El fatal asesor Castañeda Gutman

Administración de los males públicos

Jorge Pech Casanova

El 18 de febrero de 2009 la agencia informativa Reuters difundió que decenas de asustados inversionistas reclamaban sus ahorros en las oficinas de Stanford Fondos México, unidad mexicana de Stanford Financial Group (SFG).

Un día antes —un martes negro de 2009 —, la Comisión de Valores de Estados Unidos acusó al multimillonario Robert Allen Stanford y a tres de sus compañías, entre ellas SFG, de vender de manera fraudulenta ocho mil millones de dólares en supuestos certificados de depósito, prometiendo elevados retornos, pero utilizando los recursos, en realidad, para invertirlos en un banco del paraíso fiscal de Antigua y organizar un esquema de “pirámides”.

Gabriel Bauducco, en su libro Imperio de papel, explicó en 2009: “Stanford Fondos México funcionaba apegado a las regulaciones locales y todas las personas que tenían su dinero invertido allí, lo recuperaron con el paso de los días. Sin embargo, quienes habían mandado su dinero a Stanford International Bank (SIB), en Antigua, e, incluso, probablemente habían obviado el pequeñísimo detalle de informarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, son los que ahora tienen problemas”.

Hasta 2014, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que “los clientes con dinero invertido en sociedades de inversión mexicanas distribuidas al público por Stanford Fondos, recuperaron la totalidad de sus recursos, y ningún banco mexicano contaba con inversiones en SIB, o cualquier otro de los intermediarios extranjeros pertenecientes a Stanford Financial Group”.

La misma Comisión Bancaria mexicana expuso que “los reportes de personas que no habían podido retirar sus inversiones eran referentes a las que se realizaron con Stanford Financial Group basado en Houston, Texas y con Stanford International Bank, basado en Antigua, instituciones no supervisadas por la CNBV”.

En su libro, Bauducco dio a conocer que “A diferencia de otros países, aquí la lista de los clientes de Stanford se ha mantenido en sumo secreto […] México no llegó a los niveles de Venezuela en el rango de inversión (dos mil millones de dólares) y el cliente con más dinero entregado al banco rondaría los cincuenta millones de dólares”.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se querelló en 2009, por medio de la entonces Procuraduría General de la República, contra el principal operador de este fraude en México, David Miguel Nanes Schnitzer, responsable de Stanford Fondos México.

En 2011 un juez libró orden de aprehensión contra Nanes Schnitzer, pero el estafador obtuvo un amparo y enseguida huyó del país. Se le empezó a conocer como “el millonario más buscado de México”. En 2015 fue detenido en Belice, pero cuando iba a ser entregado a las autoridades mexicanas en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, el estafador obtuvo una fianza y volvió a escapar. En 2017 Nanes Schnitzer trató de entrar a México con identificaciones falsas. Lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Desde entonces está bajo proceso en el Reclusorio Sur de la capital del país.

Desde 2009 Allen Stanford (que se pavoneaba como Sir Allen) cumple en EEUU una condena de ciento diez años de prisión por fraude. En 2020, Nanes Schnitzer fue condenado en México por defraudación a tres mil 600 inversionistas.

Quien nunca fue importunado por las autoridades en relación con este monstruoso caso de fraude fue uno de los consejeros de SFG, Jorge Castañeda Gutman, quien fue secretario de Relaciones Exteriores de México de 200 a 2003 y dejó ese cargo porque rechazaron su propuesta de que nuestro país apoyara la guerra contra Irak declarada por George W. Bush.

Después de intentar en vano ser candidato presidencial independiente en 2004, Castañeda —quien se dice izquierdista— se dedicó a pregonar la necesidad de eliminar a cualquier costo al entonces candidato opositor de izquierda Andrés Manuel López Obrador.

Mientras tanto, Castañeda Gutman se sumó al consejo asesor de la fraudulenta SFG, junto con Luis Giusti, ex presidente de Petróleos de Venezuela; Peter Romero, ex embajador de Estados Unidos en Ecuador; Adolf Ogi, ex presidente de Suiza; Alfredo Arízaga, ex ministro de finanzas de Ecuador, y Lee Brown, ex alcalde de Houston.

Cuando estalló el escándalo de la detención de Allen Stanford y su posterior condena a 110 años de prisión, Jorge Castañeda Gutman negó que como asesor hubiese invitado a personas o instituciones a invertir en el esquema fraudulento.

Sin embargo, colegas suyos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) lo señalaron como responsable de promover que el fondo de pensiones de catedráticos de la Flacso fuese invertido en Stanford International Bank, a pesar de que ese tipo de inversiones está prohibido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

La entonces directora de la sede académica en México de la Flacso, Giovanna Valenti Nigrini, aceptó invertir el fondo de pensiones de la Facultad en Fondos Stanford México. Inclusive emitió un reglamento en la materia que estableció: “el fondo será mantenido en una institución especializada en la materia, de reconocido prestigio y solvencia”.

Castañeda era parte del personal académico de Flacso en México y algunos colegas suyos afirmaron que él promovió en la Facultad esa inversión desaconsejada por la CNBV. El resultado fue que el fondo de pensiones de la Flacso se perdió. Castañeda Gutman negó toda responsabilidad en el caso. Siguió recibiendo contratos de los gobiernos mexicanos del PAN y del PRI, presentándose como “analista político” en medios de comunicación favorecidos por los gobiernos mexicanos.

En 2018 Castañeda Gutman se propuso para Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, pero Michelle Bachelet, ex presidenta de Chile, le ganó ese puesto.

En 2020 Castañeda Gutman fue declarado “persona no grata” por el congreso estatal de Oaxaca a causa de sus declaraciones televisadas en que alardeó del tráfico de influencias de Héctor Aguilar Camín y suyo propio con el entonces gobernador Diódoro Carrasco. Ese abuso, dijo, les permitió cambiar de sede a la hija de Aguilar, enviada a realizar servicio social en la comunidad de Putla de Guerrero, a la cual Jorge Castañeda calificó de “pueblo horroroso y arrabalero”. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, en exhorto público, calificó las expresiones de Castañeda como “discriminatorias, ofensivas y displicentes”.

En este año, Castañeda Gutman reincidió en su imprudencia declarativa en otro foro televisivo, en el cual increpó a la coalición cleptocrática de los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática por no recurrir a fondo a tácticas ilegales y difamatorias en la actual campaña presidencial. Su exhorto lo condensó en una frase de manual en inglés: “Go negative”.

La derecha cleptocrática debiera recordar la lección que Castañeda Gutman dio a los académicos pensionados por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México: gracias a sus recomendaciones financieras, fundadas en la ilegalidad, sus colegas de la Flacso perdieron sus pensiones. En el presente caso, los partidos que sigan sus recomendaciones bien podrían perder el escasísimo capital político al que aún se aferran.

Tomado de https://morfemacero.com/