Son datos publicados este jueves por la Comisión Europea en sus estadísticas anuales sobre las operaciones de la orden europea de arresto, conocida como euroorden, que permite a cualquier país de la UE detener a una persona acusada de un delito o ya condenada por una sentencia firme en otro país socio europeo y extraditarla al país donde se le acusa para ser juzgada.
Los datos de ejecución son mejores que en 2020, con 15.938 solicitadas y 4.397 ejecutadas, y que en 2019, con hasta 20.226 solicitadas y sólo 5.665 ejecutadas.
También se han reducido los plazos de entrega frente a 2020, al pasar de 21,26 días a 20,14 días cuando la persona afectada consentía a su entrega y de 72,45 días a 53,72 cuando la persona no la consentía; la mayoría de las entregas se ejecutaron por robo y ofensas criminales (2.162 entregas), seguidas de delitos relacionados con drogas (1.741) y corrupción (1.278).
Abuso de la libertad de movimiento
La Comisión Europea sigue considerando la euroorden «una herramienta esencial en el área de la cooperación judicial en materia criminal» y defiende que «acabó con la involucración política en los procedimientos de extradición» y la reemplazó por «un proceso completamente judicial».
«Tenemos que asegurarnos de que los muchos beneficios que nos da la libertad de movimiento no los aprovechan quienes quieren evadir la justicia y la euroorden es una historia de éxito», defendió la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourova.
El informe, que no recoge datos completos de todos los Estados miembros por la ausencia de respuestas a algunos cuestionarios, subraya que los principales indicadores que mide «se mantienen bastante estables» en cuanto a euroórdenes emitidas, detenciones y entregas efectivas, aunque reconoce que algunos Estados miembros «no cumplen con sus obligaciones» respecto a los plazos para tomar una decisión sobre una entrega.
jov (efe, e-justice.europa.eu)
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