La Jornada: La reforma judicial, error histórico

Iván Evair Saldaña

Periódico La Jornada
Lunes 11 de agosto de 2025, p. 5

Termina una era de 30 años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y empezará a escribirse otra el primero de septiembre.

Ministro hasta el último día de este mes, Javier Laynez Potisek defiende el legado del máximo tribunal de justicia del país y afirma que cumplió su rol como tribunal constitucional gracias a la reforma de 1994 del ex presidente Ernesto Zedillo, que –asegura– la fortaleció. En contraste, a la enmienda de 2024 promovida por Andrés Manuel López Obrador la considera una regresión y un error histórico por destruir la carrera judicial e imponer una Corte a modo que, de no ser así, deberá probar su independencia.

Yo no soy opositor al gobierno, ni éste ni ninguno. Lo que sí es que creo que en esta reforma se equivocaron y nos va a costar mucho, mucho como país, advierte.

Además, está convencido de que un día condenarán a México la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Coridh) por la reforma judicial y, en consecuencia, el Estado deberá reparar el daño e indemnizar a cientos de jueces y magistrados removidos.

Del legado que deja la Corte, el ministro destaca sentencias con perspectiva de género, pero también reconoce que deja grandes pendientes, como tres juicios de Grupo Salinas, recibidos el año pasado y que no fueron prioridad, pese a que impugnan créditos fiscales por casi 35 mil millones de pesos de 2008, 2012 y 2013. Justifica ese retraso por las chicanadas legales de la defensa de Ricardo Salinas Pliego, táctica que –acusa– replicaron otras empresas y el propio gobierno federal.

Desde su oficina en el tercer piso de la Corte, con estantes semivacíos porque tiene que desocuparla a más tardar el 31 de agosto, Laynez conversa con La Jornada. Ha asumido un papel protagónico entre los togados que defienden el funcionamiento del expirante Poder Judicial de la Federación (PJF), sin ser selectivo para hablar con la prensa ni evadir preguntas.

Comparte lo evidente: en los pasillos de la Corte no hay un ambiente festivo, al menos no para todos, ante la incertidumbre laboral del personal técnico. Siete de los 10 ministros en funciones –incluido él– optaron por no participar en la elección de junio pasado para repetir en el cargo.

“Ese es un sentimiento que no puedo evitar cada vez que transito por los pasillos y me contagia la preocupación… pero mi preocupación mayor, yo diría, es la de los juzgados de distrito y los tribunales colegiados, porque creo que ahí es donde se está dando una inestabilidad muy grande que va en perjuicio del estado de derecho y de los ciudadanos, o sea, de los justiciables, porque se está yendo la mitad de los juzgadores de estos órganos jurisdiccionales, 800 y tantos… nada sustituye años y años de preparación y experiencia”, subraya.

En su visión, la elección popular de juzgadores es incompatible con una función técnica e imparcial, pues obliga a hacer campaña y asumir compromisos. Critica la falta de evaluación real y el uso político del proceso, y defiende el sistema de carrera judicial como el modelo más probado.

Admite que la elección de ministros era perfectible para evitar compromisos con el Ejecutivo y el Senado, pero rechaza el voto popular y pugna por un sistema de méritos con más evaluaciones de otras instituciones.

A mí me propuso Enrique Peña Nieto, como tú sabes; te puedo decir que sí lo he visto dos veces en eventos, pues yo era procurador fiscal en ese tiempo. Tuvimos una conversación en privado, cuando me dijo que me iba a proponer, fuera de ahí, yo no lo conocía, asegura.

Laynez ejerció cargos en el gobierno durante cuatro sexenios: fue consejero jurídico adjunto con Ernesto Zedillo y Vicente Fox; subprocurador jurídico de la entonces PGR y nuevamente consejero jurídico adjunto con Felipe Calderón, así como procurador fiscal de la Federación, cargo que también desempeñó en el gobierno de Peña.

Siempre en áreas jurídicas, por lo tanto litigué en favor del Estado en los distintos puestos; siempre le hice seguimiento al Poder Judicial de la Federación, apunta.

