En el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial no habrá intocables: Celia Maya

La futura magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, asegura que en su administración no habrá intocables: se revisarán todos los asuntos de presunta corrupción, sin importar el rango que ocupen dentro del Poder Judicial de la Federación. La doctora en derecho aclara que, en el caso de ministros y ministras de la Corte, si se encontraran pruebas se tendría que solicitar juicio político, y así lo harían. Considera que en 6 meses –es decir, para marzo de 2026– ya deben notarse los cambios respecto del actual Consejo de la Judicatura Federal, que dejará de existir al finalizar agosto próximo

Una de las últimas acciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en manos de Norma Piña fue declarar por unanimidad que los ministros y ministras tienen garantías especialmente reforzadas, por lo que no se les puede someter a procesos penales, políticos o de presuntas responsabilidades administrativas. Por ello, Contralínea le pregunta a la futura magistrada presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Celia Maya, si habrá intocables, a lo que responde: “no. No hay intocables”.

La doctora en derecho agrega que lo de las garantías especialmente reforzadas son equiparables con el fuero. Al respecto, expone que retirar el fuero a quien preside la República es un error: “totalmente un error, porque no va a faltar cualquiera que se le ocurra presentar una denuncia muy grave”, que al final resulte no tener sustento. El fuero, explica, es para proteger la función pública que desempeñan determinados servidores públicos –como el o la presidenta–, y que es muy importante y trascendente para el país, y si existen denuncias graves, que se investiguen sin afectar dicha función.

Pero ataja: “no hay impunes en México, ninguno. Ni en este Tribunal que voy a integrar yo, y que me dicen: ‘Ay, si tú vas a vigilar a los jueces, ¿y a ti quién te va a vigilar?’ Bueno, pues siempre se ha quedado el juicio político para esto. Y en el caso de ministras y ministros, hoy, con la nueva ley y que estaremos empezando hasta el primero de septiembre, este Tribunal también podrá investigarlos cuando haya una denuncia”.

La magistrada presidenta electa explica que “el Tribunal de Disciplina que puede sancionar a un juez, que puede desde amonestarlo hasta suspenderlo o cesarlo, no puede hacer lo mismo con los ministros, porque son los mayores representantes del Poder Judicial. ¿Qué se tendría que hacer en ese caso? Mandar el expediente para que se llevara el correspondiente juicio político”.

La doctora en derecho Celia Maya considera que el juicio político es similar a un problema jurídico: “ahí vas a tener que contestar si hubiera pruebas contra ti. Por eso es la Cámara de Senadores quien conocería [de los casos] como representantes de todos los estados de la República, y examinaría si efectivamente hay datos suficientes como para proceder”.

Agrega que, si hay evidencias suficientes de las irregularidades, se debe sancionar. “Yo creo que se tiene que dejar en claridad todo eso, precisamente, para no seguir fomentando esto de tener una imagen de pura impunidad. Yo creo que no necesariamente es así. Pero sí entiendo lo que me preguntan, si entiendo lo que le pasa a la gente y creo que lo vamos a ir resolviendo con una mayor cercanía, una mejor información y una mayor transparencia”.

La postura de la magistrada presidenta electa es relevante, luego de que se reveló la determinación del pleno de la Suprema Corte para evitar futuros juicios, como una especie de manto de impunidad.  Y es que al resolver la “Consulta a trámite prevista en el párrafo segundo de la fracción II del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 1/2023”, planteada por la propia ministra presidenta Norma Piña, los ministros y ministras determinaron por unanimidad, el pasado 3 de marzo de 2025, que:

“26. En el caso de los ministros de la Suprema Corte de Justicia la Nación, a diferencia de los jueces y magistrados federales, la Constitución establece garantías especialmente reforzadas para proteger su función, como el juicio político, la inmunidad procesal penal, e incluso la irrenunciabilidad del cargo salvo por causas graves, calificadas en un procedimiento específico.

“27. En efecto, las ministras y ministros de la Suprema Corte, durante el ejercicio de su encargo, pueden ser sometidos a juicio político sólo cuando afecten los intereses fundamentales del Estado, siempre que sean acusados por la mayoría absoluta de los presentes en la Cámara de Diputados, y sancionados por las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Senadores.

“28. Además, las ministras  y ministros también tienen inmunidad procesal frente a acusaciones por la comisión de delitos, pues para ser sometidos a proceso penal durante su encargo es necesario que la Cámara de Diputados, por mayoría absoluta, determine si hay méritos en la acusación y es conveniente proceder de inmediato en contra del funcionario, o hasta que concluya su encargo, dado que el sometimiento al juicio penal implica separarlo de su cargo, interrumpiendo y perturbando el ejercicio regular de una de las funciones esenciales del Estado.

