, que México es una nación soberana y que jamás permitirá fuerzas militares extranjeras en su territorio.

En el mitín, la presidenta subrayó los principales logros de la Cuarta Transformación. Destacó la reducción de la población en situación de pobreza, el fortalecimiento de los programas sociales y la estabilidad económica alcanzada.

También, enfatizó que el país evitó una recesión y logró un crecimiento de 1.2 por ciento, manteniendo al peso mexicano por debajo de los 19 pesos por dólar. E informó que el desempleo se ubica en 2.7 por ciento, mientras que la inflación anual, en septiembre, se situó en 3.7 por ciento.

Insistió, además, en que la brecha de desigualdad entre el 10 por ciento más rico y el 10 por ciento más pobre se redujo de 27 a 14 veces en 2024. Asimismo, recordó que la pobreza, que durante la “larga noche neoliberal” afectaba al 45 por ciento de la población, ha descendido al 29 por ciento. Son 13 millones 500 mil mexicanas y mexicanos los que han salido de la pobreza en los últimos años, fruto de una política social sostenida y prioritaria.

La presidenta llega con fuerza y con una popularidad cercana al 79 por ciento, superior a la de su predecesor y a la de cualquiera de los cuatro presidentes anteriores.

Ha logrado sacar adelante la reforma al Poder Judicial, que durante décadas se mantuvo al servicio del viejo régimen, de los intereses de Washington, de las corporaciones extranjeras y de los grupos oligárquicos nacionales.

En su discurso en el Zócalo, destacó la continuidad en el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Informó que la Refinería Olmeca, antes llamada Dos Bocas, ya produce un promedio de 270 mil barriles diarios de petrolíferos, y anunció que para 2026 estarán en pleno desarrollo 23 Polos de Bienestar. Asimismo, comunicó la construcción del Tren del Golfo de México, una obra estratégica para la conectividad nacional.

Entre las nuevas iniciativas, la presidenta mencionó el Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, el prototipo del vehículo eléctrico Olinia, los avances en diseño de semiconductores, y los proyectos de satélites nacionales, además del vehículo aéreo no tripulado fabricado completamente en México.

En materia de seguridad, reportó una disminución del 32 por ciento en los homicidios. Su gobierno ha desmantelado laboratorios de producción de fentanilo y otras drogas sintéticas. Igualmente, ha logrado la detención de cientos de criminales y la incautación de toneladas de estupefacientes, lo que demuestra una estrategia enfocada en la inteligencia y la coordinación.

Para 2025, señaló que sin aumentar impuestos, el Estado recaudará 500 mil millones de pesos adicionales en comparación con el año anterior, recursos que se destinarán directamente a la población.

Además, anunció tres nuevos programas sociales: Apoyo a mujeres de 60 a 64 años, que garantizará recursos a este grupo antes de acceder a la pensión universal; extensión de las becas Rita Cetina, que otorgan 103 dólares bimestrales a familias con estudiantes de primaria y secundaria; y el programa de salud Casa por xasa, enfocado en atención preventiva y acceso universal.

Gracias a estas políticas, los programas sociales ya benefician al 89 por ciento de las familias mexicanas y alcanzan a 33 millones de personas.

La presidenta se pronunció con firmeza contra la corrupción y la impunidad, reafirmando la política de austeridad republicana. Ha revelado grandes tramas de contrabando de combustible y evasión fiscal, conocidas como el “huachicol fiscal”, que ocasionaron un desfalco de 600 mil millones de pesos e involucraron a funcionarios de alto nivel, empresarios, agentes aduanales y miembros del crimen organizado.

Entre los casos más sonados mencionó la detención de Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad de Tabasco, y los escándalos por los viajes lujosos de servidores públicos y militantes, que consideró inadmisibles en un gobierno que se debe al pueblo.

Ahora comienza el segundo año de su mandato, un periodo que abre grandes oportunidades para el país. Para aprovecharlas es indispensable romper la inercia del viejo régimen y avanzar con medidas audaces que transformen de fondo la vida nacional, haciendo valer la consigna histórica: “Primero los pobres”.

La presidenta Sheinbaum, por su popularidad, el control político de las cámaras legislativas y la ausencia de un Poder Judicial hostil, tiene ante sí la posibilidad de tomar decisiones históricas. Puede inaugurar una nueva etapa de soberanía y justicia social, enfrentando con dignidad las amenazas del agresivo vecino del norte.

También reafirmó que, en materia de política exterior, México mantendrá su tradicional solidaridad con los pueblos del mundo, rompiendo relaciones de todo tipo con el Estado de Israel en respuesta a sus acciones de violencia contra el pueblo palestino.

La presidenta tiene hoy la fuerza y la oportunidad de impulsar un nuevo modelo político, económico y social que no solo mitigue los síntomas, sino que resuelva de raíz los grandes problemas nacionales. Es momento de construir un Estado fuerte, capaz de promover un desarrollo acorde con nuestras necesidades y no con las imposiciones externas.