Sobre el legado de la Corte, destaca la emisión de fallos históricos con perspectiva de género, matrimonio igualitario, aborto, cannabis y derechos laborales, y niega que antes del gobierno de López Obrador siempre se fallara en favor del Ejecutivo.

Todos los presidentes perdieron juicios en la Corte, y ganaron… todos. Zedillo, siendo él presidente cuando la primera controversia constitucional, perdió contra el Congreso, y ¿sabes qué asunto era? El Fobaproa, señala.

Como autocrítica, admite que la Corte debió haber comunicado mejor sus avances, pero finalmente pecaron de prudencia institucional al no entrar al debate político y contrarrestar “la campaña de desprestigio. Cuando lo platicamos, te lo digo yo, dijimos: si entramos al ring político nos vamos a perder; entonces, todavía ahí, pecamos de prudencia”, lamenta.

Rechaza también la generalización de la corrupción en el PJF y, aunque reconoce casos aislados, insiste en que se trata más de percepción que un diagnóstico real.

Muchas de las cosas que tú dices deben ser reales, claro, el que si alguna vez un juez o un magistrado, o la Corte, decidieron políticamente, o hicieron tal o cual, lo único que yo te quiero decir, lo he repetido hasta el cansancio, ¿dónde está el diagnóstico?

En noviembre pasado, Laynez acompañó como apoyo moral a jueces y magistrados en una audiencia en Washington ante la CIDH para impugnar la reforma judicial. Tiene tiempos muy lejanos la Comisión y la Corte, pero el caso Radilla también se tardó años, y un día condenaron a México. Un día lo condenarán (por la reforma), ¿con qué consecuencias? No podemos saber. A lo mejor en ese momento ya es irreversible, pues igual indemniza; esto ya es especulación.

El juzgador coahuilense admite que dejarán al futuro pleno de la Corte más de mil asuntos pendientes, entre ellos los juicios fiscales millonarios de Grupo Salinas. Acusa que en este caso, sus abogados abusaron de los recursos de impedimento para dilatar la resolución, al igual que el gobierno y otras empresas.

“El problema es que la autoridad empezó a hacer lo mismo. Y yo dije, también a la autoridad vamos a multarla. Empezó a hacer lo mismo en los amparos de reforma energética, así de chicanero. Perdóname que use la palabra. Yo voy contra el impedimento como chicana, tanto de los particulares como de la autoridad. Fui procurador fiscal siete años y jamás hubiera osado recusar una ministra, un ministro sin tener razón… yo espero que a la nueva Corte no le pase eso”, dijo.

En junio de 2024, la ministra Lenia Batres denunció que el consorcio ya había promovido 56 impedimentos y recursos para retrasar la resolución de los amparos.

Laynez Potisek forma parte del Comité de Gobierno y Administración de la Corte. Afirma que entregarán cuentas claras y que no temen a futuras auditorías en su contra. Ahí vamos a estar bien tranquilos, se está entregando todo al grupo de trabajo del nuevo presidente de la Corte.

Afirma que dejarán un plan de riesgos administrativos con alertas por falta de titulares para pagar desde nómina hasta contratos millonarios urgentes, y critica que en el pleno de ministros hubiera oposición a nombrar a tres de los cinco integrantes del Órgano de Administración Judicial, lo que no permitirá su operación desde el primer minuto del primero de septiembre.

Sobre la Corte entrante, dice que no prejuzga a nivel personal, pero advierte que el proceso de elección puede comprometer su independencia, aunque fueron electos con millones de votos. Destaca que la participación fue apenas de 13 por ciento y hubo hasta 20 por ciento de votos nulos, en un acordeón que coincide 100 por ciento. La elección se ganó con apoyos, y esto ha quedado acreditado, no con los acordeones ni con otro sinfín de situaciones que se han dado. Para mí esa es una realidad. Yo te diría, bueno, igual ellos acreditarán que, a pesar de eso, son independientes, concluyó.