La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, una organización salvadoreña que durante 20 años defendió a mujeres encarceladas por delitos relacionados con el aborto, ha anunciado su cierre en un contexto cada vez más restrictivo para las organizaciones civiles. En una entrevista con RFI, Sara García Ross, miembro de la ONG, advierte que «defender derechos en El Salvador se está convirtiendo en un riesgo».
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La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que hizo pública su decisión el domingo, ha logrado en estos años la liberación de aproximadamente 80 mujeres que fueron condenadas tras sufrir emergencias obstétricas y que, según la organización, fueron «criminalizadas» por interrumpir sus embarazos.
Además, la organización promovió propuestas para reformar la ley que penaliza el aborto con penas de prisión, aunque sin éxito, y presentó denuncias internacionales contra el Estado salvadoreño.
A pesar de su cierre administrativo, el colectivo asegura que continuará activo. «Dejamos de ser una agrupación para convertirnos en un movimiento», explicó Sara García Ross, vocera del grupo. Según ella, el nuevo objetivo es seguir trabajando «desde una resistencia colectiva y regional» ante el ambiente «hostil» que enfrentan las organizaciones sociales en el país.
Un marco legal cada vez más restrictivo
En El Salvador, el aborto está penalizado con penas de entre dos y ocho años de prisión, aunque algunos tribunales lo han clasificado como homicidio agravado, lo que puede llevar a condenas de hasta 50 años.
La Agrupación recordó que en 2025, el Congreso, controlado por aliados del presidente Nayib Bukele, aprobó una ley sobre agentes extranjeros, similar a legislaciones en Rusia y Nicaragua. Esta norma impone un impuesto del 30% a las donaciones extranjeras destinadas a ONG, lo que, según organizaciones de derechos humanos, busca limitar su trabajo y frenar sus denuncias sobre abusos relacionados con la política de seguridad del gobierno.
Como resultado de este entorno, entidades reconocidas como Cristosal y otras organizaciones humanitarias cerraron sus oficinas en el país en 2025 y trasladaron sus operaciones al exilio.
A pesar de reconocer un «contexto adverso y de persecución», las integrantes del colectivo aseguran que mantendrán su activismo con una estrategia regional.
En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño por impedir en 2013 el aborto terapéutico a «Beatriz», una joven de 22 años cuya vida estaba en peligro y cuyo embarazo era inviable debido a una grave malformación fetal. Este fallo sentó un precedente en la región.
«Defender derechos en El Salvador se está convirtiendo en un riesgo», advirtió García Ross. «Queremos que se preste atención a lo que está sucediendo con las organizaciones sociales y con las defensoras de derechos humanos, en un contexto que se está volviendo cada vez más autoritario».
</divTomado de https://www.rfi.fr/
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