La élite, la derecha y la lucha de clases

En México, el 1 por ciento más rico de la población percibe ingresos 442 veces superiores al 10 por ciento más pobre. Los 14 multimillonarios –entre ellos, Carlos Slim, German Larrea y María Asunción Aramburuzabala– concentran el 8 por ciento de la riqueza nacional. La desigualdad que eso ha generado llevó a la mayoría a elegir un cambio en las urnas en 2018, y ratificarlo en 2024. La transformación que se ha venido impulsando ha elevado la lucha de clases, sobre todo porque una parte importante del sector empresarial se niega a perder privilegios y financia expresiones anti democráticas e incluso de violencia y golpes blandos

México no había tenido un gobierno progresista como sí sucedió en América Latina a inicios del siglo XXI sino hasta 2018. Atrás quedó la primera oleada del ciclo progresista mal llamado “marea rosa” –lo que localiza como menos radical a los gobiernos del siglo XXI progresista, frente a los gobiernos nacional-populares del siglo XX. Merece una discusión a parte.

En ese sentido, México tiene como ventaja la vasta experiencia previa de países como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil, Honduras, El Salvador y Cuba, que tuvieron gobiernos de izquierda y progresistas. Y esa vasta riqueza de historia es, como tiene que ser, de la lucha de clases emanada de los cambios estructurales, culturales, políticos e ideológicos.

Detengamos el análisis primero en la reciente historia mexicana para después avanzar en ver qué nos puede decir la experiencia latinoamericana.

Saldos del neoliberalismo

La estructura social y económica mexicana cambió con el TLCAN, punto de inflexión en el modelo económico que tuvo como consecuencia la modificación de la Constitución y, con ello, el cambio del régimen de acumulación, que tuvo su antecedente en la década de 1980, desde la crisis de 1982 y posteriormente en el fraude de 1988.

En un esfuerzo de síntesis, la firma del TLCAN dejó un país sin encadenamiento productivo, con una mano de obra con bajos salarios, sin política industrial nacional, con una clase económica profundamente rentista, vinculada financieramente al exterior, dependiente del extranjero –básicamente de EU– y al interior dominante en lo político y económico. Una tasa de crecimiento anual del PIB mediocre (2.4 por ciento a tasa anual entre 1994 y 2018), pero profundamente vinculada al ciclo productivo estadunidense.

En lo social, la pérdida de derechos sociales, políticos y económicos. Un salario mínimo que no creció, una caída de la capacidad adquisitiva brutal del 88.7 por ciento entre 1982 y 2018 –según datos del Centro d Análisis Multidisciplinario–, que es muestra también, del nivel de acumulación de capital del otro lado, del de grupos empresariales nacionales –los que quedaron– y extranjeros.

Una clase trabajadora que además vivió profundas transformaciones del capitalismo internacional, reflejada en una gran cantidad de trabajadores mexicanos que migraron hacia Estados Unidos, otros vinculados al sector manufacturero –ligado a Estados Unidos en sus ramas más dinámicas– y un sector agrícola “descampesinado” derivado de la desinversión estatal desde los ochenta y con la privatización de la tierra –cambio del artículo 27 de la Constitución–, lo que los llevó al “sueño americano”.

El modelo económico denominado comúnmente neoliberalismo, lo mismo que eliminó derechos sociales, salarios y prestaciones, profundizó la desigualdad económica. México tiene entre sus empresarios a uno de los más ricos del mundo, Carlos Slim y, es muestra apenas de la acumulación de riqueza en pocas manos. Por ejemplo, según datos del Inegi, los hogares con más ingresos del país ganan 14 veces lo que ganan las familias más pobres.

De otra manera, el 1 por ciento más rico del país percibe ingresos 442 veces superiores al 10 por ciento más pobre. Los 14 multimillonarios mexicanos concentran el 8 por ciento de la riqueza nacional. Entre ellos, desde luego Carlos Slim, German Larrea, María Asunción Aramburuzabala, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Baillères, Carlos Hank Ron y Antonio del Valle.

De esos empresarios hay tres elementos en común: crecieron ampliamente en el periodo de 1982-2018, y todos siguieron creciendo hasta 2024; la mayoría se concentra en el poderoso Consejo Mexicano de Negocios; y su producción, como su consumo, no se realiza principalmente en México, sino en el extranjero. Son muestra de eso que intelectuales de izquierda y marxistas denominaron burguesía dominante-dominada porque estableció su dominio político-económico e ideológico al interior del país, pero en el marco internacional eran grupos subordinados a capitales superiores a ellos o estaban sometidos financieramente.

