EU pactó con Los Chapitos, la facción del ‘narco’ que más trafica fentanilo

El gobierno de Estados Unidos pactó un manto de impunidad con la facción del narcotráfico a la que identifica como responsable del mayor trasiego ilegal de fentanilo a ese país y describe como híperviolenta: Los Chapitos. El acuerdo –por el cual la “justicia” estadunidense dejó en libertad a uno de los líderes principales: Ovidio Guzmán López– representa una de las mayores contradicciones en la supuesta lucha contra el “terrorismo” internacional y la atención a la crisis de los opioides, pues –según la OFAC, la DEA y el Departamento de Estado– Los Chapitos es uno de los grupos más poderosos del crimen organizado trasnacional y una “gran amenaza” para EU, con presencia en 40 países. La negociación con ese cártel inició desde que Ovidio fue extraditado en septiembre de 2023, y sirvió para secuestrar y capturar al líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael el Mayo Zambada, en un operativo de las agencias de EU que violó la soberanía de México; además, deja al descubierto cómo el vecino país se apropia de recursos ilegítimos producto del crimen organizado

Los Chapitos es uno de los grupos más violentos y, sobre todo, principal responsable del mayor tráfico ilegal de fentanilo a Estados Unidos, se asegura en la radiografía sobre esta facción del Cártel de Sinaloa hecha por los órganos de inteligencia estadunidenses, en el contexto de la llamada crisis de los opioides, que cobra la vida de 120 mil personas al año en esa nación.

No obstante ese conocimiento, el gobierno –primero del demócrata Joseph Biden y luego del republicano Donald Trump– pactó un manto de impunidad con los líderes, gracias al cual la “justicia” estadunidense dejó en libertad –el pasado 15 de julio– a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín –el Chapo– Guzmán y quien era cabeza en la estructura de Los Chapitos, junto a su medio hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Las negociaciones del gobierno estadunidense con esa facción del Cártel de Sinaloa comenzaron después de que Ovidio Guzmán fue extraditado –el 15 de septiembre de 2023– por el gobierno de México, en un operativo extremadamente confidencial para evitar que una ola de violencia pudiera poner en riesgo el envío del narcotraficante. Ya antes, el 17 de octubre de 2019, el Cártel había impedido la detención del mismo personaje –mediante el uso extremo de la violencia y amenazas de quemar una colonia completa en Culiacán, donde residen militares y sus familias–. La orden de liberar al criminal la dio directamente el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, para evitar una desgracia mayor. A ese operativo fallido se le conoce como el Culiacanazo.

Como se recordará, las labores de los órganos de inteligencia mexicanos derivaron finalmente en la detención de Ovidio Guzmán López el 5 de enero de 2023, en un operativo militar, del que el propio presidente López Obrador estuvo pendiente en la mesa del Gabinete de Seguridad.

Ahora, la puesta en libertad (bajo supervisión) del narcotraficante representa una de las mayores contradicciones del gobierno de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el “terrorismo” internacional y la atención a la crisis de los opioides, y además deja al descubierto un sistema de apropiación de recursos ilegítimos: el 20 de enero de 2025, el presidente Trump designó al Cártel de Sinaloa –integrado por las facciones de Los Chapitos y Los Mayos– como organización terrorista extranjera y, a sus integrantes, como terroristas globales especialmente designados. Y aseguró que “constituye una amenaza a la seguridad nacional que va más allá de la que plantea el crimen organizado tradicional”.

Sin embargo, esta designación no frenó el pacto con Ovidio Guzmán, quien para conseguir su libertad, se declaró culpable –el 11 de julio de 2025– de los cargos que le fueron imputados. Previo a ello, aportó información acerca del negocio criminal del Cártel de Sinaloa, de los delitos que él directamente consumó, de la estructura y sus alcances, de las redes de corrupción gubernamentales, del manejo del dinero sucio y el procedimiento que emplean para blanquearlo, además de su compromiso de entregar al gobierno de Trump 80 millones de dólares [más de 1 mil 500 millones de pesos] como resarcimiento por los daños causados por traficar drogas ilícitas.

Pero, sobre todo, el acuerdo con el gobierno estadunidense derivó en la traición de Los Chapitos al Mayo Zambada: el 25 de julio de 2024, los hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín Guzmán –todos ellos, con posición de liderazgo en la estructura criminal– operaron, junto con agentes estadunidenses (de la DEA, el DHS y la CIA), el secuestro del líder histórico del Cártel de Sinaloa, en un rancho a las afueras de Culiacán [ https://contralinea.com.mx/interno/semana/informe-del-cni-confirma-que-dea-secuestro-al-mayo-zambada-en-territorio-nacional/ ]. En esos hechos, Joaquín Guzmán López viajó como custodio del Mayo Zambada, y ya en territorio estadunidense se entregó a las autoridades.

