Sanjuana Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 19 de octubre de 2025, p. 8
“Me duele el alma, estoy muerta en vida”, dice Dioselina Zavala González, a quien el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de México le negó hace dos años la custodia de su nieto de ocho años, luego de denunciar penalmente a su yerno por abusar sexualmente del menor, y se la dio a la familia del agresor.
Su nieto tiene una discapacidad en el neurodesarrollo y de motricidad por encefalopatía y dice que desde hace años es abusado sexualmente por su padre biológico, Héctor Tenorio Rodríguez, con la complicidad de su hija Beatriz Morales Zavala.
Así lo declaró el niño, de iniciales LTM, el 23 de junio del 2023, según consta en la denuncia penal por violación equiparada radicada en la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales, con la carpeta CI-FIDS/FDS-7/UI-FDS-7-03/00800/06-2023
“Mi papá me metía su pilín por donde hago popó, en mi cola, me lastimaba, yo lloraba, le decía ‘no me lo hagas’ y mi papá me decía ‘te voy a empujar las nalgas y no quiero que le digas a nadie o te voy a hacer más duro…’”, dice el testimonio del niño, al que tuvo acceso La Jornada.
Las declaraciones del menor fueron desestimadas por la entonces jueza Claudia Jimenez Teutli, porque dijo que la Fiscalía de la Ciudad de México “olvidó” grabar la comparecencia del niño.
El caso del nieto de Dioselina se hizo viral luego de la publicación de su historia en este diario: “Padre abusa de su hijo y abuela lo denuncia; no lo vinculan a proceso”.
“Han pasado dos años y no se ha avanzado nada, no se ve la luz, seguimos igual. Los padres del niño tienen un amparo para que no los vinculen a proceso. Ni siquiera ha habido la audiencia inicial. Ellos alegan que en la audiencia, la entonces jueza Claudia Jiménez Teutli no los vinculó a proceso y que por eso son inocentes, y todo porque la fiscalía no grabó las declaraciones del niño. La jueza quedo muy exhibida en las redes, pero ella se sostiene y afirma que hizo su trabajo. Menos mal que ya no es jueza”, relató.
La carpeta penal de la violación equiparada a su nieto tiene más de mil hojas y, a pesar de ello, el DIF, dirigido por Liliana Chávez Martínez, decidió dar la custodia del menor a la hermana del agresor: “Cuando denuncié a mi yerno, jamás pensé que sería peor. Ahora mi niño está con la familia del agresor. El niño dice en sus nuevas declaraciones que ve a los padres y seguramente está viviendo los mismos abusos que sufría cuando lo saqué. El papá es un sociópata narcisista; yo lo vi porque conviví con ellos. Antes mi hija tenía voz, pero se fue apagando. Ella hace todo lo que él le dice”.
Sin información
Dioselina, de 69 años, explica que el DIF le niega toda información del menor con el argumento de que ya está “muy mayor” para pretender hacerse cargo del niño: “Desde el 9 de octubre de 2023 no sé nada de mi niño, ya cumplí dos años sin verlo sin que nadie me dé información. El niño donde está no lo quieren. La abuela paterna me decía que yo cuidara de él. Yo lo cuidé cuatro años incondicionalmente. Lo dejé de cuidar por la pandemia del covid. En 2023 fue cuando me di cuenta del abuso sexual que sufría de parte de mi yerno, pero el DIF se lo entregó a ellos”.
En el reporte de maltrato infantil del DIF, con fecha 10 de mayo de este año, el menor ya no insiste en el abuso sexual que ha sufrido por parte de su padre durante años. Ahora solamente dice que en la casa de sus abuelos paternos, su progenitor le pega: “me daba nalgadas con una regla en las pompas y en el brazo… papá nunca me hacía nada malo”.
Dioselina atribuye a la corrupción que, dice, existe en el DIF: “No me dan ninguna información, no sé cómo está mi nieto. En ese reporte, el niño dice que el abuelo, que antes le regalaba un carrito, ahora le grita, ese abuelo que antes lo quería. Dice que el papá le pega en sus brazos y en la frente, y que su mamá a veces le lleva de comer en la noche para que no la vean. Dejar al niño con la familia del abusador es un error. Mi nieto no quiere estar ahí y seguramente su padre sigue abusando de él. El niño está en una situación de riesgo y vulnerabilidad, esa es la verdad”.
Añade: “Si Héctor Tenorio abusaba de él y le permiten seguir viéndolo, pues sigue abusando del niño y ahora con la protección de sus papás porque está en su casa”.
La acusación
La abuela del menor recuerda que denunció a su yerno el 23 de junio de 2023, y en ese momento, la agente del Ministerio Público dejó al niño a sus cuidados, pero su hija la denunció a continuación por “sustracción de menores” y el DIF le quitó a su nieto. Finalmente, la acusación fue desechada, pero el menor jamás volvió a estar bajo su crianza.
