Tiempo de lectura: 3 minutos
Portada: El Fisgón
(12 DE DICIEMBRE, 2025).-La Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una carpeta de investigación contra María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción (MCCI), con el fin de que sea procesada por su presunta intervención en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. El caso se relaciona con la pensión vitalicia que recibió por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) tras la muerte de su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla, ocurrida el 7 de octubre de 2004.
De acuerdo con una nota de La Jornada de Gustavo Castillo García, en mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, expuso que Márquez Padilla ingresó a la empresa el 1 de junio de 2004, durante el gobierno de Vicente Fox, como coordinador ejecutivo de la dirección corporativa de administración. Su muerte se produjo apenas 129 días después de haber asumido el cargo, tras caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de Pemex. Aunque los peritajes establecieron que se trató de un suicidio, este hecho no quedó asentado en los documentos divulgados públicamente.
Posteriormente, el 19 de octubre de 2004, se solicitó el pago de la pensión posmortem para los beneficiarios, con vigencia a partir del día siguiente al fallecimiento. Oropeza acusó a Casar de haber causado un perjuicio económico a Pemex por 31 millones de pesos, señalando que recibió pagos mensuales de 125 mil pesos.
Documentos del Poder Judicial de la Federación indican que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción solicitó audiencia inicial para imputar a Casar y a dos personas más por el delito previsto en el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal, que sanciona el uso ilícito de atribuciones y facultades. Este delito puede ser imputado tanto a servidores públicos como a ciudadanos que soliciten, promuevan o participen en la obtención indebida de permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico. Las penas establecidas oscilan entre seis meses y 12 años de prisión, además de multas de 30 a 150 días.
La audiencia está programada para el 16 de diciembre, cuando se informarán los resultados de la investigación y las imputaciones formales. Al no tratarse de un delito grave, en caso de que se determine la vinculación a proceso, las personas señaladas podrán continuar su juicio en libertad condicional.
Tras la suspensión de la pensión por parte de Pemex en febrero de 2024, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo. El juzgado sexto de distrito en materia del trabajo resolvió a su favor y ordenó a la empresa reintegrar el pago.
Casar cobró desde hace años una pensión de viudez ligada a la muerte de su esposo (Carlos Márquez). Ella y sus representantes sostienen que la pensión es un derecho adquirido conforme a la normativa correspondiente. Casar ha rechazado que su conducta constituyera corrupción.
En mayo de 2024, el director de Pemex, Octavio Romero, y el presidente Andrés Manuel López Obrador hicieron declaraciones públicas cuestionando la legalidad del pago y sugirieron que la muerte del esposo no había sido accidente laboral, por lo que la pensión no procedía. Esto desató una campaña pública de señalamientos contra Casar y MCCI.
Pemex presentó una denuncia y reportó que investigaría a exfuncionarios a quienes atribuye “facilidades” para agilizar el pago de la pensión. En paralelo, la empresa buscó que se suspendiera el pago. Pemex argumentó que hubo irregularidades en la tramitación.
Cuando Pemex suspendió o intentó suspender los pagos, Casar promovió recursos legales (amparos) para defender la continuidad del pago y su derecho. Un juez federal concedió medidas cautelares (suspensión de plano) que obligaron a Pemex a reintegrar la prestación mientras no existiera una decisión firme en contrario.
Tribunales federales (al menos en primera instancia) ordenaron que Pemex debía continuar pagando o reintegrar la pensión hasta que hubiera una resolución definitiva que acreditara su improcedencia. Algunos reportes señalaron que un tribunal ratificó la obligación de pago y que Pemex debía restituir retroactivos, aunque las partes han ofrecido versiones distintas sobre montos y depósitos.
Tras la denuncia presentada por Pemex, la Fiscalía General de la República (según reportes) abrió investigaciones. Sin embargo, hasta los reportes públicos más difundidos no había (en su mayoría) audiencias concluyentes ni sentencias definitivas, y Casar ha denunciado persecución política y la exposición pública de su caso sin pruebas definitivas en sede judicial.
El caso se amplificó porque MCCI es una organización de investigación sobre corrupción; el gobierno aprovechó el episodio para cuestionar la credibilidad y el financiamiento de MCCI (por ejemplo, aportaciones de la USAID/Embajada de EE. UU.). Esto convirtió el asunto en una confrontación política entre el Ejecutivo y una ONG crítica del gobierno.
CONOCE MÁS:
#NoEsBroma|| Tribunal decide que Pemex debe seguir pagando pensión a Amparo Casar
#Sonora #Expresion-Sonora.com
Tomado de https://elchamuco.com.mx/
Más historias
Silenciar el grupo familiar para la cena de Año Nuevo, la mejor terapia: psicólogos
Capturan a Luki, presunto jefe de plaza del CJNG en Macuspana
Decretan 2026 Año de Margarita Maza Parada