[…] “43. Por lo demás, no pasa inadvertido lo dispuesto en el artículo 97 constitucional  en su redacción vigente a partir de septiembre de dos mil veinticuatro, en el sentido de que ‘cualquier persona o autoridad podrá denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial hechos que pudieran ser objeto de responsabilidad administrativa o penal cometidos por alguna persona servidora pública del Poder Judicial de la Federación, incluyendo ministros, magistrados y jueces, a efecto de que investigue y, en su caso, sancione la conducta denunciada’.

“44. Sin embargo, esa disposición no puede ser interpretada de manera aislada, sino en correlación con el resto de las disposiciones que campean en la materia. Concretamente, tratándose de ministras y ministros, también debe observarse lo dispuesto por el artículo 94 de la Constitución Federal, en lo relativo a que las ministras y ministros de la Suprema Corte solo podrán ser removidos de sus cargos en los términos del Título Cuarto de la propia Ley Fundamental, en correlación con el cúmulo de garantías judiciales especialmente reforzadas para tales impartidores de justicia.

[…] “47. Una interpretación diversa del artículo 97 constitucional llevaría al extremo de supeditar a los integrantes del máximo tribunal de justicia, a un órgano jurisdiccional de menor jerarquía, como lo es el Tribunal de Disciplina Judicial, en detrimento de las garantías judiciales especialmente reforzadas que el propio texto fundamental reconoce a favor de quienes tienen encomendada la función de ser guardianes últimos de la Ley Suprema del país.”

Los retos del nuevo Tribunal

A esa decisión de la Suprema Corte, se suma la denuncia que hizo el fiscal Alejandro Gertz Manero –el 8 de mayo pasado, durante su participación en la conferencia presidencial– de que se han detectado conductas ilegales de ciertos juzgadores, pero que la Fiscalía General de la República no puede proceder porque en el Poder Judicial tienen un acuerdo interno no escrito para que jueces, magistrados y ministros investigados por la FGR no sean procesados sin autorización de los propios juzgadores.

“Existen algunos casos […] donde nosotros hemos encontrado conductas ilegales que tienen todas las características para poder iniciar un procedimiento en contra de un juez, un magistrado o un ministro. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido? Que no nos dejan en el Poder Judicial proceder, porque dictaron un acuerdo interno en el que dijeron que ‘ningún juez puede ser procesado si ellos no lo autorizan’. Eso en el nuevo cambio y con la democratización del sistema judicial se acabó, tenemos todos esos casos preparados y los vamos a llevar a cabo”, indicó el fiscal Gertz Manero.

Consultada por Contralínea al respecto, la también consejera del Consejo de la Judicatura Federal, Celia Maya, destaca que al no estar por escrito no existe, y por tanto no es algo que se deba aplicar en un futuro, porque las decisiones del Tribunal de Disciplina se deben apegar a la ley.

“Pues ya platicaremos también con el fiscal [Gertz] para ver esto”. Además, expone la importancia de la colaboración institucional; no obstante, asegura que se deben revisar los casos de los juzgadores, pues la liberación de presuntos delincuentes del crimen organizado o de cuello blanco no es, per se, evidencia de un mal comportamiento o de un acto de corrupción, pues en ocasiones se ha vulnerado el debido proceso. “Ah, ese juez dejó salir a uno y ya por el simple hecho de que lo dejó salir, es responsable y es corrupto; bueno, a lo mejor es ver si efectivamente sí se da la falta y, bueno, pues que se investigue”.

La doctora Celia Maya agrega que la Fiscalía General de la República pide con frecuencia informes de jueces y magistrados, y que el Consejo de la Judicatura siempre se los ha proporcionado. “Entonces, la verdad, tampoco nos ha comunicado desde que yo estoy ahí, la Fiscalía, algo que un juez haya hecho y que no lo hubiéramos considerado”.

-Pero, en dado caso que ustedes encuentren elementos de que sí existe ese pacto, ¿se echaría atrás? –se le pregunta–.

–Tendríamos que cambiarlo, claro, porque ahora necesitamos una mayor transparencia.

Por ello, la doctora Celia Maya indica que la creación del Tribunal de Disciplina Judicial es precisamente para acabar con la corrupción y la impunidad dentro del PJF. “¿Para qué nace el nuevo Tribunal? Uno, para que la corrupción que viene en el Poder Judicial deje de existir, y quitar la corrupción que pueda haber; dos, para que no haya impunidad; y tres, para hacer lo necesario para que se resuelvan más pronto los asuntos, y la gente tenga más rápido una solución. Porque siempre se ha dicho que: ‘justicia retardada no puede catalogarse como justicia’, ¿verdad?”