A lo anterior, se suma el conjunto de privatizaciones, ese gran despojo a la riqueza nacional, obra de los sexenios de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Todos, a raja tabla, privatizaron y socializaron la deuda. Por lo tanto, el Estado –visto como el espacio en el que las clases sociales dirimen sus conflictos, incluso las mismas fracciones dentro de las clases– fue el vehículo de su acumulación.

Ese es, en una breve y apretada síntesis, parte de los resultados del régimen de acumulación de capital mexicano construido desde 1982 y que comenzó un periodo de transición desde 2018. ¿Qué conecta ese periodo con Ricardo Salinas Pliego y la derecha en México? La transformación del Estado.

La 4T y los cambios en el Estado

En otras reflexiones dimos cuenta de las transformaciones profundas del modelo de acumulación en México desde 2019 hasta 2024. Destaco algunas: el aumento sostenido en siete años del salario mínimo que mejoró la calidad de vida del pueblo de México, pero también su poder adquisitivo.

Se integraron, además, un conjunto de programas sociales que han adquirido ya grado constitucional y que beneficia a adultos mayores, campesinos, jóvenes, y una gama de programas sociales que se ampliaron desde 2024 con el gobierno de Claudia Sheinbuam hacia estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato, además de mujeres de 60 a 65 años de edad.

En síntesis, es un amplio plan gradual de programas sociales que tienden hacia una renta global de la población mexicana. Son 69 programas con un monto programado en 2025 de 1.1 billones de pesos. Y para 2026 se está proyectando profundizar la estrategia de inversión social de 2.5 por ciento del PIB para los programas sociales destinados a beneficiar al 82 por ciento de las familias mexicanas.

Un rubro importante que permite esa redistribución del ingreso es el cobro real de impuestos a grupos empresariales antes que lanzar una reforma fiscal. Este elemento ha llevado a distintas presiones de empresarios nacionales y extranjeros, incluso a demandas ante tribunales internacionales y llamados al panel de controversias del T-MEC.

Para lograr lo anterior, era necesario establecer un conjunto de reformas a la Constitución y leyes secundarias que permitieran desmontar lo que construyó el denominado neoliberalismo Entre esas reformas, destaca el de igualdad sustantiva hacia las mujeres, apoyo a campesinos, conjunto de reformas para desmontar la contrarreforma energética de 2013-2014 y devolver su carácter de públicas a las empresas energéticas: Pemex y CFE, reconocimiento de afromexicanos y culturas indígenas.

En materia de seguridad, destaca toda una reorganización del aparato de seguridad que incluye al ejército, fuerza aérea, marina, Guardia Nacional. Al servicio de inteligencia –que no de espionaje–, sus instituciones y las policías también.

Y desde luego la mayor reforma que desmonta parte del modelo: la democratización del Poder Judicial, poder que no se sometía al voto popular y en donde se habían enquistado las principales fuerzas sociales opositoras.

En 2025-2026 se agregarán, quizá, la reforma a la ley de Aguas Nacionales, la prohibición del fracking, la reglamentación de las 40 horas laborales –en proceso gradual hasta 2030– y la reforma político-electoral que no pasó en 2022 por la oposición del poder judicial. Y desde luego, las distintas defensas del maíz nativo que evidencia las debilidades estructurales en materia de seguridad alimentaria, pero también, los grupos empresariales oligopólicos que interactúan con la producción, industrialización y comercialización del maíz: Minsa, Maseca y Cargill.

Minsa es un caso particular: es muestra de esos grupos empresariales que crecieron en el periodo 1982-2024, pero que colaboran con el gobierno en fortalecer el Plan México.

En lo externo se suma desde luego la renegociación del T-MEC con un Donald Trump más conservador que impuso una serie de aranceles y medidas comerciales –las 54 medidas no arancelarias– de las cuales la población no conoce absolutamente nada.

Este es apenas un estado de la lucha de clases actual en México y es lo que explica en cierta medida la oposición de grupo económicos nacionales y extranjeros, un Estado que vuelve a tener política social y que dio como resultado en seis años, que más de 13 millones hayan salido de la pobreza. Diría el economista mexicano Fernando Carmona, la economía política de la política económica.

Salinas Pliego y la derecha

La reciente decisión de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto al cobro de impuestos al Grupo Salinas es una muestra de lo que vendrá en un futuro en el Poder Judicial y explica en gran medida el por qué a la oposición de propios y extraños, enemigos y algunos amigos.

¿Qué implica cobrarle a Salinas Pliego? Un mensaje claro a quienes intenten ver en el nuevo Poder Judicial más de lo mismo; un mensaje claro y rotundo a Estados Unidos que tras el TLCAN y la imposición a “dedazo” de una Suprema Corte, no tendrá en este poder la penúltima instancia de resolución de conflictos, porque la última son los tribunales internacionales –en donde México suele perder los laudos internacionales–. Es un mensaje claro al pueblo de México de que la decisión de haber planteado la democratización del poder judicial fue un movimiento estratégico, pero que iba a tener claras consecuencias.

