Nos adentramos en Villa Hermosa, una de las áreas más afectadas por la violencia en San Miguel Petapa, situada a solo 16 kilómetros de la Ciudad de Guatemala. Este barrio ha estado bajo el control de pandillas durante la última década, las cuales han tomado posesión de propiedades y forzado a sus residentes a huir para evitar ser asesinados.
En Villa Hermosa, logramos hablar con una vecina que sobrevive vendiendo ropa y zapatos de segunda mano. Por razones de seguridad y a su solicitud, mantendremos su identidad en el anonimato.
“Dejan las casas abandonadas”
“Mire, en una casita que está por allá atrás, la cerraron porque dijeron que habían invadido. Sí, mareros, pero lograron sacar a esa gente”, relata esta mujer de 65 años, quien ha vivido en Villa Hermosa durante 38 años, aunque asegura que la delincuencia ha aumentado drásticamente en la última década.
“Los mareros se dedican a extorsionar, roban las baterías de los carros”, añade. “Lo que hemos escuchado es que los dueños ya no pueden regresar porque los amenazan. Así que dejan las casas abandonadas”, continúa.
“Aquí era muy tranquilo… Pero ahora, con el temor de que se acerca la Navidad, uno va a comprar con el miedo de que le quiten cualquier cosa, hasta los centavitos”, expresa.
Otra ex vecina de Villa Hermosa, quien se marchó hace años debido a la delincuencia, comparte su experiencia. Ella también prefiere permanecer en el anonimato: “Los más vulnerables somos los que vivimos a diario con esta inseguridad total. Ni el Ministerio de Gobernación ni el Gobierno, ni ninguna institución del Estado, que debería proteger a la ciudadanía, lo hace, porque ellos también son parte del problema”, opina.
“Transformadas en bases de operaciones”
“Abandonar el hogar se convierte en una opción ante amenazas de muerte. En esos casos, es mucho más fácil apropiarse de las casas que quedan vacías. La coacción económica, tanto violenta como económica, es el principal mecanismo que facilita esta usurpación. Las viviendas afectadas suelen estar en zonas marginales, que ya tienen un acceso limitado a servicios básicos y a la justicia formal, debido a la criminalización de la pobreza”, explica Ludwin Álvarez, antropólogo y consultor experto en seguridad y justicia.
“Las casas en áreas de alta densidad, como la zona 18, Mixco y Villanueva, son frecuentemente convertidas en bases de operaciones, puntos de distribución para narcotraficantes o centros de planificación para extorsiones. Controlar estos espacios refuerza la gobernanza criminal, impone reglas y limita la acción policial, lo cual es fundamental para mantener el flujo de ingresos ilícitos que sostienen su estructura y territorio criminal”, analiza.
“Actualmente, la tasa nacional en Guatemala es de 16 por cada 100,000 habitantes. La respuesta institucional a este contexto de violencia ha sido, en general, una gestión ordinaria de la crisis y el conflicto”, concluye Álvarez.
La impunidad y la falta de Estado de derecho
La fuga de 20 reos ha generado alarma y miedo en la población. Algunas personas prefieren no hablar del tema por temor a represalias de las pandillas.
Entre los más afectados en el área metropolitana se encuentran Ciudad de Guatemala y municipios como Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, San Juan Sacatepéquez, San Miguel Petapa, Chinautla y Amatitlán, donde las maras, como el Barrio 18 y la Mara Salvatrucha, operan con frecuencia.
Según medios locales, hay 13,000 denuncias de usurpación en el país. En el mismo período, el Estado ha llevado a cabo 99 desalojos, lo que significa que solo el 0.76% de las víctimas haTomado de https://www.rfi.fr/
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