Tiempo de lectura: 2 minutos
Portada: Redes
(24 DE OCTUBRE, 2025).-Ante las masivas manifestaciones en Perú para la igualdad social, la libertad política y contra la corrupción de Estado y la creciente inseguridad, el gobierno de reemplazo implementó un régimen aún más autoritario que el de su precedente, Dina Boluarte. Acusada de corrupción en el Rolex Gate, la exmandataria enfrenta acusaciones de homicidios por la muerte de 50 ciudadanos en el marco de las manifestaciones que tuvieron lugar entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
El primer ministro de Perú, Ernesto Álvarez, decretó a principios de semana un estado de emergencia en Lima y la provincia del Callao, una de las ciudades más pobladas del país después de la capital, por 30 días. Esta medida suspende derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión, otorgando también que las Fuerzas Armadas den apoyo a la Policía Nacional. En las cárceles provoca paralelamente “un apagón eléctrico en las celdas, permitiendo únicamente la iluminación”.
Aunque la población civil demanda la disolución del Congreso (cuyo presidente, el mismo José Jeri, nombrado por Dina Boluarte, es acusado de violación y tráfico de influencias) desde hace varias semanas, el señor Alvarez pidió este miércoles poderes legislativos por 90 días al Congreso para acelerar la lucha contra el “flagelo de la inseguridad y el crimen organizado”.
El mandatario de reemplazo justificó la militarización del país alegando que “el mandato político y moral de este Gobierno es recuperar en este corto tiempo la autoridad del Estado, restablecer el orden en las calles y garantizar que la ley vuelva a ser la expresión de la justicia y no del miedo”.
De acuerdo al Sistema de Información de Defunciones (Sinadef), Perú enfrentaría efectivamente una gran ola de violencia. En el trimestre de julio a septiembre, por ejemplo, afirmó que hubo 575 homicidios en Perú, la cifra más alta de 2025, después de alcanzar un pico de 580 homicidios en el último trimestre del 2024. Se dice también que 180 conductores y cobradores han sido asesinados por no pagar cupos a las mafias locales a lo largo de este 2025.
Sin embargo, el despliegue militar de José Jerí no tranquilizó a la población. Según un estudio del INEI, el 83.3% de peruanos desconfía de la Policía Nacional del Perú (PNP), una cifra alcanzada por primera vez en 10 años. El deterioro de su imagen se agravó tras el asesinato de personalidades públicas como el rapero Eduardo Ruiz a manos de un policía. En realidad, hasta agosto, casi 1.000 policías han sido detenidos por diversos delitos: 191 por “actos delictivos contra la administración pública” y 181 por crímenes que atentan contra la vida, el cuerpo y la salud, entre otros. Aun el exdirector de la PNP, Eduardo Pérez Rocha, reconoció que había “delincuentes uniformados” entre los policías.
El creciente autorismo del mandatario interino José Jerí parece responder a una estrategia de manipulación del tema de la inseguridad. Justifica así el despliegue del ejército para luchar contra esa violencia que atraviesa el país andino, para reprimir las protestas ciudadanas con la misma violencia que parece ejercer las mafias.
CONOCE MÁS:
El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte por “incapacidad moral”
#Sonora #Expresion-Sonora.com
Tomado de https://elchamuco.com.mx/
Más historias
Trump anuncia operaciones terrestres contra cárteles en América Latina y eleva tensiones diplomáticas (+video)
Francesca Albanese acusa: “Los países que apoyan a Israel son responsables del genocidio en Gaza”
De la protesta al desafío: por qué el movimiento No Kings Day debe pasar a la desobediencia civil