Una de esas consecuencias es precisamente la de Salinas Pliego, una expresión más del régimen de acumulación de capital mexicano, extranjerizado, dependiente, sin encadenamientos productivos, financiarizado, rentista y más vinculado al extranjero que al país.

Por ello, ante la pérdida estratégica del aparato de Estado, este empresario ve la salida al conflicto que se le presenta no en los tribunales, tampoco en otras instituciones del gobierno (Hacienda, SAT, Economía), mucho menos pagando su deuda, sino en la estrategia golpista, con guerra mediática, cognitiva y desde luego con la metodología que caracteriza al siglo XXI para deponer presidentes: los golpes suaves vía revolución de colores.

Las reformas y cambios en las instituciones del gobierno de México elegido por 30 millones en 2018 y ratificado con 36 millones en 2024 han elevado la lucha de clases con una parte de la clase empresarial que se niega a perder posiciones, privilegios y su poder económico. Ese grupo de empresarios opositores al que se suma Claudio X González Guajardo y algunos del Consejo Mexicano de Negocios, así como su expresión política-partidista centrada en el PAN, PRI y MC, ahora confluyen en su oposición al gobierno de Claudia Sheinbaum.

Y cuando lleguen las siguientes reformas, lo esperable es que ese conjunto de empresarios que se niegan a entender “ante como antes, ahora como ahora” (frase del líder indígena Cajeme José María Leyva), seguramente incrementará, no sólo por la reforma político electoral que trastoca el sistema político mexicano, sino por la ley de aguas que reorganizará sobre ese recurso a los empresarios y políticos que se beneficiaron de la política neoliberal. Frente a ese escenario, ¿qué nos puede enseñar América Latina?

La experiencia latinoamericana

Los gobiernos progresistas de la región en el siglo XXI experimentaron ya esa oposición a la transformación que ahora le toca a México y pueden ser bastante útiles para abstraer una serie de lecciones históricas.

Cuando Venezuela, Bolivia y Ecuador nacionalizaron recursos y sobre todo los recursos estratégicos las principales cámaras empresariales y grupos económicos se opusieron, en el caso de Bolivia llegaron a plantearse la separación del Estado, como fue el caso de las provincias de la conocida “media luna”. En el caso de Venezuela, vino un paro petrolero que intentó paralizar un sector económico clave, incluso con sabotajes. Además de experimentar la fuga de capitales, entre otras estrategias e guerra económica.

En el caso de Ecuador, Brasil y Argentina la oposición de estos países derivó en la judicialización de los principales líderes sociales y políticos. Los tres casos terminaron en lawfare: contra Rafael Correa, Lula Da Silva y Cristina Fernández. Se suma el impeachment contra Dilma en el contexto de los Juegos Olímpicos y la participación de la Atlas Network y una serie de grupos opositores que con el apoyo de los medios de comunicación, manufacturaron el consenso, o sea, establecieron un “nado sincronizado” para establecer el gasto excesivo en las olimpiadas y el mundial y el encarecimiento de insumos médicos, así como un relato de corrupción.

Ese escenario de lawfare está, hasta ahora, cancelado en México, sin embargo, es un escenario abierto a pesar de la modificación del Poder Judicial por que México experimentará en 2026 el cambio del titular de la Fiscalía General de la República.

Cuando los proyectos progresistas mostraron una sostenibilidad en el tiempo como Venezuela, Bolivia, Ecuador y Argentina, lo normal fue el desgaste político. Ese desgaste suele ser aprovechado y en los cuatro, el sometimiento a estrategias de injerencia de Estados Unidos fue evidente a tal grado que Bolivia, Ecuador y Venezuela expulsaron a la USAID, la NED y un conjunto de instituciones de Estados Unidos que financiaron opositores, como sucedió con las embajadas.

Quizá un caso emblemático que sirve para analizar el momento mexicano es Venezuela con las denominadas “guarimbas”, una serie de marchas, mítines y movilidad de personas en la calle que adquirieron una forma violenta. Las guarimbas operaron desde 2014 –a tono con movimientos internacionales denominados revolución de colores, como en las primaveras árabes– y elevaron la conflictividad como fue en 2017 cuando fueron todavía más violentas.

Con esas protestas vino la guerra cognitiva, la disputa por sentidos y la realidad. Esta es quizá la experiencia que se acerca más a lo que vive México.

