Las visas climáticas

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) alcanzó una decisión histórica en julio de 2025 por la que establece que el incumplimiento de las «obligaciones climáticas» por parte de los Estados miembros es ilegal y supone violar el derecho internacional. Era la primera vez que el máximo órgano judicial de Naciones Unidas se pronunciaba sobre una cuestión relativa al cambio climático. La opinión consultiva de la Corte, que solicitó la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023, no solo establece que el cambio climático es un «riesgo universal existencial» y los Estados miembros tienen el «deber de prevenir daños significativos al medio ambiente». La Corte va un paso más allá y habla de obligaciones a la hora de reparar al país perjudicado por «las acciones u omisiones ilícitas» en forma de «restitución, indemnización y satisfacción». Este es un punto clave que da pie a pensar en las visas climáticas como una herramienta de reparación a favor de aquellas poblaciones especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático. Una forma de garantizar su derecho a procurarse una vida digna fuera del territorio nacional en caso de que las consecuencias de la crisis climática dentro de sus fronteras sea irreversible.

Existe un precedente reciente que apunta en esta dirección, con las visas climáticas en el centro del debate y Australia como precursor de la emisión del primer documento de este tipo. En 2023, el país firmó el tratado bilateral Falepili Union con Tuvalu por el que se comprometió a crear un visado especial para «apoyar la movilidad con dignidad» a territorio australiano de los ciudadanos de este pequeño Estado insular. En el contexto de crisis climática, la Pacific Engagement Visa permitiría a 280 habitantes de Tuvalu cada año, elegidos por sorteo, «vivir, trabajar y estudiar» en Australia. Se trata de una medida pionera de cara a favorecer la migración por motivos relacionados directamente con el calentamiento global.

Distintos lugares del mundo se están viendo afectados por el aumento del nivel del mar y los desastres naturales

De acuerdo con un informe del Banco Mundial, Tuvulu, que comprende ocho islas y un territorio de apenas 26 kilómetros cuadrados, es uno de los países más afectados por las consecuencias del cambio climático y el aumento del nivel del mar, a merced de los desastres naturales, la subida de las temperaturas y la sequía. Hasta el 18 de julio de 2025, plazo límite para la recepción de solicitudes, 2.474 ciudadanos de Tuvalu solicitaron la visa climática, que se corresponde con el 82% de la población.

Los efectos de unas condiciones medioambientales cada vez más severas y adversas están obligando a las poblaciones más vulnerables, sobre todo en las naciones del Sur global, a desplazarse en busca de nuevos medios de vida. Aunque el de Tuvulu es solo un ejemplo de movilidad climática, se trata del primer caso en el que un Estado sale públicamente a socorrer a otro con una medida que reconoce la categoría de migrante climático. Un mecanismo legal que aborda, además, la magnitud del problema y la necesidad de garantizar protección.

Sin embargo, los avances generales en materia jurídica son insuficientes. El Parlamento Europeo ya acuñó el término «personas refugiadas climáticas» en una resolución de 1999 que no tuvo mayor recorrido en términos de medidas macro. Países insulares como Nueva Zelanda han liderado distintas iniciativas de visas que favorecen la movilidad de sus vecinos más expuestos a la crisis climática. No obstante, están dirigidas a trabajadores cualificados y no acuñan la distinción formal de visa climática.

Las opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas, como la que reconoce la reparación entre Estados por los efectos del cambio climático, no son vinculantes. Ahora bien, por su relevancia legal, se instituyen como un faro para futuras disputas legales en tanto los países más vulnerables podrán acudir a este órgano para exigir responsabilidad a sus pares. A pequeña escala, el pronunciamiento de la Corte allana el camino para que, en virtud de la jurisdicción internacional, cualquier persona pueda recurrir a sus tribunales nacionales para ver reconocidos sus derechos en esta materia. La CIJ no se refiera en ningún caso a un visado climático, pero sí sienta las bases para plantearse este mecanismo de reconocimiento y reparación ante las consecuencias del calentamiento global.

Tomado de Ethic.es