Tiempo de lectura: 4 minutos
Portada: Chelo
(28 DE AGOSTO, 2025).-La historia de la mina Calica, rebautizada en 2020 como Sac-Tun, resume la tensión entre intereses empresariales transnacionales, devastación ambiental y resistencia social en los territorios explotados.
El proyecto inició a finales de los años ochenta, cuando GRUPO ICA, en sociedad con la empresa estadounidense, Vulcan Materials Company, recibió del gobierno de México un permiso para explotar más de mil hectáreas de roca calcárea durante 20 años en el municipio de Progreso en el Estado de Quintana Roo.
El consorció empresarial, también construyó una terminal marítima totalmente privada en Punta Venado, donde cargaba el material calcáreo para exportarlo hacia Estados Unidos y utilizarlo como materia prima en la industria de la construcción en aquel país.
Desde los inicios de su operación, habitantes y ambientalistas, denunciaron que la mina operaba sin haber realizado ningún tramite de Manifestación de Impacto Ambiental. Asimismo, señalaron que los trabajos de dragado ponían en riesgo cavernas con pinturas rupestres y zonas arqueológicas que, tras la intervención del INA y de la entonces SEDESOL, hoy Secretaría del Bienestar, lograron frenar la destrucción de algunos de los sitios.
En 1996, el consorcio adquirió dos predios adicionales – El Corchalito y La Adelita – con el objetivo de expandir sus operaciones. Cinco años después, en 2001, Vulcan Materials compró la parte de GRUPO ICA y se convirtió en único propietario de Calica y del puerto Punta Venado.
Con el paso de los años, Calica se transformó en la principal fuente de extracción de Vulcan, exportando en 2019 más de 14 millones de toneladas de roca caliza hacia la industria estadounidense, consolidándose como el principal líder del sector.
Ya con esta posición, la minera se vio en vuelta en polémicas políticas dentro de Estados Unidos cuando Elaine Chao, secretaria de Transporte durante el primer mandato de Donald Trump, habiendo siendo parte del consejo directivo de Vulcan Material, entre 2016 y 2017 mantuvo acciones valuadas en 300 mil dólares pese a ya estar en funciones dentro del gobierno estadounidense, lo que significó como un evidente conflicto de interés.
Incluso, días posteriores en las que Donald Trump, resultó como ganador de las elecciones en Estados Unidos, las acciones de la empresa subieron a cifras máximas de los últimos 10 años.
De manera paradójica, además de los impactos ambientales en México, Vulcan Materials participó en la construcción del muro fronterizo impulsado por el gobierno de Trump, lo que desató protestas en Playa del Carmen.
Luego en 2018, la Profepa clausuró las actividades mineras en El Corchalito y La Adelita tras constatar que la empresa había rebasado la superficie autorizada, ocasionando daños a los terrenos que forman parte de la Unidad de Gestión Ambiental 5 del Programa de Ordenamiento Ambiental, el cual prohíbe las actividades mineras, industriales y turísticas.
Un año después, tras la renegociación del T-MEC, Vulcan interpuso una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), reclamando 500 millones de dólares al Estado mexicano por las pérdidas derivadas de la clausura de El Corchalito y La Adelita; cuyo litigió continúa abierto.
Durante los últimos meses de la administración del expresidente, Andrés Manuel López Obrador, en septiembre de 2024, se decreto como Área Natural Protegida (ANP) más de 53 mil hectáreas al sur de Cancún y Playa del Carmen, incluyendo los terrenos de la mina y del puerto privado construido por la empresa. Con ello quedó prohibida toda actividad extractiva de piedra caliza, la cual, de todas maneras, ya había terminado su permiso de 20 años.
Ante esto, la empresa minera calificó esta medida como una “expropiación ilegal” y advirtió que esto afectaría la relación comercial entre México y Estados Unidos. Incluso en Washington, legisladores demandaron la aplicación de sanciones contra México y una mayor presión política contra el gobierno mexicano.
Ya en la nueva administración, la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó que la minera no podrá reanudar operaciones. Sin embargo, abrió la posibilidad de una salida negociada: un proyecto turístico de bajo impacto, que podría ser desarrollado por la empresa en la zona, siempre y cuando se garantice la preservación ecológica y Vulcan retire su demanda internacional.
Tras más de tres décadas de explotación, el caso Calica refleja la externalización de costos ambientales donde los beneficios económicos se centran en Estados Unidos, mientras que los daños ecológicos, sociales y culturales recaen en distintos casos en países del sur global, en este caso en particular en México.
CONOCE MÁS:
#Sonora #Expresion-Sonora.com
Tomado de https://elchamuco.com.mx/
Más historias
Licencia menstrual: un derecho con obstáculos
“No habrá un Estado palestino” || Netanyahu intensifica extermino colonial en territorios palestinos
Lo impensable. Netanyahu acusa a Sánchez de genocidio