En Venezuela, además de la imposición de sanciones económicas desde 2015 por parte de Estados Unidos y la Unión Europea, se sumaron las protestas violentas de jóvenes, principalmente. Los medios de comunicación internacionales y algunos nacionales, manipularon la información con imágenes derivadas de las protestas, incentivaron y crearon un conjunto de narrativas sobre la existencia de una dictadura, el cuestionamiento el gobierno y sus instituciones, incrementaron la narrativa de pérdida de legitimidad social ante los problemas económicos y desde luego la narrativa de la corrupción.

Estos tópicos, el de la incapacidad para gobernar, la corrupción, la dictadura e incluso el del narcotráfico fueron moldeando la percepción de la realidad, de la emocionalidad y sentimientos de la población venezolana para ampliar el cuestionamiento al gobierno. Reforzado además por las sanciones económicas, recordando al gobierno de Salvador Allende en Chile (1970-1973) y la frase célebre del gobierno de Estados Unidos de “hacer llorar la economía” como estrategia contra un gobierno de izquierda.

El estado psicológico que se buscó en aquél entonces era el de impotencia, ira, rabia, desesperanza lo que alimentó mucho más las protestas y el estado de animo general de la población.

La marcha del 15-N en México

Volviendo a México y lo que sucedió el 15 de noviembre nos sitúa en ese proceso de guerra psicológica, cognitiva, propio de operaciones psicológicas norteamericanas que tienen un objetivo claro: deslegitimar, desestabilizar, derrocar. Las tres D del famoso manual para el cambio de régimen.

Es importante analizar las narrativas que han instalado en los últimos años y que muestran un patrón de reproducción similar al latinoamericano. El de la corrupción atraviesa todo el sexenio de López Obrador, pero fue más álgido después del escándalo de Segalmex y más en 2024, en periodo electoral. Ahora se estableció con el caso del robo de hidrocarburos y las aduanas.

En ese mimo año la guerra mediática instaló en la percepción social el de “narcogobierno”, “narcocandidata”. Sin fundamentos empíricos palpables, pero lo importante no era eso, sino mantener a la población con esa idea en el imaginario colectivo. Y reactivado en 2025 con la denominada lista de Marco Rubio, una serie de políticos de Morena vinculados presuntamente al narcotráfico.

El relato de la falta de medicamentos es algo que en 2025 atravesó el primer año de Claudia Sheinbaum. Una serie de problemas con las empresas y reorganización del sector salud y de las compras retrasó el abastecimiento. Frente a eso, los medios de comunicación instalaron la narrativa de falta de medicamentos que se vinculó mediáticamente a la falta de medicamentos oncológicos del sexenio de López Obrador.

Por último, ante el asesinato de Carlos Manzo en Michoacán, los análisis recurrentes han sido hacia la incapacidad del gobierno de Morena de atender el problema de seguridad asociado al narcotráfico. Este elemento no es menor, vincula la experiencia histórica de México a la política de seguridad de Felipe Calderón y es un intento por obligar al gobierno de México a cambiar la política de seguridad, ya cuestionada desde que estuvo el ex embajador estadunidense Ken Salazar.

El caldo de cultivo mediático está ya instalado: corrupción, “narcogobierno”, desabasto y fallas en el sistema de salud, fallas en la estrategia de seguridad, incapacidad para gobernar. Esos son los elementos que buscan atizar el descontento social entre la población. Y desde luego que hay oposición legítima, de sectores sociales, económicos y políticos como en cualquier democracia sana.

Sin embargo, como estrategia de desestabilización, a la oposición le da elementos para protestar y los lleva a mostrar su verdadera cara conservadora, violenta y entreguista a Estados Unidos, a quien le solicitan lo mismo en pancartas que en el Congreso federal, que vengan a resolver los problemas, dignos pupilos y pupilas de Miramón. Pero a lo sectores que votaron por el gobierno actual los hace dudar del apoyo que expresaron en 2018 y ratificaron en 2024.

Lo que se busca es minar la base social y atizar el descontento social y dar una proyección de incapacidad para gobernar. Para ello, las operaciones psicológicas incluyen también la sustracción y reapropiación simbólica de elementos sociales de lucha, por ejemplo, canciones, consignas y personajes históricos que sirvan para configurar narrativas que den forma al descontento.

La fórmula es clara: crear un marco de condiciones explotables por parte de opositores políticos y económicos, nacionales y extranjeros para desestabilizar al gobierno de México e instalar la última idea necesaria: la revocación de mandato, algo que ya estaba en la legislación mexicana pero que ahora se debate si será junto con las elecciones de 2026 o no. La oposición profundamente conservadora ahora quiere la revocación de mandato ya.

Si ya han realizado el caldo de cultivo, la pregunta siempre es la misma: ¿quién agita ese caldo de cultivo de la desestabilización?

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