Ex preso político colombiano lucha contra el encarcelamiento injusto en AL

El doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas –ex preso político en Colombia– critica los métodos de represión que han operado gobiernos de derecha en la región latinoamericana contra opositores al conservadurismo. Su caso, expone, involucró a los gobiernos del colombiano Álvaro Uribe Vélez y el mexicano Felipe Calderón Hinojosa. Para evitar la repetición de la persecución política, anima a no perder el pensamiento crítico de las universidades y promueve la eliminación de las cárceles

Las palabras fluyen de un lado a otro, pero un abrazo lo dice todo. Unos segundos entrecruzados detonan el cariño que la distancia física y temporal no han podido terminar. Años de lucha contra un injusto encarcelamiento, y gozo por la libertad de Miguel Ángel Beltrán Villegas. Como si estuvieran formados para ingresar al auditorio, otros cercanos esperan su turno para saludarlo. La sonrisa de todos y todas aparece por impulso cuando ven pasar a quien es símbolo de resistencia ante un caso de falso positivo fabricado por el gobierno colombiano de Álvaro Uribe Vélez, y respaldado por el de Felipe Calderón Hinojosa, cuando lo deportó de México en 2009.

Cuatro años después de su última visita al país, el doctor Beltrán Villegas regresa a presentar el libro que narra su tragedia, y que también exhibe los vicios del Estado colombiano, que se volcó contra los opositores al modelo conservador y de derecha que encabezó Uribe Vélez.

Luego de haber sido encarcelado injustamente en dos ocasiones por las autoridades colombianas –una de ellas, afirma, en complicidad con el entonces gobierno de Felipe Calderón–, y puesto en libertad por no comprobarse los supuestos delitos que le imputaban, el doctor en estudios latinoamericanos reivindica su caso y comienza nuevas luchas, acompañado de su pareja, la también latinoamericanista Luisa Natalia Caruso, para evitar la repetición de la persecución a la que fue sometido; animar a que no se pierda el pensamiento crítico de las universidades; y a promover la eliminación de las cárceles, un espacio que padeció y que, asegura, no debe existir.

“Sentíamos que era como un compromiso político, ético de reivindicar ese pensamiento crítico”, más desde el “lugar privilegiado” que significa formar parte de la docencia en la educación superior, “donde podemos incidir de alguna manera en el debate”. El silencio es “lo que ha permitido que esas vulneraciones sigan y continúen”, una consigna que dice enarbolar a raíz de su sufrimiento.

Alianza para un secuestro

Jaime Cienfuegos fue el alias con el que las autoridades colombianas identificaron al doctor Beltrán Villegas, cuando lo detuvieron por presuntamente ser miembro del ‘frente internacional’ de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), calificada como una organización terrorista para el gobierno de ese país, y un mote que lo perseguiría por el resto de su vida, afirma en su libro Alianza para un secuestro.

El académico asegura que la detención se dio luego de que el gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, lo “secuestrara” en sus instalaciones, para luego deportarlo el 22 de mayo de 2009. Ese día, indica, fue engañado para acudir al sitio, con el pretexto de que se le entregaría una visa para extender su estancia posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A pesar de temer la posibilidad de que pudiera haber sido enviado a Estados Unidos bajo los falsos señalamientos que se le imputaban, terminó por regresar a su país; pero no corrió con suerte, pues ahí fue aprehendido y llevado ante la justicia por los delitos de “concierto para delinquir con fines terroristas y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados”.

Ello fue la culminación de una serie de eventos que ya levantaban sospechas en el doctor Beltrán Villegas. En las memorias de su texto, recuerda que la decisión de salir de Colombia se dio luego de diferentes momentos en que se sintió extrañamente vigilado, incluso con invasiones constantes a su lugar de trabajo en la universidad; de tal manera que solicitó un permiso para una estancia posdoctoral en la UNAM.

A él no le extrañan los cargos que se le imputaron falsamente. En su trabajo académico ya cuestionaba las políticas de seguridad del entonces presidente Álvaro Uribe. En aquellos años, el gobierno colombiano se lanzó contra las instituciones educativas, a las que calificaba como “nido de guerrilleros”.

Los señalamientos en contra del doctor Beltrán Villegas derivaron de la supuesta revisión de una computadora del guerrillero Raúl Reyes, alias de Luis Edgar Devia Silva, quien fue asesinado en Sucumbíos, Ecuador, en un atentado –ocurrido en 2008– de las Fuerzas Armadas colombianas durante su lucha contra las FARC.