Al respecto, en su Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2025 (National Drug Threat Assessment 2025), la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) refiere: “el 25 de julio de 2024, Estados Unidos arrestó en Nuevo México, a las afueras de El Paso, Texas, a Ismael –el Mayo– Zambada García, cofundador y líder del Cártel de Sinaloa, y a Joaquín Guzmán López, miembro fundador de la facción Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Este arresto puso bajo custodia a figuras clave del Cártel que, durante años, eludieron a las fuerzas del orden estadunidenses y mexicanas, y son considerados dos de los principales líderes responsables de la producción, el tráfico y la distribución de fentanilo en todo Estados Unidos. El arresto intensificó las tensiones y las luchas internas entre las dos facciones principales del Cártel de Sinaloa (Los Mayos y Los Chapitos), que continúan hasta la fecha”.

Aunque ese operativo ocurrió todavía en la administración de Biden, la gestión de Trump continuó la negociación con Los Chapitos. Incluso, el 13 de mayo de 2025, 17 familiares de Ovidio Guzmán ingresaron voluntariamente a Estados Unidos, como parte del mismo acuerdo que permitió su liberación el 15 de julio pasado, apenas cuatro días después de que se declaró culpable.

Todo ello, a pesar de que ya estaba vigente la orden ejecutiva presidencial de Trump en la que se designa al Cártel de Sinaloa y sus facciones como organización terrorista, y se le describe como “una organización trasnacional con sede en Sinaloa (México). Es uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos. El Cártel de Sinaloa ha utilizado la violencia para asesinar, secuestrar e intimidar a civiles, funcionarios del gobierno y periodistas”.

Más aún, en el caso de la facción de Los Chapitos, la OFAC, la DEA y el Departamento de Estado, la identifican como una “gran amenaza” para EU y uno de los grupos más poderosos del crimen organizado trasnacional, con presencia en 40 países.

El 9 de junio de 2025 –apenas un mes antes de la liberación de Ovidio Guzmán–, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) acusó a esta facción de inundar de fentanilo el territorio estadunidense. Y describió: “los cuatro hijos del Chapo –Iván Archivaldo Guzmán Salazar (Iván), Jesús Alfredo Guzmán Salazar (Alfredo), Ovidio Guzmán López (Ovidio) y Joaquín Guzmán López (Joaquín)– han consolidado su control y asumido el liderazgo del Cártel de Sinaloa a través de su facción autodenominada Los Chapitos. Aunque Ovidio y Joaquín se encuentran ahora bajo custodia estadunidense, Iván y Alfredo siguen prófugos en México”.

Para la OFAC, “el dominio de Los Chapitos sobre el tráfico de fentanilo se debe en gran medida a su capacidad para obtener precursores químicos, al tiempo que controlan la producción a través de sus laboratorios secretos en Sinaloa. Desde septiembre de 2024, las guerras territoriales entre Los Chapitos y sus rivales han sumido al estado mexicano de Sinaloa, resultando en la muerte de más de 600 personas”.

Radiografía de Los Chapitos

La evaluación 2025 de la DEA describe al Cártel de Sinaloa como “uno de los cárteles de drogas más poderosos del mundo y uno de los mayores productores y traficantes de fentanilo y otras drogas ilícitas a Estados Unidos. Durante décadas, el CDS ha contrabandeado cantidades multi-kilogramo de fentanilo, metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana ilícitas a Estados Unidos y al resto del mundo. La DEA ha identificado a decenas de miles de miembros, asociados y facilitadores del CDS que operan en todo el mundo, todos trabajando en redes descentralizadas bajo el cobijo del CDS. Los informes de la DEA muestran que el CDS opera internacionalmente en al menos 40 países, expandiéndose continuamente a los lucrativos mercados de Europa, Asia y Australia”.

Ese análisis añade que el grupo criminal “controla y opera extensas y multifacéticas redes trasnacionales para facilitar la adquisición y el envío de precursores químicos desde China e India para sintetizar drogas sintéticas letales, incluido el fentanilo, en laboratorios clandestinos con sede en México. El Cártel utiliza puertos marítimos, principalmente a lo largo de la costa del Pacífico, para contrabandear e importar precursores químicos a los laboratorios controlados por el CDS. Cada año, estos laboratorios producen millones de pastillas de fentanilo ilícito y miles de libras de polvo de fentanilo ilícito. Recientemente, facciones del CDS comenzaron a agregar xilazina a los lotes de fentanilo que se introducen de contrabando en Estados Unidos, destinados principalmente a los mercados de la Costa Este. Los traficantes con sede en Estados Unidos también mezclan xilazina con su suministro de fentanilo, lo que permite a ambos grupos optimizar el suministro de fentanilo y generar más ingresos”.

