Justicia sin soberanía: la crisis institucional en curso

La omisión sistemática del Estado mexicano en el ejercicio de la justicia abre un vacío que hoy ocupan autoridades extranjeras. No se trata de una intromisión, sino de una renuncia: una crisis institucional que pone en riesgo las garantías individuales y la legitimidad del propio Estado.

En México se “outsourcea” la justicia. No se trata de una exageración retórica ni de un recurso irónico. Es una descripción precisa de lo que ocurre frente a nuestros ojos: el Estado mexicano renuncia, por omisión, incapacidad o complicidad, a ejercer su deber soberano de impartir justicia. Y ese vacío lo ocupa, de manera creciente, otro Estado: Estados Unidos.

Los ejemplos se acumulan y no permiten espacio para la duda. El pasado fin de semana, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, y su esposo, el empresario Carlos Torres, vieron canceladas sus visas estadounidenses. Días después, el alcalde de Matamoros, Alberto Granados, fue interceptado junto a siete de sus colaboradores en la garita de Brownsville, Texas. Fueron sometidos a un interrogatorio de catorce horas y también se les revocaron sus visas. Todo esto ocurrió sin que mediara un solo proceso judicial en México.

En paralelo, Ovidio Guzmán se declaró culpable ante una corte estadounidense. En México, no existía una orden de aprehensión en su contra. No fue procesado por autoridades mexicanas, sino entregado para enfrentar cargos en otro país. Más aún, 17 de sus familiares, incluida su madre, cruzaron la frontera para entregarse voluntariamente a las autoridades de Estados Unidos. En ese país encuentran un sistema que los procesa. En México, el silencio.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) informó la semana pasada sobre el desmantelamiento de tres narcolaboratorios en Sinaloa. La nota oficial, publicada en su cuenta institucional de X, afirma que la operación fue encabezada por un equipo de la Fiscalía General de la República, certificado por ICE y Homeland Security Investigations, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina. La fotografía que acompaña el anuncio muestra a agentes estadounidenses en suelo mexicano. La presidenta negó los hechos y luego aseguró que la imagen era falsa. Pero ahí está, publicada en un canal oficial, con nombres y apellidos institucionales.

Esto no se trata de un conflicto diplomático ni de una intromisión extranjera. Estados Unidos no está violando la soberanía de México. Lo que sucede es aún más alarmante. El Estado mexicano simplemente está ausente. No hay violación porque no hay defensa. No hay invasión porque no hay resistencia. El Estado no fue desplazado: abdicó. Y lo hizo en una de sus funciones más esenciales: la de garantizar justicia.

No estamos frente a un problema exclusivo de seguridad. Es una crisis estructural de garantías individuales. Cuando el Estado no investiga, no procesa, no juzga ni sanciona, está fallando en su obligación más elemental: proteger a sus ciudadanos. Y cuando esa responsabilidad es asumida por otro país, lo que se desmorona no es solo el sistema de justicia: es el pacto constitucional entero.

Al delegar de facto la función judicial a Estados Unidos, el gobierno mexicano deja a sus ciudadanos en una posición de profunda vulnerabilidad. Porque el sistema estadounidense actúa conforme a sus intereses, no conforme a los derechos de las y los mexicanos. La justicia, entonces, deja de ser un derecho y se convierte en una herramienta estratégica. Se persigue lo que le importa a Washington; lo demás queda en el olvido.

¿Y qué pasa con los casos que no afectan a Estados Unidos? ¿Qué ocurre con los funcionarios corruptos que no cruzan la frontera, con los criminales que no exportan fentanilo, con las redes de impunidad que operan solo dentro del país? La respuesta es simple y brutal: no pasa nada. Porque el Estado mexicano no actúa, y el estadounidense no tiene por qué hacerlo. Así, millones de personas quedan atrapadas en un sistema donde la justicia es una excepción geopolítica, no una garantía democrática.

Esta delegación silenciosa no es ingenua. Tiene consecuencias gravísimas. Una de ellas es la posibilidad de que Estados Unidos aplique, en un futuro cercano, la doctrina del unwilling or unable (“indispuesto o incapaz”). Esta figura legal le permitió justificar la operación para capturar a Osama Bin Laden en Pakistán, bajo el argumento de que ese país no tenía la capacidad o la voluntad de actuar contra una amenaza a su seguridad nacional. Si ese principio se aplicara a México, estaríamos frente a la justificación de intervenciones unilaterales, operaciones encubiertas o presiones extraterritoriales que, aunque hoy parezcan lejanas, mañana podrían ser justificadas políticamente.

¿El gobierno mexicano no se da cuenta de esto? ¿O lo sabe, pero ha decidido callar? ¿No actúa por ignorancia o por complicidad? En cualquier caso, la consecuencia es la misma: una justicia outsourceada, desanclada del Estado de derecho y al servicio de los intereses de otro país. Y, en esa ecuación, las víctimas no son los gobiernos ni los funcionarios. Son las y los ciudadanos.

La justicia ya no es una herramienta de equidad, sino una moneda de cambio. Ya no responde a principios, sino a conveniencias. Y lo más grave: ya no es impartida por quien tiene la obligación de hacerlo. Porque el Estado mexicano no está cumpliendo su mandato. Y en su lugar, actúa quien tiene la voluntad, los medios y el interés político de llenar ese vacío.

Esto no es sostenible. Y si no se corrige, nos puede llevar a una crisis institucional de una profundidad mayor. Una en la que se pierda lo que queda de soberanía, de legitimidad y de confianza pública. Una en la que la ciudadanía quede completamente desprotegida, mientras la clase política continúa negociando impunidad a cambio de pasividad.

Porque cuando el Estado ya no garantiza justicia, cuando abdica de su deber más básico, lo que queda no es paz. Es vacío. Y los vacíos de poder nunca duran mucho: alguien los ocupa. La pregunta es si seguiremos permitiendo que ese alguien no sea el Estado mexicano.

La justicia no puede ser subcontratada sin consecuencias. Y en México, esas consecuencias ya comenzaron a sentirse. ~

Tomado de https://letraslibres.com/