Contralínea también le consulta acerca de los casos muy visibles donde puede haber corrupción, por tratarse de juzgadores que liberan delincuentes tanto de cuello blanco como el crimen organizado, o que benefician a factureras. Al respecto, la doctora en derecho Celia Maya asegura que se van a revisar. En el Tribunal, y también ahora en el Consejo [de la Judicatura], se puede trabajar con queja, con denuncia que la gente pone, pero también vamos a poderlo hacer de oficio. Es decir, si tenemos dudas en casos como esos tan sonados que han sido sobresalientes, , habrá que revisarlos a ver si hubo realmente responsabilidad”.

La futura presidenta del TDJ refiere que en todos los casos se tendría que estudiar la motivación de las liberaciones de los presuntos delincuentes, para determinar realmente si es un tema de corrupción, o es un tema de que se falló en la cadena de custodia de pruebas, si hubo tortura para obtener declaración, si se contaminó la prueba y por ello ya no vale. Por ello, señala que se revisará “qué no nos está ayudando en la legislación. Porque también podemos hacer una propuesta, si hay algo, si es la legislación. Ahora, si es mala fe de los jueces, pues la vamos a detectar enseguida, y eso lo sanamos con quitarlos de su cargo y el debido procedimiento”.

En ese contexto, puntualiza que también es necesario revisar lo que corresponde a la investigación ministerial que las fiscalías presentan como causa penal al juez. “Entonces, también tendríamos que ver si el problema, como algunos han dicho también y señalado que es de las fiscalías, bueno, pues ya lo veremos ahora que ya lo tengamos en la luz, ahí bien clarito, y cuando tengamos los casos creo que habrá que platicar con las fiscalías y decirle ‘pues dónde está nuestra falla’. Porque al final somos complemento en un sistema de justicia amplio para que la gente esté satisfecha con todo este sistema de justicia”.

Por ello, considera que se debe favorecer la colaboración entre instituciones, “y no decir: ‘ah, pues esto no lo hicieron bien.” Y yo ahorita demuestro que no está bien’. Porque yo creo que también tenemos que ver, lo que tú dices: ‘bueno, es gente que le está causando daño al país. Es un traficante de puro veneno que daña a toda nuestra población, particularmente a los jóvenes y ahora hasta a nuestros niños’”.

La doctora Celia Maya propone que desde el Tribunal de Disciplina se va a dialogar con los jueces para establecer cómo se les puede apoyar, porque en el caso del crimen organizado no se puede obviar el tema de la violencia. “También tendremos que ver hasta dónde están amedrentados y también tendrán que sentir el respaldo institucional para que puedan salir adelante. Entonces lo tenemos que observar. Yo sé que el reto no es fácil, lo tenemos ahí, pero en algún momento tenemos que iniciar y entrarle a todas estas cosas y empezar”.

La consejera de la Judicatura resalta como positivo el hecho de que, con la reforma judicial, ahora la propia sociedad estará muy vigilante del Poder Judicial en general, y de la labor del nuevo Tribunal de Disciplina. “Lo bueno de todo esto es que ahora también la gente va a tener que tomar otra visión, de que nosotros les decimos: ‘ahora sí vigilemos juntas y juntos’. Si con esa vigilancia nos hacen saber cómo están las cosas entonces tú cuando ya tienes una visión de que está pasando, lees los hechos que tienes en el expediente y los comprendes mejor. Tenemos que estar también informados de todo lo que está ocurriendo y todo esto nos va a servir. Y lógico, ahora la gente se preocupará también, porque también eso, yo te puedo decir ahorita en este trayecto de campaña, toda la gente me decía: ‘sí, y eso de la puerta giratoria se tiene que terminar’. O sea, la gente lo tiene muy preciso”.

Acerca del lavado de dinero a nivel internacional, la doctora en derecho señala que “es un problema muy grave y se tiene que poner también el énfasis en eso. En la comisión que tengo ahorita en el Consejo de Vigilancia [del CJF], me corresponde ver eso y estamos trabajando con colaboración internacional. Bueno, no se avanza en la medida que se quiere, pero tendrá que ponerse más énfasis porque ya en todo el mundo se está requiriendo, porque parece que hay un mundo paralelo ahí, que se mueve dentro de todo lo que no está bien. Acá nos vamos en el plano de la legalidad, y allá va otro mundo en el plano de la ilegalidad, y parece que fuéramos avanzando. No lo podemos permitir, porque ese mundo de la ilegalidad bien que se asoma a éste y viene y nos causa problemas, tenemos que tomarlo en cuenta”.

