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La acusación también recae sobre otras siete personas. Se investiga una estructura criminal que supuestamente operó en varias entidades del Estado.
Apenas un día después de que Guillermo Lasso dejara la presidencia de Ecuador, la Fiscalía General del Estado (FGE) formuló cargos contra su cuñado Danilo Carrera, por el presunto delito de «delincuencia organizada», dentro del denominado ‘Caso Encuentro‘, también conocido mediáticamente como ‘El Gran Padrino’.
La acusación también recae sobre otras siete personas. En la audiencia, celebrada en el Complejo Judicial Norte de Quito, la FGE pidió prisión preventiva para seis de los procesados y arresto domiciliario para los otros dos, entre ellos Carrera, por ser mayores de 65 años.
Asimismo, la Fiscalía solicitó la prohibición de enajenar bienes muebles e inmuebles, y la retención de cuentas, pólizas e inversiones que los procesados tengan en el sistema financiero nacional, por 8,3 millones de dólares, que servirán para pagar una eventual multa y reparación integral.
Además de Carrera, los otros procesados son: Hernán Luque, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO); Antonio Icaza, exgerente de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); los supuestos operadores de la estructura delictiva Leonardo Cortázar, Roberto Bueno, Jorge Orbe y Julio León, así como Gabriel Massuh.
El delito
En el ‘Caso Encuentro’ se investiga una estructura criminal que supuestamente operó en varias entidades del Estado, como CNEL, el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) y BanEcuador, durante el gobierno de Lasso.
El grupo habría influenciado en la firma de contratos, así como de nombramientos de personal a cambio de coimas, con las cuales se beneficiaron.
Este escándalo se desató en enero pasado, luego de unos audios que fueron difundidos por el medio digital La Posta.
La Fiscalía señala a Carrera y al empresario guayaquileño Rubén Cherres, quien fue asesinado el pasado 30 de marzo y que además fue señalado de estar vinculado con la mafia albanesa, de haber dirigido la estructura.
Según el fiscal a cargo, en la red participaron funcionarios públicos y personas particulares, con el fin de cometer delitos en contra de la eficiencia de la administración pública, que se sancionan con penas que superan los cinco años de privación de la libertad.
En la audiencia, la Fiscalía presentó 28 elementos de convicción, incluyendo grabaciones de llamadas y reuniones entre los involucrados.
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