A pesar de permanecer preso de 2009 a 2011, el académico salió de la cárcel luego de que una primera instancia judicial de Colombia señalara que la Procuraduría no pudo probar los delitos por los cuales se le señalaba. No obstante, las amenazas hacia su persona no cesaron, razón por la que se exilió en Argentina durante dos años.

Tiempo después, sufrió la destitución de la Universidad Nacional de Colombia por órdenes de las autoridades de procuración de justicia en aquel país y, en 2014, volvió a prisión acusado del delito de rebelión. Un año después fue excarcelado, al no encontrar pruebas y ser absuelto por la Corte Suprema de aquel país.

En su caso hay un círculo de personajes responsables. Él señala por igual al expresidente colombiano Álvaro Uribe, el entonces mandatario mexicano Felipe Calderón, el exprocurador general de Colombia Alejandro Ordóñez, el exdirector de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo Trujillo, y el entonces ministro de Defensa Juan Manuel Santos, quien también fue presidente de Colombia entre 2010 y 2018.

En 2018, el doctor Beltrán Villegas volvió a ingresar a la universidad como docente, trinchera que ha abrazado para poder poner en la mesa aquellos temas que impactaron su vida, pero que están presentes en la de muchas personas que, como él, sufren estas injusticias. Ahora, se dice activista por esas causas, como repite a este semanario.

Sucumbíos los entrelaza

El secuestro del doctor Beltrán Villegas ocurrió en un contexto en el que el presidente colombiano “quería presentar que las FARC era una organización internacional terrorista que captaba jóvenes para sus filas, tanto en Colombia como fuera”, describe la doctora Luisa Natalia Caruso.

Ella conecta el caso con la masacre en Sucumbíos, Ecuador, cuando el 1 de marzo de 2008 “un avión del Ejército de Colombia –que despegó de la base militar norteamericana ubicada en Manta, Ecuador– ejecutó la Operación Fénix o De la Angostura, durante la cual bombardeó el campamento diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP)”, a unos 1 mil 800 metros de la frontera con Colombia. Le siguió otro bombardeo, “precedido por la incursión terrestre del ejército colombiano”, narra en un documento la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El saldo fue de 25 personas asesinadas, de las cuales cuatro eran mexicanas, y tres heridas, una de ellas también de México, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, quienes “buscaban obtener información sobre el conflicto para elaborar sus tesis de licenciatura y posgrado”. Ellas y ellos fueron: Soren Ulises Avilés Ángeles, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Juan González del Castillo y Fernando Franco Delgado. Por su parte, Lucía Andrea Morett Álvarez sobrevivió al ataque.

El sitio “era un espacio de negociación, de acuerdos humanitarios y de paz […], cuyos objetivos eran proponer mecanismos novedosos de paz, integración latinoamericana de la problemática socioeconómica”, así como soberanía e independencia. Organizado por la Coordinadora Continental Bolivariana, ahí se congregaron reporteros, diplomáticos y activistas, continúa el texto del organismo autónomo, publicado a 17 años del suceso.

En este hecho participaron elementos de la policía, ejército y Fuerza Aérea de Colombia, así como también hubo apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadunidense, “con tecnología de precisión de origen israelí”. Por su parte, “el papel del gobierno mexicano de Felipe Calderón fue deplorable”, calificó la CNDH, pues “no defendió los intereses de sus connacionales fallecidos y heridos en el exterior, no exigió justicia ni condenó esta agresión armada contra un país soberano”. La CNDH indicó que esa actuación fue de “complicidad” por “negar el acceso a la verdad y la justicia”.

Para la CNDH, “lo que eso generó fue mucho miedo”, tanto en México como en Colombia, “miedo en los contextos universitarios”, aunque también solidaridad. “No se criminaliza, no se estigmatiza porque sí, sino “que tiene un sentido efectivamente más allá de las personas: de neutralizar, digamos, espacios organizativos, espacios de denuncia, espacios de memoria, de distinto tipo”.

Reforzar el pensamiento crítico de las universidades

Sentado en el húmedo pasto de Ciudad Universitaria, en la UNAM, el doctor Beltrán Villegas, en su calidad no sólo de ex preso político, sino de doctor de estudios latinoamericanos, explica a Contralínea la transformación del sufrimiento en lucha. Y señala la criminalización que sufren estudiantes y profesores con ideas contrarias al status quo, a las que se refiere como “críticas”.