Contralínea le pregunta a la doctora en derecho si se revisaran patrones de ilegalidad en los casos de juzgadores que liberan delincuentes, para determinar si es una constante en algunos de los casos, o si son hechos aislados que puedan tener una explicación diferente a la corrupción o a las presiones violentas. A lo que Celia Maya responde: “podemos revisarlo, por supuesto que sí. […] Siempre se ven los antecedentes y si ya hubiera antecedentes […y] se puede hacer la investigación correspondiente”.

La magistrada electa apunta que el nuevo Poder Judicial debe “hacer lo necesario para contribuir, en verdad, a que tengamos una paz social, porque las instituciones de justicia son factor fundamental en la paz social y entonces lo vamos a hacer. Y con esto estos datos que tú nos das, pues eres parte de nuestra comunidad en cuanto estemos en la función y tengamos todo a disposición, podemos iniciar incluso revisando. Por ejemplo, otra cosa que tengo pendiente de hacer, es un censo de cuánta gente tenemos en las cárceles, de esos que en el trayecto de dos meses me dieron muchas denuncias”.

Acercamiento con juzgadores y abogados

La futura titular del Tribunal de Disciplina Judicial indica que todos los casos deberán revisarse de forma justa, y que los juzgadores a los que se investigue o procese se les deberá dar la oportunidad de defenderse y ejercer lo que a su derecho convenga.

“Lo que tenemos que cambiar es en gran parte las formas, porque gente preparada va a tener que seguir habiendo. Van a seguir estando las normas para que se ciñan los procedimientos, porque no puedes llevar las cosas como tú quieras. […] La primera garantía –que también es una de las cosas que mucha gente pregunta– es que, si se va a iniciar un procedimiento por una falta de disciplina de alguno de los servidores públicos del Poder Judicial, esa persona tendrá derecho de defenderse. Tendrá derecho a un debido proceso, a contestar y a ofrecer las pruebas que considere que tiene y que son pertinentes”.

Acerca de las estrategias que se deberán seguir para que la justicia llegue a las personas más rápido, la doctora Celia Maya indica que el Tribunal hablará con los jueces para sensibilizarlos de que las sentencias no sean similares a un libro, con referencias bibliográficas; sino que cumplan con lo que exige la Constitución: fundar y motivar. “Motivar es decir la razón que tú tienes para considerar que la conducta que estás juzgando se ajusta a la ley, que ese es el fundamento, pero podemos ser más contundentes, más breves, hacer incluso eso que la gente reclama también: sentencias más sencillas”.

Asimismo, se compromete a que desde el TDJ se busque un acercamiento con la gente. “¿Cuál será para empezar ese acercamiento? Yo pienso que con la comunidad y, para empezar, puede ser con los colegios de abogados. ¿Quiénes son los primeros que se dan cuenta de qué falla la justicia? Los colegios de abogados, los abogados que están litigando. Abrámosle la puerta para que tengamos, no digo que todos los días les vamos a estar dando lata ni todos los días tienen ellos obligación de estarnos retroalimentando, pero tener oportunidad de saber cuál es su punto, qué está pasando y que hay una cercanía y que estamos abiertos a escucharlos”.

Otro punto que indica es el de aprovechar las herramientas digitales y abrir un portal donde se le informe más a la gente lo que se está haciendo, y ellos también tengan oportunidad de hacer sus señalamientos.

La doctora en derecho Celia Maya también expone que habrá que dar ahora una capacitación a los juzgadores en relaciones humanas, “porque lo que fallaba en todo esto no era la falta de preparación, porque hacían exámenes exhaustivos para poder llegar, concursos en los que se desvelaban noches enteras para poderle ganar a otros con los que estaban compitiendo. Preparación creo que había, pero estaba faltando sensibilidad social. Porque la queja es que, pues no los atendían, no se enteraban bien. Yo creo que tenemos que trabajar en ese renglón de las relaciones humanas, los derechos humanos enfatizarlos, la perspectiva de género porque sigue habiendo lamentablemente mucha violencia y mucha queja por parte de las mujeres”.