Durante décadas, el producto interno bruto de México creció a un ritmo de 6 por ciento anual, pero con el neoliberalismo cayó a menos del 2 por ciento. Por ello, la presidenta debe aprovechar la próxima discusión del presupuesto para dar un salto cualitativo, destinando más recursos a la inversión productiva, la infraestructura, el empleo, la salud y la educación.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el presupuesto para 2026 asciende a 10 billones 100 mil millones de pesos, lo que representa un aumento real de 5.9 por ciento respecto al año anterior.

Sin embargo, los ingresos serán de 8 billones 700 mil millones, de los cuales 5 billones 830 mil millones de pesos provendrán de ingresos tributarios, que se prevé aumenten 547 mil millones en comparación con 2025. Frente a las amenazas de Donald Trump y las presiones externas, la presidenta debe fortalecer las finanzas públicas mediante medidas audaces.

Si la presidenta toma tres decisiones clave, habrá recursos suficientes para garantizar el desarrollo. La primera es suspender el pago de la deuda pública, auditarla, negociarla y reestructurarla para aliviar la carga sobre los hombros de la población. Esta medida liberaría 1 billón 700 mil millones de pesos que podrían destinarse, en uno o dos años, a proyectos de desarrollo y bienestar.

La segunda medida es establecer una reforma fiscal progresiva, para que pague más quien más gana, y la tercera, imponer un impuesto a las grandes fortunas. Estas acciones permitirían alcanzar un crecimiento sostenido cercano al 6 por ciento, como el que prometió en su momento el presidente López Obrador.

También es indispensable fortalecer el sector público, de manera que impulse cooperativas y pequeñas y medianas empresas, generadoras de empleo y dinamizadoras de la economía local.

Hoy, sin embargo, el presupuesto asigna 1 billón 700 mil millones de pesos al servicio de la deuda, una cifra desproporcionada que equivale al 4.1 por ciento del PIB. Es inaceptable que el país destine más recursos al pago de acreedores que a educación, salud, infraestructura y programas sociales.

El sistema público de salud continúa colapsado por décadas de políticas neoliberales. Son necesarias inversiones de gran escala para que las instituciones recuperen su capacidad de atención. Es evidente la falta de médicos, los retrasos en consultas, la carencia de medicamentos y el deterioro de hospitales públicos.

Además, urge generar empleo formal. En el último año, de agosto a agosto, se crearon apenas 62 mil empleos formales, cuando la demanda laboral crece en un millón de puestos cada año. A esto, se suman los despidos masivos provocados por las amenazas arancelarias: 112 mil empleos perdidos en la industria manufacturera y 140 mil en la construcción.

El problema del desempleo es estructural y requiere una solución inmediata. Millones de personas se encuentran fuera de la población económicamente activa no por decisión propia, sino por la falta de oportunidades. Y entre quienes trabajan, la mayoría lo hace en la informalidad, sin seguridad social ni prestaciones. Incluso dentro del empleo formal, persisten las violaciones a los derechos laborales.

Otro tema fundamental es el de las concesiones de agua y minería. La propuesta reciente de reformar, en lugar de derogar, la Ley Nacional de Aguas de 1992, junto con el envío al Congreso de una nueva Ley General de Aguas, representa un retroceso evidente. Estas iniciativas protegen a los grandes acaparadores y afectan gravemente a productores agrícolas y familias.

La presidenta debe escuchar y atender las propuestas del movimiento “Agua para Todxs, Agua para la Vida” y de la Contraloría Nacional Autónoma del Agua, que plantean desprivatizar el recurso, garantizar un acceso equitativo y obligar a la Conagua a revocar los volúmenes concesionados que los grandes usuarios no han pagado.

Asimismo, es necesario democratizar la gestión del agua mediante la creación de Consejos Regionales de amplia participación, con capacidad para acordar planes inmediatos y vinculantes. Se debe garantizar un servicio público de calidad, detener la sobreexplotación de acuíferos, restaurar ecosistemas, transparentar la información y combatir la contaminación y el fracking.

Las abundantes lluvias de este año nos muestran que es posible enfrentar las sequías con una estrategia nacional de captación y aprovechamiento del agua de lluvia. Debemos cosecharla, evitar su contaminación y promover programas de saneamiento y reutilización. De igual manera, se requiere construir terrazas y gaviones, utilizar materiales permeables en calles y banquetas para recargar los mantos acuíferos, e impulsar el uso de baños secos para reducir el desperdicio.

La ley minera aprobada en el sexenio anterior es insuficiente y complaciente con las corporaciones extranjeras. Quienes más padecen sus efectos son los pueblos originarios, que enfrentan desplazamientos, contaminación y despojo de sus territorios. En el discurso oficial se exalta a la mujer indígena, pero en la práctica se le vulnera y se le margina.

Un ejemplo de ello es la Norma 020, que afecta a las parteras y médicos tradicionales, figuras esenciales para la salud comunitaria. Son ellas las más golpeadas por las políticas que favorecen la mercantilización de los servicios y el control institucional sobre prácticas ancestrales.

En materia de justicia, el país vive aún bajo estructuras ineficaces, selectivas y clasistas. Los tribunales y fiscalías siguen sirviendo a intereses políticos o económicos, no al pueblo. La impunidad es la norma; y la corrupción, un sistema.