Asimismo, apunta que el Cártel tiene presencia significativa en 18 entidades federativas de México; tiene presencia en otras 13 entidades y sólo en Jalisco no tiene presencia, pues ahí el Cártel Jalisco Nueva Generación domina la criminalidad por completo.

Por su parte, el 9 de junio de 2025, la OFAC –que depende del Departamento del Tesoro de Estados Unidos– sancionó a Los Chapitos. En su análisis, se trata de “una poderosa facción del Cártel de Sinaloa, con sede en México, que facilita el tráfico y la producción ilícita de fentanilo”.

Respecto de este trasiego ilegal, la OFAC apunta que los laboratorios que controlan Los Chapitos “son responsables de introducir fentanilo en pastillas falsificadas fabricadas por el Cártel de Sinaloa y traficadas a Estados Unidos”. Y acerca de la violencia que ejercen, apunta que sus hombres armados “estuvieron involucrados en el asesinato del exmarine estadunidense Nicholas Quets, ocurrido el 18 de octubre de 2024 en Sonora”.

Por ello, la OFAC designó a dos de los líderes fugitivos de esa facción, y medios hermanos de Ovidio Guzmán: Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar. El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cada uno, por información que conduzca al arresto o condena.

Durante la designación de la OFAC, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que “Los Chapitos son una facción poderosa e híperviolenta del Cártel de Sinaloa, líder del tráfico de fentanilo a Estados Unidos”. Agregó que “en el Departamento del Tesoro estamos cumpliendo el mandato del presidente Trump de eliminar por completo los cárteles de la droga y combatir a líderes violentos, como los hijos del Chapo. El Tesoro está utilizando al máximo todas las herramientas disponibles para frenar la crisis del fentanilo y ayudar a salvar vidas”.

Otro apunte relevante de la Oficina de Control de Activos Extranjeros es que, según sus análisis de inteligencia financiera, “el liderazgo de Iván [Archivaldo Guzmán] en Los Chapitos ha desatado una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y miembros de cárteles rivales. Alfredo [Guzmán], lugarteniente de su hermano Iván, ha participado en la tortura de rivales para obtener información sobre una posible infiltración en el territorio controlado por Los Chapitos. Iván y Alfredo fueron designados previamente el 8 de mayo de 2012 y el 7 de junio de 2012, de conformidad con la Ley Kingpin, y nuevamente en 2021, de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059”.

Hace un mes, la OFAC –en coordinación con la DEA– también sancionó a una red regional de socios y empresas de Los Chapitos con sede en Mazatlán, “dedicada al narcotráfico, la extorsión, el secuestro y el lavado de dinero”. Las sanciones se impusieron a una “importante célula” de Los Chapitos en Mazatlán, “liderada por Víctor Manuel Barraza Pablos (Barraza), jefe de plaza de Los Chapitos, quien gestiona las actividades violentas y criminales del grupo en la región, incluyendo narcotráfico, asesinatos, secuestros, extorsión y producción de fentanilo”.

Según la OFAC, “muchas de las actividades nefastas de Barraza son financiadas por el empresario mexicano José Raúl Núñez Ríos (Núñez). Núñez, estrecho colaborador de Iván y Barraza, parece haberse enriquecido en poco tiempo. A partir de 2021, Núñez compró propiedades y estableció empresas de desarrollo inmobiliario, construcción y hotelería en Mazatlán y en todo el estado de Sinaloa, en lo que parece ser un intento de blanquear las ganancias ilícitas del narcotráfico para varios líderes de alto rango del Cártel de Sinaloa. Núñez finalmente se puso del lado de Los Chapitos y actualmente está financiando la guerra de Barraza contra los rivales del grupo en Mazatlán”. Además, fue designada la esposa de Núñez, Sheila Paola Urías Vázquez.

En la red financiera de Los Chapitos en Mazatlán, la OFAC también sancionó a 10 empresas ligadas a Núñez:  Beach y Marina, SA de CV; Club Playa Real, SA de CV; Proyecta Interna, SA de CV; Eco Campestres Ultra, SAPI de CV; IMB 24 Siete, SA de CV; MKT 24 Siete, SA de CV; Mue Renta y Venta de Vestidos; Carpe Diem Spa; Sea Wa Beach Club, SA de CV; y Comercializadora Copado, SA de CV.

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