El académico universitario de origen colombiano advierte que la comunidad estudiantil ha sido definida “dentro de un contexto de lo que es las doctrinas de la seguridad nacional”, que posicionan alumnos críticos como enemigos que hay que acabar, principalmente en gobiernos de derecha –como el de Javier Milei, en Argentina; o la exadministración de Bolsonaro, en Brasil.

Advierte que eso también ha cambiado. “Son estudiantes que se les persigue por su pensamiento crítico, se les vincula con organizaciones consideradas ilegales”, y cuando salen de esos procesos montados, quedan estigmatizados.

“Entonces hoy tenemos un estudiante menos politizado, menos consciente, menos interesado por los temas políticos y dijéramos, mucho más alienado”; o menos derechos laborales para los docentes, a fin de “silenciarse por mantener su trabajo”; todo como parte de un trabajo sistemático de los organismos estatales, señala el doctor. Y no hay protocolos de atención frente a la criminalización en las propias universidades, añade la doctora Caruso, o Nelsa, como la llaman sus círculos cercanos.

En el neoliberalismo, “la universidad funciona con las lógicas del mercado. Unas más, otras menos, pero es convertir el conocimiento en una mercancía. Entonces, bajo esa lógica, el pensamiento crítico siempre es incómodo [… y la] academia está dedicada a producir un conocimiento que satisface más bien las demandas internacionales, que no corresponden con los problemas sociales. Ese vínculo universidad-sociedad, a mi modo de ver, se ha roto”, advierte el doctor Beltrán Villegas.

En su nueva etapa como “activista”, menciona que ha acompañado a un gran número de estudiantes criminalizados por la propia universidad, involucrados en procesos judiciales, comúnmente que cursan ciencias sociales. Ante esta situación, él ha dado algunas clases en prisión a las y los alumnos, pero ello le ha conducido a que las autoridades escolares le abran procesos disciplinarios.

Ello, forma parte de un panorama global de crecimiento de las derechas, con personajes –tan sólo en América– como Donald Trump, Nayib Bukele o Javier Milei. Cuando personajes así tienen el poder, hay un incremento de los tintes fascistas que “ha penetrado en la sociedad. Entonces, en muchos casos es la misma sociedad la que pide medidas de seguridad que vulneren derechos”, lamenta el doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas.

En ese sentido, aprovecha para sugerir una revisión a los gobiernos progresistas. “Desde los sectores de izquierda y los sectores que queremos un cambio hay que poner nuevamente el debate cuál es nuestro proyecto político, si es simplemente un proyecto electoral, un proyecto de cambio por esas vías… realmente tenemos que pensar hoy cuáles son los problemas fundamentales y cuáles son las tácticas y estrategias que vamos a seguir, que ese debate realmente se eliminó, se eliminó la política, se eliminó la academia”.

Enumera los casos de Bolivia y Argentina, donde después de gobiernos considerados de izquierda, enseguida llegaron mandatarios conservadores para fortalecer esos ideales. “Hay algo ahí que no se ha hecho bien y que pues demuestra que los gobiernos progresistas tampoco han dado la salida ni son la solución a unos problemas que ameritan otro tipo de tratamientos”.

Por su parte, la doctora Luisa Natalia Caruso pide hacer “una autocrítica y una crítica frente a los límites de los progresismos, porque no hay cambios del Estado. El Estado está hecho para que no haya cambios, es un Estado liberal construido para que no haya cambios”. A ello le añade que también puede presentarse la “cooptación el movimiento social […] entonces el balance final es menos organización, menos movimiento social, más debilitado y con menos fuerza justamente para enfrentar esos escenarios que están por venir”, la profundización de la derecha.

“Cuando disminuye la posibilidad de pensamiento crítico, disminuye también la posibilidad de organización colectiva y, lo que uno ve en clave sistemática […] es que las salidas son claramente colectivas, no son individuales”; de tal manera que se tendría que pensar “en clave de vincularnos colectivamente cada vez más y en perspectiva latinoamericana”, agrega.

Eliminar las cárceles: el otro reto

La experiencia que vivió el doctor Beltrán Villegas y su familia no sólo los motivó a estudiar los fenómenos de criminalización en instituciones de educación pública, también los condujo a investigar el fenómeno de las cárceles en la sociedad.

Ello dio paso a que se dieran cuenta que “en la cárcel están los más pobres, los afro, los indígenas, los campesinos”, así como madres que deben cuidar solas a sus hijos. “Todo el mundo que llega a la cárcel es impactado [y], digamos, el castigo no es solamente frente a la persona que está privada de la libertad, sino es una extensión del castigo a toda su familia y amigos que los visitan”, subraya la doctora Caruso.