En la causa judicial, explica cómo se dio cuenta de los abusos sexuales: “Ya eran casi las 8 de la noche cuando mi nieto fue a hacer popó, y cuando acudí a limpiarlo, ya que no puede hacerlo solo, me dijo: ‘con cuidado, abuelita, porque me duele’, y cuando me dijo, lo revisé para ver si estaba rozado y vi algo que no me gustó, tenía como fisuras en su anito con sangre fresca”.
Ante las evidencias médicas del abuso y las declaraciones del menor con los dictámenes de los peritos, se determinó que el niño es víctima de abuso sexual por parte de su padre, “pero en el DIF hay mucha corrupción, empezando por Alan Ariel Ramírez Trejo y Olivia Olvera Solano, que son las personas que entregaron al niño el 9 de octubre de 2023 a la hermana del agresor”.
Dice que desde antes, el 5 de octubre, ya no quisieron regresarle al niño: “Olivia Olvera fue muy déspota, me trató muy mal, me dijo que me fuera, que ya estaba grande, con 67 años en ese momento; que dentro de poco yo iba a necesitar quien me cuidara y que iba a crear un conflicto en la sala de espera porque ya tenía citados al abuelo y a la tía paterna para darles el niño”.
Cuenta que después se enteró de que a Olvera la habían despedido porque cometió muchas anomalías: “El DIF es inamovible, no acepta sus errores. Es muy doloroso. Fui con la nueva administración, quería creer que las cosas habían cambiado, pero fue igual, nada más me dijeron que el 25 de febrero del 2025 habían renovado los cuidados, sin decirme cuándo se vencen. Seguramente se los renovaron otra vez”.
Añade: “Por inverosímil que parezca, yo saqué a mi nieto del calvario en donde estaba y el DIF lo regresa a donde fue abusado sexualmente. El niño sigue siendo maltratado, el niño está amenazado, le tienen odio por haberse atrevido a denunciar. Creo que todo es por la corrupción que hay en el DIF”.
No hay justicia
Dioselina pide a Fabián García, titular de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, que atienda su caso, y también pide ayuda a la fiscal Bertha Alcalde y a Liliana Chávez Martínez, funcionaria del DIF: “Pido que me ayuden a hacer justicia a mi nieto. El DIF ni siquiera me da información”.
Agrega que “el sistema de justicia es muy lento, no avanza. Me siento atormentada porque seguramente el niño sigue sufriendo abuso sexual, sufro por la vulnerabilidad en la que está mi nieto”.
Lamenta que su hija defienda a su esposo, en lugar de a su niño: “Hay mujeres que no merecen ser madres. Es una cómplice. Tener un hijo es el regalo más hermoso que Dios le dio, porque ese niño es un milagro de Dios. Mi hija no podía tener hijos. Me duele el alma lo que le ha hecho al niño. Mi hija echó a perder su vida. La desconocemos totalmente. Es otra mujer. Y se ve a la vez que está manipulada. Se ve que tiene miedo. No sé cómo puede defender al marido y no al hijo. Es un dolor doble; que ella vaya a la carcel o que mi nieto regrese a vivir con ellos; los dos caminos que la justicia elija me van a doler, pero mil veces que ella vaya a la cárcel en lugar de que mi nieto regrese a vivir con ellos y siga sufriendo abuso sexual de su padre”.
Considera que al sistema de justicia le falta mucho, en particular sobre abusos sexuales cometidos contra menores: “Hago un llamado a la fiscalía para que velen más por las infancias, y a los diputados y senadores para que hagan leyes que los protejan. Para empezar, lo peor es que las autoridades no les creen a los niños cuando declaran, dicen que son delitos de oscuridad, de comisión oculta”.
Señala que su yerno trabaja en el Gobierno de la Ciudad de México gracias a Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital.
Última súplica
A Dioselina le ruedan las lágrimas por sus mejillas. Lo ha intentado todo legalmente y ha luchado inútilmente contra la maquinaria lenta y corrupta de la justicia. Y con un leve hilo de voz, apenas audible, dice: “Pido que se escuche la voz de mi nieto, su sufrimiento, su dolor”.
Refiere que de sus primeras declaraciones hace dos años, a las actuales, el niño ha cambiado y lo han manipulado: “El caso no ha avanzado porque esto es un crimen de Estado contra mi sobrino. Están involucrados funcionarios del gobierno. Abogados nos han dicho que por las pruebas médicas contundentes que existen, la declaración del propio niño, como las informes sicológicos, es un escándalo que no hayan vinculado a proceso a Héctor Tenorio Rodríguez y, peor aún, que le hayan quitado las medidas de restricción que ya tenía de parte del juez Erik Allende Alonso”, dice Mireya Morales Zavala, tía del menor.
Dice que su sobrino es un niño neurodivergente y la fiscalía comete un segundo crimen de Estado: “Todos los abusos y maltratos al niño están plenamente documentados y comprobados. El tercer crimen de Estado lo está cometiendo el DIF al darle el niño a la familia del agresor. Mi sobrino sigue siendo abusado. ¡Eso no nos deja vivir! ¿Qué tenemos que hacer para que vean este caso? ¿Esperan que pase una desgracia?”
Tomado de https://www.jornada.com.mx/
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