El Senado sancionó este martes la ley que habilita la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, tras 12 horas de debate y la definición de legisladores que se declaraban indecisos pocas horas antes de la votación, para lo que hubo arduas gestiones del presidente argentino Alberto Fernández y la promesa de correcciones en la reglamentación.
Por unanimidad también se aprobó la ley de 1000 días, abocada a proteger a la embarazadas y a los niños, ideada para acercar posiciones con la Iglesia Católica, pero que no evitó una queja del Papa Francisco antes de iniciar la sesión.
El aborto, a un paso de ser legal en Argentina tras aprobarse en la Cámara de Diputados
La sanción de la IVE llegó con 38 positivos, uno más que lo necesario para la mayoría simple, contra 29 en contra y una sola abstención. Y terminó con décadas de peregrinaje por las comisiones del Congreso de organizaciones de mujeres, que habían tenido su punto más alto en 2018 cuando la ley se aprobó en Diputados pero fue rechazada en el Senado.
El Frente de Todos y Cambiemos votaron divididos, aunque en el partido de gobierno hubo mayoría de votos positivos y varias ayudas que llegaron a último momento con mucho esfuerzo de la Casa Rosada, que se hizo sentir con un permanente desfile de funcionarios por el Congreso.
Quienes se oponen al proyecto esperaron en vano el pronunciamiento de los dubitativos, pero sobre la medianoche aceptaron la derrota y se abocaron a su próxima batalla, que será impedir la aplicación de la ley en Tribunales. «A lo largo y ancho de la Argentina se presentarán recursos hasta que un juez la declare inconstitucional», anticipó la radical Silvia Elías de Pérez, referente del grupo.
Alberto logró cumplir con una de sus promesas de campaña, cuando anticipó que pediría despenalizar a las mujeres que se practican un aborto. «Hoy somos una sociedad mejor que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. Recuperar el valor de la palabra empeñada. Compromiso de la política», festejó por twitter.
En realidad, fue luego de ganar las elecciones que el presidente anticipó que enviaría un proyecto de ley y lo ratificó en la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo. La pandemia lo postergó pero en noviembre el proyecto llegó a Diputados, donde se aprobó el 10 de diciembre.
El proyecto de los 1000 días se trató después y en una hora se sancionó por unanimidad. «Establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, con el pago de una Asignación Universal por Hijo a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años. Y extiende la de Embarazo (AUE) de seis a nueve mensualidades, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH), que hasta ahora están excluidas de este beneficio. Y se prevé la provisión pública y gratuita de insumos esenciales durante el embarazo y para la primera infancia, coordinando y ampliando los programas existentes, además de la creación del Sistema de Alerta Temprana de Nacimientos y el Certificado de Hechos Vitales con el objeto de garantizar el derecho a la identidad de las niñas y niños recién nacidos.
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