Decenas de pipas bloquearon los accesos a Ciudad de México y pusieron de cabeza a la zona metropolitana el lunes a primera hora. Los choferes y dueños de purificadoras reclamaron por más de nueve horas con pancartas con frases como “No somos delincuentes, somos trabajadores” o “El agua es de todos”. La protesta, que afectó la circulación en Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapalapa y vías principales, fue la respuesta al Operativo Caudal, desplegado este viernes para combatir el robo y la distribución ilegal de agua en el Estado de México.
La Fiscalía mexiquense en coordinación con el Ejército, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), intervino 189 inmuebles en 48 municipios. Encontraron 51 pozos y 138 tomas clandestinas y aseguraron más de 320 pipas presuntamente ligadas a redes irregulares. En las imágenes difundidas por la Fiscalía, aparecen conductos que no tienen aspecto de ser improvisados y fachadas como las de una casa o terreno sin más.
El operativo dejó al descubierto la participación de organizaciones sociales que operan bajo apariencia de sindicatos y que, según la Fiscalía, controlan parte de la red ilegal y obtienen ganancias millonarias. El comunicado de la dependencia señala directamente a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo y La Chokiza. Este último consta en redes como una organización de más 10.000 afiliados y ofrece asesoría jurídica, apoyo ante extorsiones y publicidad a negocios afiliados. Su líder, Alejandro N, alias El Choko, está acusado de extorsiones, homicidios y despojo de propiedades.
La medida desató la furia de los trabajadores que aseguran haberse quedado sin sustento: “Nosotros no robamos el agua, la purificamos y la llevamos a las casas. Nos están metiendo a todos en el mismo costal”. Por su parte, las autoridades defienden la operación como una medida necesaria para frenar el negocio del contrabando del agua.
El urbanista Manuel Perló, investigador de la UNAM y especialista en gestión del agua, asegura que se trata de un fenómeno global, no solo mexicano. “Hay reportes internacionales que muestran que en zonas áridas o rurales el robo de agua puede representar hasta el 50% del recurso disponible. En Australia, por ejemplo, el cultivo del algodón usa agua extraída sin declarar de los acuíferos. En California, los cultivadores de marihuana se conectan ilegalmente a la red urbana. Es un problema global”, asegura.
En México, se ha diversificado. Las redes del huachicol operan con tres modalidades principales: pozos perforados sin permiso, pozos clausurados que son reabiertos clandestinamente y pinchazos a la red oficial. “Es el equivalente exacto al huachicol de gasolina”, explica el experto. “Hay tomas clandestinas en hogares, pozos reabiertos sin permiso, acueductos perforados, tanques de almacenamiento e incluso pipas oficiales secuestradas o revendidas. Identifican una tubería, la perforan, colocan una manguera y llenan los tanques. Luego revenden esa agua sin potabilizar, lo que representa además un riesgo sanitario”, explica Perló.
En Ciudad de México, recuerda, el propio Sistema de Aguas reconoció en 2022 que un tanque en la alcaldía Gustavo A. Madero estaba “secuestrado” por un grupo que controlaba la distribución del líquido. El Banco Mundial ya había documentado en 2016 más de 1.000 conexiones ilegales en el sistema Cutzamala, el principal proveedor de agua de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Las autoridades conocen el problema, pero las redes ilegales crecieron “al amparo de la corrupción y el clientelismo político”, denuncia Perló. “Ha existido una tolerancia enorme, tanto por el deterioro de la infraestructura como por la corrupción. No solo se trata de piperos o sindicatos, sino también de funcionarios municipales que desvían pipas o facilitan tomas ilegales”, apunta.
Entre el delito y la necesidad
En colonias donde el agua de la red no llega o sale con arena o mal olor, el huachicol es cosa de todos los días. “No hay agua, la que hay es de mala calidad, o la cobran aunque no la den”, resume Perló. En Ecatepec, el quinto municipio más poblado del país, miles de familias dependen de las pipas para llenar sus tinacos. “Cuando el agua no llega, la gente paga una lanita extra al chofer de la pipa municipal para que la surta primero. Si ni así llega, es más fácil contactar al señor que vende agua”, relata Perló. El contrabando persiste tanto como la demanda. Según la Fiscalía, el operativo va también en contra de servidores públicos y particulares, “por su probable intervención” en los hechos.
El resultado es una red informal que abastece a entre el 30 y el 40% de la población, según estimaciones del experto. “La solución no es meter a la cárcel a todos los piperos. El Estado no puede cerrar pozos sin ofrecer alternativas”, denuncia. “No basta con clausurar pozos. Si no se mejora el sistema de agua potable, el robo va a seguir”, señala. Las autoridades aseguraron que el operativo no afecta al suministro doméstico, aunque admitieron que sí golpeó a hoteles, negocios y purificadoras que dependían de esos pozos. Hubo compras de pánico y se acabó el agua embotellada. De acuerdo con el experto, incluso hospitales públicos podrían recurrir a las redes irregulares.
El urbanista recuerda que en la crisis hídrica de Monterrey se descubrió que políticos locales tenían presas privadas. “Llegaba menos agua a la ciudad porque se la estaban quedando.” En el Estado de México, la red ilegal tiene ramificaciones políticas. “Hay clientelismo. Algunos líderes de organizaciones sociales usan el acceso al agua como herramienta de control: reparten pipas a cambio de votos o favores”, denuncia Perló.
El especialista propone soluciones integrales: “Si hoy el 30% del agua se distribuye por vías irregulares, el objetivo debe ser reducirlo al 20%, atacando a los actores más nocivos y limpiando la corrupción en los organismos de agua”. Para eso, dice, se necesita coordinación entre los tres niveles de gobierno, un censo nacional de pipas y tomas clandestinas, y un plan de regularización que permita distinguir entre trabajadores informales y grupos criminales. También señala la importancia de la denuncia ciudadana. “Aunque sea difícil, la gente debe poder reportar el robo de agua sin miedo, pero antes hay que garantizarle una alternativa. Nadie va a denunciar si el agua que tiene depende de ese sistema ilegal.”
Para Perló, la manifestación de este lunes evidenció la fuerza de organización y lo entrelazado que está el gremio de los distribuidores: “La protesta de los piperos fue impresionante, paralizaron todo un día. Están organizados, tienen poder”. Y concluye poniendo en la balanza la problemática: “Combatir el huachicol del agua es tan complejo como el del combustible”.
Tomado de https://feeds.elpais.com/
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