¿Hablamos de los costes de la no sostenibilidad?

Reducir la carga administrativa y los costes de cumplimiento para aumentar la competitividad de las empresas europeas: este ha sido el hilo conductor del paquete Omnibus I, presentado por la Comisión el 26 de febrero para simplificar las directivas CSRD y CSDDD. Tras meses de debate, los colegisladores europeos han insistido de manera constante en esta idea, y ahora, a las puertas del trílogo, todos comparten un objetivo común: reducir costes. Sin embargo, conviene recordar que, en este debate, corremos el riesgo de que «los árboles nos impidan ver el bosque».

¿En qué situación estamos?

Las posiciones de la Comisión, el Consejo y el Parlamento muestran una clara tendencia a concentrar el cumplimiento en las empresas más grandes, reduciendo de manera drástica el número de compañías afectadas. Después de sucesivos ajustes en los umbrales de empleados y facturación, el ámbito de aplicación previsto para la CSRD y la CSDDD se ha reducido entre un 75% y un 92% respecto a las expectativas iniciales. Esta orientación hacia la simplificación y el recorte de costes ha sido defendida de forma explícita por varios actores clave del Parlamento Europeo, que consideran prioritario aliviar la carga regulatoria sobre las empresas.

En paralelo, EFRAG ha impulsado una profunda simplificación de los estándares ESRS. La primera versión podía llevar a reportar hasta 1.700 data points, pero la propuesta de diciembre de 2025 reduce en un 61% los data points obligatorios («shall») respecto a los ESRS iniciales de 2023, y hasta un 71% si se consideran también los data points voluntarios.

¿De qué costes hablamos?

Gran parte del debate público ha girado en torno al coste administrativo de implantar la CSRD y los ESRS. En términos agregados, según un estudio de CEPS y Milieu, se estima que los costes iniciales ascienden a unos 2.100 millones de euros y los recurrentes a unos 2.400 millones. Estas cifras, tomadas en bruto, parecen muy elevadas y han alimentado el discurso sobre la «excesiva carga burocrática».

Pero la dimensión cambia por completo cuando esos mismos costes se observan desde la perspectiva de cada empresa. Según ese mismo estudio, para las compañías ya sujetas a la Directiva de Información No Financiera de 2014, los costes representan entre el 0,0009% y el 0,0058% de sus costes operativos. En empresas no sujetas anteriormente, los rangos siguen siendo mínimos: entre el 0,005% y el 0,009%. Incluso en compañías más pequeñas, las cifras se mantienen en niveles similares. En otras palabras: hablamos de fracciones que oscilan entre milésimas y centésimas del 1% del coste operativo de una empresa.

Aunque los valores agregados sean voluminosos, el coste real del ‘reporting’ por empresa es extraordinariamente bajo

La conclusión es clara: aunque los valores agregados sean voluminosos, el coste real del reporting por empresa es extraordinariamente bajo, hasta el punto de resultar irrelevante como argumento para cuestionar la utilidad de la CSRD.

¿Y los costes de la NO sostenibilidad?

Mientras el debate político se centra en el euro que cuesta medir, se presta muy poca atención a los millones que cuesta no gestionar. Los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza tienen impactos económicos muy significativos, y esos son los verdaderos costes que Europa debería considerar.

Por lo que respecta a los costes ambientales, los desastres naturales relacionados con el clima y el agua han generado pérdidas económicas globales equivalentes a 2.500 millones de dólares por día durante los últimos 50 años. Las empresas globales afrontan riesgos financieros derivados del clima que podrían alcanzar 1 billón de dólares en los próximos cinco años. Además, la necesidad de infraestructuras resilientes requerirá inversiones adicionales de 4,5 billones de dólares para 2050. Sin medidas de adaptación, la depreciación del valor de los activos empresariales podría representar hasta el 28 % anual en algunos sectores a mediados de siglo. Estos costes superan por varios órdenes de magnitud cualquier obligación de reporting.

Los costes sociales también son relevantes. Así, el coste de reemplazar a un empleado asciende a entre seis y nueve meses de salario, lo que penaliza fuertemente a las empresas con alta rotación. La mala salud mental en el trabajo supone 28.000 millones de libras anuales en la economía británica. Los litigios por discriminación y acoso laboral representaron más de 665 millones de dólares en Estados Unidos solo en 2023.

La explotación laboral y las malas condiciones pueden generar pérdidas de hasta 150.000 millones de dólares al año

En la cadena de valor, la explotación laboral y las malas condiciones pueden generar pérdidas de hasta 150.000 millones de dólares al año, y los accidentes laborales en Europa equivalen a cerca del 4 % del PIB de la UE. A ello se suman los costes sociales derivados de tensiones comunitarios, desigualdad o desplazamientos poblacionales.

Y qué decir de los costes de gobernanza. Los escándalos corporativos son quizá la expresión más clara del coste de la no sostenibilidad. La caída de Enron provocó pérdidas superiores a 74.000 millones de dólares para el mercado, la desaparición de Arthur Andersen y un daño reputacional todavía recordado. La quiebra de Lehman Brothers en 2008 —la mayor registrada en Estados Unidos— desencadenó una crisis financiera global cuyos efectos económicos se midieron en millones de empleos perdidos y billones de dólares en PIB. Ambos casos demuestran que la falta de controles internos y de transparencia puede comprometer la viabilidad de una compañía y poner en riesgo la estabilidad económica global.

Estos ejemplos permiten extraer una conclusión evidente: sin conocer los riesgos ESG, resulta imposible ofrecer una imagen fiel de una compañía. La sostenibilidad, lejos de ser una capa adicional de burocracia, forma parte esencial de la información necesaria para evaluar la salud financiera de las empresas.

¿Y el coste de la fragmentación del mercado interno?

Más allá de los costes del reporting y de los riesgos ESG, existe otro elemento que encarece de forma decisiva la actividad empresarial: la fragmentación regulatoria del mercado interior. Como han señalado Enrico Letta y Mario Draghi en sus informes, la divergencia normativa entre Estados miembros incrementa los costes de cumplimiento, reduce la inversión y frena la innovación. Para una empresa, operar con reglas distintas en cada país, e incluso en diferentes capas administrativas dentro de un mismo territorio, supone dedicar miles de horas a trámites duplicados que no generan ningún valor. Simplificar, armonizar y facilitar la actividad empresarial en el mercado interior ahorraría probablemente más costes que cualquier reforma vinculada a la CSRD o a la CSDDD.

La conclusión es que el debate sobre los costes del reporting de sostenibilidad necesita una mirada más amplia. Los datos muestran que su impacto económico real es mínimo, mientras que los costes de la no sostenibilidad (ambientales, sociales, de gobernanza y derivados de la fragmentación regulatoria) son enormes y crecientes. Por ello, avanzar en la simplificación administrativa es deseable, pero la verdadera competitividad europea dependerá de gestionar adecuadamente los riesgos ESG y de reducir la complejidad normativa que hoy limita a las empresas.

Tomado de Ethic.es