Impunidad – Juan José Arreola - Expresión Sonora Noticias

Ayer todavía estaba libre para el paso de los peatones la banqueta de la calle Montesacro en la ciudad de Querétaro. Hoy la banqueta de dicha calle casi en esquina con la avenida Belén, así como parte de la zona de rodamiento para automóviles, está ocupada por una especie de casa de campaña que utilizan para la venta de carnitas y “micheladas”.

Igualmente, a pesar de los abundantes avisos sobre avenida Pasteur de la prohibición de estacionar automotores en la calle, diariamente varios conductores lo hacen sin empacho alguno. Incluso ahí para uno que otro vehículo con siglas gubernamentales en sus puertas.

Recientemente (este fin de semana) los encargados de las fiestas patronales de la parroquia de San Miguel Arcángel, en la colonia Felipe Carrillo Puerto, obviaron tramitar el permiso correspondiente para almacenar pirotecnia, la que estalló en plena celebración.

Estos son solamente ejemplos del comportamiento de muchos ciudadanos que, sin pensárselo demasiado, incurren en la violación de leyes y reglamentos creados para garantizar la sana y respetuosa convivencia civil. Pero lo hacen a contrapelo de las reglas y porque es bueno para ellos, sin importar la repercusión que su conducta tenga en la sociedad en general.

¿Y la autoridad?

Y así como hay cantidad de ciudadanos y ciudadanas que “no se tientan el corazón” para violar la sana convivencia (incluyéndose a la persona que el viernes pasado bajó de su automóvil, en pleno tráfico citadino, para agredir el auto de otro que iba delante de él), así también existe la percepción de que la autoridad hace poco o muy poco para evitar esta condición.

Cierto es que tenemos leyes, y cierto también que constantemente son violadas, porque en la lógica de quien en esto incurre existe la idea de que “si otro lo hace, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”.

Cuando esto sucede y dicho comportamiento no tiene una consecuencia negativa, como el ser sancionado o castigado, entonces se refuerza esta conducta: “hay leyes, pero las puedo violar porque nadie me castiga y hago lo que quiero o requiero (impongo mi ley)”.

Sucede también, y principalmente, porque la autoridad (municipal, estatal o federal) no cuenta con la suficiente fuerza humana para vigilar la ciudad y sancionar, o porque en varias ocasiones no aplica la ley y omite la sanción correspondiente.

Me refiero no solamente a las corporaciones policiales (estatal y municipales), sino también al personal de movilidad, que apenas superará la cifra de 100 elementos en el municipio capitalino. El caso de los inspectores, verificadores y visitadores domiciliarios, también del municipio de Querétaro, es similar, pues cuentan con solamente 104 integrantes.

Y aun cuando pudieran ser los mejor capacitados del país, su escaso número no alcanza para cubrir una ciudad que cuenta con poco más de un millón de habitantes (un millón 49 mil 777).

La ruta a seguir

Reconocida la situación y la extrema dificultad para vigilar y castigar por parte de la autoridad, es imprescindible y urgente comenzar la reconversión social de nuestra comunidad mediante la construcción de una nueva visión de comunidad, basada en el respeto y el buen comportamiento.

El punto de partida –para un plan a largo plazo– habrá de comenzar con las familias y en la escuela. Las primeras, convocándolas a masivas escuelas para padres, con el fin de inculcar la educación en civismo hacia los hijos y para conocer las leyes vigentes. En las escuelas (desde la primaria y hasta la preparatoria, por lo menos) incluyéndose la materia de educación cívica, que inculque la sana convivencia, el respeto al entorno y a los ciudadanos, el espíritu de apoyo y de solidaridad y, por supuesto, el conocimiento y respeto a las leyes.

La autoridad, por su parte, deberá de fortalecer sus mecanismos de difusión y conocimiento de leyes y reglamentos, de vigilancia y orientación al ciudadano y, finalmente, de sanción.

Si realmente queremos ir “al siguiente nivel”, urge priorizar estas políticas públicas.