Es urgente refundar el Poder Judicial, eliminar los privilegios de jueces y magistrados, y establecer mecanismos de elección popular y revocación de mandato que garanticen que los servidores públicos respondan al pueblo, no a los poderosos.

Sin una transformación profunda del Poder Judicial no habrá Cuarta Transformación real. Mientras existan jueces que absuelven a corruptos y condenan a inocentes, la justicia seguirá siendo un instrumento del dominio y no de la libertad. La presidenta Sheinbaum debe impulsar un cambio constitucional que ponga fin al pacto de impunidad y permita construir un nuevo sistema basado en la verdad y la reparación.

En el terreno político, el país enfrenta un reto histórico: consolidar una democracia participativa que supere el modelo representativo y clientelar heredado del pasado. No basta con ganar elecciones; hay que democratizar la vida pública. La reforma electoral propuesta debe garantizar autonomía ciudadana, transparencia y equidad, sin permitir que los órganos electorales se conviertan en feudos de intereses partidistas.

La presidenta Sheinbaum tiene la oportunidad de refundar la política mexicana, erradicar el viejo corporativismo y romper la dependencia del dinero privado en las campañas. Hay que reducir los gastos electorales, eliminar el control de las cúpulas y abrir paso a la organización popular. El pueblo debe decidir quiénes lo representan, sin mediaciones ni imposiciones.

En ese mismo sentido, resulta fundamental fortalecer el papel del Estado frente a los grupos empresariales que históricamente han secuestrado las decisiones nacionales. No se trata de ahuyentar la inversión, sino de subordinar el capital al interés público. Las grandes empresas deben contribuir al desarrollo del país, no condicionarlo.

Nuestra soberanía también está en juego. Las amenazas de Donald Trump, que pretende imponer aranceles y condicionar nuestras exportaciones, muestran la fragilidad de nuestra economía frente a la dependencia externa. No podemos seguir siendo el patio trasero de Estados Unidos. Es tiempo de reconstruir la independencia económica y diplomática, diversificar nuestros mercados y fortalecer las relaciones con América Latina, África y Asia.

El papel de México en el mundo debe responder a una política exterior de principios y dignidad, no de sumisión. Debemos recuperar el espíritu del doctrinario Juárez, del cardenismo, de la solidaridad latinoamericana y apoyar las causas justas de los pueblos que luchan por su autodeterminación.

La Cuarta Transformación no puede quedarse en discurso. Debe traducirse en una nueva estructura económica, política y cultural que rompa definitivamente con el neoliberalismo. Ello requiere planificación nacional, una nueva Constitución económica y un Estado rector del desarrollo. Solo así se podrá garantizar el bienestar colectivo y una distribución justa de la riqueza.

En lo social, la pobreza y la desigualdad siguen siendo heridas abiertas. Casi la mitad de la población vive con ingresos insuficientes. No bastan los programas de asistencia; se necesita una política de redistribución estructural, con salarios dignos, seguridad social universal y acceso equitativo a la tierra y la vivienda.

La presidenta debe dar continuidad a los avances logrados, pero con una visión más profunda: pasar de los apoyos al derecho, del beneficio condicionado al reconocimiento ciudadano. El pueblo no debe agradecer, debe exigir y ejercer lo que le pertenece por justicia.

Asimismo, debemos revalorar la cultura como fuerza transformadora. La cultura no es un adorno ni un lujo, sino un instrumento de conciencia. Es necesario fortalecer la educación pública, el arte comunitario, la memoria histórica y la producción cultural crítica. No hay transformación posible sin pensamiento libre.

A lo largo de nuestra historia, cada generación ha tenido la oportunidad de definir el rumbo del país. Hoy, esa responsabilidad recae en la presidenta y en el pueblo que la acompaña. Ella encarna la posibilidad de consolidar un nuevo pacto social, un México con justicia, soberanía y dignidad. Pero esa tarea no puede realizarla sola; necesita el respaldo consciente de una ciudadanía organizada y vigilante.

La Revolución Mexicana no ha terminado. Sigue viva en cada lucha obrera, campesina, feminista, indígena, ambiental y estudiantil que enfrenta el poder y exige dignidad. El reto de este gobierno es unir esas fuerzas dispersas y convertirlas en motor de una transformación real, profunda y duradera.

El pueblo mexicano tiene una larga tradición de resistencia. Ha soportado dictaduras, saqueos, guerras y crisis. Pero también ha demostrado su capacidad para levantarse una y otra vez, con valentía y esperanza. Hoy, esa energía debe volcarse en construir un Estado social, democrático y soberano, capaz de asegurar a cada persona una vida digna y plena.

El futuro de México no está escrito. Depende de la voluntad colectiva, de la claridad política y del coraje de sus dirigentes. Depende, sobre todo, de la conciencia del pueblo, que no se conforma con sobrevivir, sino que exige vivir con justicia, con libertad y con dignidad.

Pablo Moctezuma Barragán*

*Doctor en estudios urbanos, politólogo, historiador y militante social

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