La empresa “Agua de Puebla” criminaliza al activista Renato Romero

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El activista Renato Romero se encuentra preso por defender el agua de Puebla, debido a una denuncia impulsada por una empresa que administra el líquido en la capital del estado, que tiene al gobierno con las manos atadas para resolver el conflicto

Texto: Camilo Ocampo

Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO. – El martes 1 de julio, Renato Romero Camacho, activista y defensor del territorio en la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido por agentes ministeriales en Puebla, derivado de una denuncia hecha por la empresa Concesiones Integrales S.A. de C.V., operadora de “Agua de Puebla”, que se encarga de administrar el líquido en la Zona Metropolitana del estado desde 2013.

De acuerdo con la causa penal 325/2025/Cholula, la empresa denunció al activista porque, supuestamente, el 28 de mayo arrojó piedras y otros objetos e invadió el predio donde se planea construir una tubería que busca trasladar más del 50% del agua de uno de los pozos a la capital poblana, mientras la comunidad denuncia escasez en el suministro.

Ese mismo día, habitantes de Xoxtla, la comunidad en la que se encuentra el pozo, bloquearon las vialidades de la autopista México-Puebla para denunciar que existe un acuerdo previo con el Ayuntamiento y el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) para que los pozos sean explotados por privados.

La privatización del agua en Puebla

Desde 2013, el entonces gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, le dio el poder de suministrar el agua de la zona metropolitana poblana a la empresa Concesiones Integrales por 30 años.

Lo cual le permite comercializar con los recursos hídricos del acuífero Valle de Puebla y de los tres campos que están en su periferia: Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla, comunidades que se ven afectadas por el agotamiento de sus fuentes de agua y el encarecimiento de la misma.

El actual gobernador, Alejandro Armenta, al ser cuestionado por vecinos durante un acto político, recibió exigencias para revocar la concesión a la empresa por su mala gestión. Sin embargo, su respuesta fue que era imposible:

«No se puede cancelar la concesión. Los que la hicieron, la hicieron de tal forma jurídicamente que, si se cancela, el que va a perder es el estado, porque son miles de millones de pesos que se deben pagar (…) Si nosotros metemos un proceso de cancelación de la concesión, le va a costar a Puebla más de 20 mil millones de pesos».

La detención de Renato “no es un tema del gobierno”, asegura el gobernador

Durante la mañanera del gobernador del estado, la presidenta del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa) se plantó frente a él para pedirle que interviniera en la detención del activista.

Sin embargo, la respuesta de Alejandro Armenta —aunque se trata de un caso que involucra a la principal operadora de agua de la capital poblana— fue una negativa para atender el caso, ya que «no es un tema entre el estado y un particular, es un tema entre particulares; no es un tema del gobierno. Cuando una persona, en estricto sentido, ejerce un acto, ese acto tiene una consecuencia».

Ahora, mientras Renato se encuentra preso, cientos de organizaciones que procuran el agua, la tierra y la vida en la capital exigen su excarcelación y que se deje de criminalizar las protestas sociales.

Tomado de https://piedepagina.mx/