Narra que, en su caso particular, incluso sus hijos pequeños “estuvieron atravesados por la cárcel”. En los dos embarazos de ella estuvieron frecuentemente en ese espacio de privación. Es así que también presenció cómo hay “por ejemplo, niños [de] tres años encarcelados con sus madres en un aparente ejercicio del derecho del niño a estar cerca de su madre, pero en la práctica pues tenemos niños y niñas encarcelados y eso se ve como una garantía de derecho, ¿no?, una cosa que sería aberrante, que no debería suceder”.

Asimismo, critica que ha crecido la tendencia punitivista de entender la cárcel como una forma de que la sociedad está más segura si crece el número de presos, y más ahora con mandatarios como Nayib Bukele en El Salvador. No obstante, su investigación muestra que la gente “sale más enferma de la cárcel tanto física como mentalmente, todo su núcleo familiar igual sale más afectado, más empobrecido”.

Aun con todas estas dificultades, el doctor Miguel Ángel Beltrán Villegas se dice afortunado frente a otros casos: “a pesar de todo lo que nos pasó en la cárcel y de todo esto, porque tuvimos mucha solidaridad, mucho apoyo”, no solo de la propia UNAM o las universidades de Colombia, también hubo mucha movilización internacional “que permitió poder confrontar y trascender esa situación tan difícil”.

Demandas pendientes

Una de las exigencias que tienen hacia los gobiernos de Colombia y México es el esclarecimiento de la verdad, “porque eso implicó recursos de los dos Estados, recursos económicos, recursos materiales, humanos […] pues nunca nos han contestado, y esta exigencia yo creo que, más allá de nuestro caso, es para muchos otros casos que están sucediendo” 16 años después.

La pareja de académicos agradece que el presidente Gustavo Petro se comunicó con ellos y estuvo pendiente de su caso; pero también señalan que “eso tiene que ir mucho más allá: tomar decisiones que implican afectar estructuras”, como dar a conocer archivos de inteligencia “para saber cómo están actuando”.

De hecho, el 14 de febrero de 2019, los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) de México determinaron que el Instituto Nacional de Migración “violó el derecho a la libertad, al debido proceso, al derecho al asilo, los principios de presunción de inocencia y de no devolución”.

No obstante estos pequeños triunfos legales, el doctor Beltrán Villegas destaca que la persecución no ha cesado, sólo ha cambiado de forma: acusa que ha sido estigmatizado en la universidad. Ha sido amenazado. Cuando sale de Colombia a otro país, recurrentemente enfrenta problemas migratorios.

Por su parte, la doctora Luisa Natalia Caruso señala que, a pesar de haber ganado todas las demandas y amparos que pusieron en México, sobre el derecho al asilo, la violación de México a este derecho y el retiro a la restricción de entrar al territorio, aun así, ya en tres ocasiones que posteriormente intentaron ingresar a México, han sido retenidos, una ocasión con sus hijos menores.

Esa situación también ha ocurrido en Perú, en Serbia o Panamá, debido a que tienen una alerta o fiche en la Interpol que advierte sobre la supuesta peligrosidad que representan para la nación a la cual quieren ingresar. “Esto no se borra, esto se queda, entonces digamos que es un buen ejemplo de cómo la persecución continúa y cómo los Estados siguen teniendo una responsabilidad directa ahí”.

Actualmente, el doctor Beltrán Villegas admite que “hemos hecho un proceso de resiliencia, de poder convertirlo: eso que fue una experiencia personal, también como en una reflexión colectiva”. A partir de eso, percibe como una ganancia el colocar este tipo de temas en la mesa “porque en algún momento se llegó a pensar que tener ciertas ideas era mejor tenerlas guardadas y no salir al espacio público”, pero es justamente lo que buscan esas persecuciones, el silencio.

“Eso no lo han logrado y por eso la persecución continúa. Mientras nosotros mantengamos posturas críticas, vamos a tener la persecución de una u otra manera, y esa afectación la vivimos permanentemente en el entorno familiar”, principalmente la preocupación que les genera al salir con sus hijos. Mientras que la doctora Caruso considera que lograron convertir el dolor que provocó este caso, “en lucha, en resiliencia, en fuerza”. Y retoma el “compromiso con la memoria, con visibilizar” estos casos de injusticias.

Tomado de https://contralinea.com.mx/feed/