Agrega que el Tribunal de Disciplina contará con dos órganos: uno para investigar las faltas y otro para evaluación. De este último, detalla que se encargará de “ver cómo están funcionando los jueces y magistrados. Antes, la evaluación era muy cuantitativa: ‘¿cuántas sentencias dictaste, cuántos autos dijiste? Pero ahora también tendremos que ver el comportamiento, la calidad del trato que se le da a la gente, también vigilar un poquito más, no nada más contar. ¿Cuántos acuerdos tuvo? ¿300? Listo, 300. Está muy bien, 300 acuerdos en un día. ‘Oye, pero no acordó nada, simplemente dijo que se está lo que dice el auto anterior y no modificó y no vio si se había cumplido lo del auto anterior’. Eso es, yo creo, lo que se va a tener que cambiar, todas estas prácticas, e ir también haciendo del conocimiento general las buenas prácticas, porque hay prácticas buenas que también tienen muchos”.

La futura titular del Tribunal señala que en un tiempo muy prudente se verán ya los cambios. “Yo quiero pensar que en seis meses ya debe empezarse a notar algún cambio. Y en un año ya debe de notarse más. Yo tengo 2 años de presidencia, a 2 años se tiene que ir caminando esto un poco más adelantado”.

Elección judicial

Los cambios que augura la doctora Celia Maya se darán gracias a la reforma judicial de 2024, y a la elección popular del pasado 1 de junio. Al respecto, la aún consejera de la Judicatura destaca que es “la primera vez que se eligen a los integrantes del Poder Judicial. Muchas críticas ha recibido la jornada, pero yo creo que fue ejemplar, se realizó en libertad, se realizó en paz, incluso hubo algunos que se manifestaron, y hay que reconocer que se pudieron manifestar. Cada quien puede opinar y, siendo una campaña en la que no hubo grandes espectaculares, no hubo promoción, no hubo estas concentraciones de gente como para llamar la atención y estar ahí, y hubo una respuesta de la gente. Es la primera [elección judicial] que se da y creo que la debemos de valorar en eso”.

La abogada no tiene dudas de que este era el camino que debía vivir el país, para refundar al Poder Judicial: “que era necesaria esta reforma de justicia, pues quedó claro desde que se empezó a discutir la iniciativa que mandó el expresidente Andrés Manuel López Obrador; porque, si bien hubo voces también que se levantaron en contra de la forma de elección de jueces y magistrados, para que no fuera por voto directo, lo cierto es que hubo un reconocimiento general que la justicia no estaba bien, que la queja es mucha”.

Sobre la experiencia que le dejó el proceso, y en especial las campañas electorales, indica: “después de este caminar para poder llegar a esta elección, y haber platicado, pues no te quiero decir que con toda la gente del país, porque fue un breve lapso de campaña, pero sí hablamos y sí convivimos, y la gente decía: ‘qué bueno que va a cambiar la justicia porque es lo peor que tenemos’. Lamentablemente esa era la expresión y mira que a mí es una expresión que me duele, porque tengo 40 años en la justicia, de impartidora de justicia, y que te digan que es lo peor, pues tienes que ver tú por qué la gente opina eso”.

La doctora también analiza la importancia de esta refundación del Poder Judicial para el Estado mexicano: “desde el punto de vista político y de cómo se lleva el Estado mexicano, pues los otros dos poderes eran electos por el pueblo. Éste no. Entonces, ¿qué pasa cuando se gana una elección por el pueblo? El pueblo decide por qué punto de vista, por qué ideología caminar. Cuál es la que le va a servir más en este momento para poder salir adelante. Y pues pasaba que dos poderes iban más o menos por el mismo rumbo y otro poder seguía en lo que consideraba que podía ser lo mejor. No dudo –no quiero pensar que pensaran que querían perjudicar, no creo que nadie tenga la intención de crear problemas, menos de perjudicar– pero no se iba caminando por el mismo rumbo. Hoy se refrenda con esta reforma el ideal de justicia social”.

Acerca de la justicia social, recuerda que está establecida “desde la Constitución de 1917 y que si lo vemos bien, venía desde la independencia con el generalísimo Morelos que decía: ‘que hayan tribunales que escuchen a la gente donde la gente sienta confianza, donde sepa que el llegar ahí es para él, la certeza, la seguridad de que se va a resolver su asunto conforme a lo que dice la ley, no a su capricho ni a lo que él quiera ni a lo que sea, no, sino a lo que dice la ley, y que se le dará una sentencia fundada y motivada; y que nadie tendrá razón por recursos económicos que no tenga para sentirse desprotegido ante las autoridades, porque ante las autoridades aún sin recursos, tú tendrás derecho de defensa’. Eso es lo que la gente anhela y eso es lo que hoy se pretende”.

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